Las ex presas políticas Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila —nicaragüenses nacionalizadas españolas— presentaron este jueves una querella ante la Audiencia Nacional de España contra el cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, una de las figuras represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la acusación lo señalan por delitos de coacciones, amenazas y delitos patrimoniales ejecutados como terrorismo de Estado. Jaentschke se encuentra en la lista de los 26 operadores del régimen “claves” en las violaciones transnacionales de derechos humanos, señalados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y se encuentra en territorio español participando en la XXX Cumbre Iberoamericana.
Según la página web del Poder Judicial de España, la Audiencia Nacional tiene competencia de investigar los delitos de terrorismo en la jurisdicción de lo penal.
«Lo estamos acusando de cometer delitos de terrorismo de Estado contra los nicaragüenses en general, y contra las víctimas del terrorismo que hemos sido miles. Valdrack anda representando a los Ortega Murillo en la Cumbre Iberoamericana y queremos que la Audiencia Nacional, que los jueces españoles, puedan actuar en su contra. Ahora que todavía está en territorio español. Que ellos sepan, que él, los otros delegados de los Ortega Murillo que salen fuera del país, que no van a tener paz en ninguna parte donde vayan«, afirmó Téllez en un breve video divulgado en redes sociales.
Téllez es historiadora. La excomandante participó en la lucha contra la dictadura de Somoza y en el primer régimen sandinista. Es opositora de Ortega desde hace décadas, en las que ha denunciado el abuso de poder de los Ortega Murillo. Fue encarcelada en 2021, al igual que Dávila y Vijil, en una ola represiva que ocurrió meses antes de las votaciones presidenciales de ese año que fueron desconocidas por la comunidad internacional al carecer de garantías democráticas.
Las tres fueron desterradas por la dictadura de Ortega a Estados Unidos en febrero de 2023 y fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad. Lo mismo pasó con otros 219 reos de conciencia, víctimas del sistema judicial de la dictadura.
Representación en manos de prestigioso bufete
Según un comunicado de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), organización política de la que las ex presas políticas forman parte, la querella está siendo asistida profesionalmente por el Centro Guernica 37, despacho de abogados y abogadas especializados en la promoción de justicia frente a crímenes y violaciones a los derechos humanos. “Las cabezas de la dictadura y su círculo de represores tienen que saber que enfrentarán la justicia por los crímenes cometidos”, advirtió la organización política en un comunicado.
El Centro Guernica es un bufete especializado en derechos humanos que dirige la abogada Almudena Bernabeu. Este mismo despacho representa a Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, opositor asesinado en Costa Rica el 19 de junio de 2025.
El cinismo de Jaentschke en la Cumbre Iberoamericana
El cocanciller de Nicaragua intentó este jueves dar un discurso de dignidad en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. Pidió la eliminación de sanciones y cooperación “sin imposiciones”, el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, en la misma línea del discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Apeló a la “paz” y la “no injerencia”.
Sus declaraciones contrastan con los hechos documentados desde 2018 por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas que relatan la comisión de delitos de lesa humanidad en territorio nicaragüense y también en países donde los opositores han buscado refugio. Las sanciones han sido impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Canadá a funcionarios individuales, encabezados por Murillo, aunque en algunos casos específicos han golpeado también a empresas vinculadas a los intereses de la familia presidencial y a instituciones vinculadas con la represión contra la ciudadanía.
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Sin embargo, Jaentschke sigue públicamente haciendo caso omiso a todas estas acusaciones, siguiendo el relato falso del régimen que plantea que fueron objeto de un intento de golpe de Estado en 2018 y que ellos se defienden de la injerencia externa cuando reciben críticas de la comunidad internacional.
“Continuamos demandando la eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) que atentan contra el desarrollo de los pueblos”, afirmó sin inmutarse el cocanciller durante su intervención en la Cumbre.
Las declaraciones del cocanciller del régimen se dan a casi un mes de que el Consejo de la Unión Europea prorrogara hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra 21 personas incluyendo a la codictadora Murillo, a sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, así como altos mandos policiales, judiciales y electorales. Las restricciones también incluyen a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el regulador de telecomunicaciones Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Este castigo está vigente desde 2019 y los responsabiliza precisamente por el tema de la represión.
“Nicaragua reconoce en la cooperación internacional un instrumento de solidaridad que sirve para mejorar nuestros esfuerzos nacionales y avanzar hacia un desarrollo más justo, equitativo e inclusivo. Debe basarse en el respeto mutuo, la complementariedad y el derecho que tiene cada pueblo a decidir sus propios modelos políticos y de desarrollo, definir sus propias prioridades y aspiraciones conforme a sus propias realidades sin imposiciones extranjeras”, añadió Jaentschke.
RSF rechaza la presencia de Jaentschke
La presencia de Jaentschke en la Cumbre despertó la crítica en distintos sectores nicaragüenses, pero también de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF), ONG fundada en Francia que defiende y promueve la libertad, el pluralismo y la independencia del periodismo en todo el mundo.
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En una publicación el miércoles 4 de noviembre, RSF denunció “la contradicción que supone recibir en España a representantes de países donde se persigue a la prensa mientras se desatiende a sus víctimas”.
“Nicaragua se ha convertido en un auténtico desierto informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha clausurado 61 medios de comunicación, forzado al exilio a más de 300 profesionales y despojado de su nacionalidad a 22 periodistas”, precisó la organización.
El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional y mantiene en la actualidad al menos 72 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De estos, 33 están en condición de desaparición forzada, según el último reporte del 23 de octubre.
En abril de 2018, la dictadura reprimió con brutalidad las protestas antigubernamentales. Tan solo entre ese año y el 31 de julio de 2019, se registraron más de 355 muertes, según datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Centenares resultaron heridos y miles se vieron obligados a exiliarse, entre ellos periodistas.
