La presencia del cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, en tomas de posesión presidenciales como las de Costa Rica y Chile, así como su participación en foros internacionales de las Naciones Unidas y recientemente en la XXX Cumbre Iberoamericana resulta “doloroso” para las víctimas de la represión, según Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Jaentschke, quien se encuentra en la lista de los 26 operadores del régimen “claves” en las violaciones transnacionales de derechos humanos, representó al régimen en XXX Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en Madrid, España, el 4 y 5 de noviembre. Ahí pidió la eliminación de sanciones y cooperación “sin imposiciones”. Su sola presencia incomoda a las víctimas.
“Que el Gobierno de Nicaragua elija a esa persona (Valdrack Jaentschke) para representarlo en foros internacionales constituye una provocación. Para las víctimas, muchas de ellas exiliadas precisamente en países de la región, verlo en esos escenarios es doloroso”, dice Brody.
La participación de Jaentschke en la represión transnacional
En un informe del GHREN publicado el 10 de marzo, revelan que Jaentschke “participó como responsable de la toma de decisiones en la coordinación de la red de vigilancia e inteligencia” de la represión transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Entre 2021 y 2023, cuando el ahora cocanciller fungía como asesor presidencial en política y asuntos internacionales y ministro consejero/embajador en Guatemala, Honduras y Costa Rica, “coordinó la recopilación de información de inteligencia en tres embajadas, lo que incluyó el seguimiento de la diáspora nicaragüense y sus actividades. Organizó y coordinó redes de informantes”, según el documento.
Esa represión transnacional ha provocado al menos cinco atentados en Costa Rica y uno en Honduras. Entre estos está el del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, asesinado a tiros por sicarios en la puerta de su residencia en Moravia, San José, Costa Rica, el 19 de junio de 2025.
Régimen invoca soberanía mientras viola derechos humanos
Sobre las peticiones de Jaentschke de eliminación de sanciones y cooperación “sin imposiciones”, Brody responde que “ningún Estado puede invocar la soberanía para eludir su obligación de respetar los derechos humanos de su población, incluidas las personas a las que ha forzado al exilio”.
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Para el experto del GHREN, antes de estas peticiones, lo que el régimen debe hacer es poner fin a las violaciones de derechos humanos, liberar a las personas detenidas arbitrariamente, esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, restablecer el espacio cívico, restituir la nacionalidad a quienes se la quitaron y poner fin a la persecución dentro y fuera del país.
Brody alienta a las víctimas diciendo que los hechos cometidos por el régimen “están documentados y que no serán olvidados”. La brutal represión de la dictadura desencadenada desde abril de 2018 ha dejado un saldo de más de 300 muertos, según datos de la OEA. Además, centenares resultaron heridos y encarcelados. Miles se vieron obligados al exilio.
El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional, y mantiene en la actualidad al menos 72 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De estos, 33 están en condición de desaparición forzada, según el último reporte del 23 de octubre.
