Esta semana se ha producido un hecho inédito en la historia política de la España contemporánea con la dimisión del ministro de Fomento y Movilidad Urbana, Oscar Puente, debido a los dos accidentes de tren de alta velocidad en la ruta Madrid Andalucía, producidos el primero a principios de este año en Adamauz, provincia de Córdoba, dejando un saldo de 46 muertes, y el reciente habido en Urda, provincia de Toledo dejando un saldo de 69 muertes.
Por el primer accidente, hace nueve meses, el ministro Puente no dimitió, eludiendo sus responsabilidades políticas y posiblemente penales, apoyado por Pedro Sánchez y la cúpula de su gobierno. En esta segunda ocasión la oposición y los ciudadanos hartos de estos accidentes lo han puesto en la picota, e incluso los partidos aliados al PSOE como Sumar, Podemos y Frente Amplio (su nuevo socio para estas elecciones generales que se verificaran el 29 de noviembre), que han presionado fuertemente pidiendo la dimisión del ministro por su responsabilidad, como la cúpula del ministerio bajo cuyo sector se encuentra la dirección de Adif, la empresa que gestiona directamente el funcionamiento de los trenes y el mantenimiento de las vías.
Pero, parece que la dimisión producida en una sesión de la diputación permanente del Parlamento, que es el órgano que asume sus funciones una vez convocada las elecciones a las que nos hemos referido y vela por la continuidad institucional; el ministro Puente, después de una comparecencia ante dicho órgano y de una larga supuesta explicación de los hechos que duró cuatro horas, al final de la misma presentó su dimisión en aras su dignidad personal y política y al hecho de no perjudicar a su partido en las próximas elecciones.
Parece ser que dicha dimisión estaba envuelta en plan estratégico, para no perjudicar al PSOE, cara a las elecciones, ya de por sí bastante perjudicado por la corrupción, la malversación de bienes públicos, blanqueo de capitales y otros delitos, en los que incluso la esposa del presidente, Begoña Gómez, se sentará ante un tribunal de jurados en fechas próxima por presuntos delitos entre los que destaca malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y un hermano suyo (de Sánchez) ya ha sido condenado por un tribunal por prevaricación administrativa, ya que se le adjudicó un puesto en la administración saltándose las normas que regulan la entrada a los puestos públicos.
Además, por la corrupción rampante que ha rodeado a Sánchez desde el comienzo de su mandato hace ocho años, cometida por sus más cercanos colaboradores como por el ejemplo el caso de José Luis Ábalos su más cercano colaborador y amigo y, su anterior ministro de Fomento y que ha sido condenado a pena de 24 años de prisión por fraude en la venta de mascarillas en la época del covid llevándose comisiones importantes, junto con su fiel colaborador Koldo García; pero esta larga lista de enjuiciados y condenados, también por ser sus segundos al mando de la cúpula del PSOE como secretario de Organización, y que también se añade a la lista el reemplazo del Abalos en el cargo de secretario de organización Santos Cerdán, que también está camino al banquillo por corrupción y otros asuntos turbios.
Muchos creen que Sánchez le pidió a Puente que no dimitiera antes de pronunciar su decisión, ya que sabe que este tema está muy arraigado en el sentimiento del pueblo y ello causaría el trastorno más grave en contra del partido en la recta final de las elecciones. Sánchez le quiere sacar partido a la dimisión dándole la vuelta al calcetín, y presentando la dimisión como un acto de dignidad política del dimitido ministro, diciendo que no todos los políticos son iguales haciendo referencia a hechos que afectan sobre todo al Partido Popular de épocas pasadas y actuales entre las que menciona la dana de Valencia, que produjo cientos de muertos, pero comparar una cosa con la otra es confundir el cebo con la manteca.
A estas alturas de una campaña electoral en la que quedan 22 días para la elección convocada por el propio Sánchez haciendo uso de sus facultades constitucionales, nos da la impresión que sus cálculos electorales están por los cerros de Úbeda, ya que todas la encuestas dan por ganador al PP que obtendría entre 135-140 escaños y que si se junta con Vox al que califican de ultraderecha, que según los pronósticos hasta hoy sacaría entre 63 y 69 escaños, lo que le da una holgada mayoría entre 96 y 105 diputados, mientras el PSOE retrocede con respecto a las elecciones de 2023 quedándose en una franja de 97 y 103 asientos, y que aun sumando los de su posibles aliados de la izquierda no llegarían a los 175 escaños del Parlamento que lo reelegiría en el cargo.
Con todos estos acontecimientos y datos que están circulando entre las empresas encuestadoras más importantes y en las redes sociales, por mucho que el PSOE reactive sus bases, lo tiene crudo para seguir en la Moncloa, sede del Gobierno. Ojalá estos augurios se cumplan para no seguir en las cloacas nauseabundas que exhala el partido gobernante hasta ahora.
El autor es comentarista internacional.
