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Desde 2018 la policía tiene presencia permanente en las rotondas de Managua. LAPRENS/Archivo

La carga de la represión en el Presupuesto de Nicaragua

Cuatro entidades públicas vienen siendo beneficiadas con incrementos presupuestarios y están ligadas directamente a sostener la represión en el país

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Las entidades públicas con las que el régimen de Daniel Ortega persigue, reprime, investiga y juzga a los opositores se ven beneficiadas en el Presupuesto General de la República desde 2018, según la valoración de críticos y analistas; sin embargo, un análisis más detallado también indica que estos órganos vienen siendo beneficiados desde 2007, particularmente la Policía.

Para reprimir las protestas civiles de 2018, el régimen orteguista fortaleció a la Policía con nuevos reclutamientos, armamento y ampliación de flota vehicular que le permitió, entre otras cosas, armar un entramado de asedio domiciliar a nivel nacional que se ha mantenido hasta el día de hoy, lo que según los críticos se traduce en costos de movilización, alimentación, gasto de gasolina y más personal para cubrir todo el territorio nacional.

Por otra parte, también ha reforzado a la Fiscalía y al Poder Judicial, donde están los procesos de juzgamientos políticos en el sistema judicial y el papel de la Fiscalía realizando entrevistas a opositores, economistas, empresarios, dueños de medios de comunicación, periodistas y críticos, entre otros.

Además, antes de las votaciones de este año, el régimen orteguista aprobó leyes que criminalizan la libertad de expresión, la libertad de organización y pusieron límites a la participación de los opositores en los comicios.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), conocida como «Ley Putin» por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin, tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación; la Ley Especial de Ciberdelitos, denominada «Ley Mordaza», criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales; y Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que inhibe a opositores de ser candidatos en las elecciones de Nicaragua.

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El economista y sociólogo en el exilio, Oscar René Vargas, valoró que los presupuestos de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua se han incrementando después de 2018, independientemente si la economía tiene un comportamiento positivo o negativo.

El sociólogo comparó los presupuestos conjuntos de la Policía y el Ejército desde 2018 hasta el presupuesto proyectado para 2022, sacando el porcentaje por cada año de acuerdo al presupuesto total del país. Esta valoración parte de que el presupuesto de 2018 fue aprobado sin que aún ocurrieran las protestas civiles.

2018 = 6,259.2 millones de córdobas, equivalente a 7.75%

2019 = 6,228.9 millones de córdobas, equivalente a 9.07%

2020 = 6,522.0 millones de córdobas, equivalente a 8.23%

2021 = 6,994.4 millones de córdobas, equivalente a 8.67%

2022 = 7,094.9 millones de córdobas, equivalente a 7.75%

Vargas señaló que entre 2018 a 2020 (tres años) la economía se contrajo en un 10 por ciento acumulado, «sin embargo, el presupuesto de la Policía más Defensa no dejo de crecer en esos años».

También observó particularmente que la proyección del presupuesto de la Policía y el Ministerio de Defensa en 2022, es similar, proporcionalmente, al presupuesto de 2018.

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Para el sociólogo esto significa que «Ortega tiene la idea que ya resolvió el tema de la rebelión de abril».

«El liderazgo opositor está encarcelado, escondido, exiliado o muerto. Lo que lo lleva a mantener un presupuesto similar al 2018», manifestó Vargas.

Una fuente que prefiere mantenerse anónima, que también ha estudiado el presupuesto general de la república los últimos años, confirmó los cálculos de Vargas.

Sesgún esta fuente, las carteras de la Policía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ejército han mantenido un incremento sostenido en sus partidas presupuestarias tras los eventos de 2018.

«En el 2018, si usted revisa, se va a dar cuenta que al Ejército y a la Policía le hicieron un incremento, igual en el 2019, en el 2020 y este año también, porque son órganos que han estado utilizando personal, para cubrir a personas específicas, día y noche», dijo la fuente.

Incremento para CSJ, Policía y Ejército en 2022

El proyecto de Presupuesto General de la República 2022, presentado en la Asamblea Nacional el pasado 11 de noviembre, indica que los egresos para el próximo año ascienden a 91,802.2 millones de córdobas, con un incremento de 10,273.4 millones de córdobas, que significan 12.6 por ciento de aumento respecto al presupuesto aprobado inicial en 2021.

La propuesta de presupuesto confirma que este incremento del gasto total es producto de mayores recursos asignados a 18 instituciones, entre las que aparecen favorecidas: la CSJ con un incremento de 430.1 millones de córdobas; el Ejército de Nicaragua con un incremento de 335.1 millones de córdobas; la Policía Nacional con un incremento de 287.6 millones de córdobas.

La fuente manifestó que por lógica debe aumentar el presupuesto para una institución como la Policía, dedicada a perseguir a los opositores, mantenerse frente a sus casas o perseguirlos a todas partes.

«Han tenido que incrementar los presupuestos, porque tienen que meter más personas a trabajar, tienen que dedicar más vehículos, más agentes, más combustibles alimentación y esto lo están haciendo a nivel nacional, todas estas personas que han aumentado en su personal son para usarlas en la represión», dijo la fuente.

Aumento de nuevos policías

De 2018 a la proyección que se hace a 2022, la cantidad de nuevos policías capacitados se ha multiplicado. El presupuesto de 2018 reflejó 2,064 funcionarios policiales capacitados y 415 nuevos policías capacitados, mientras que el proyecto de presupuesto 2022 tiene una meta de 2,497 funcionarios policiales capacitados y 2,400 nuevos policías capacitados para el próximo año.

No obstante, el sociólogo Vargas y otros analistas coinciden en que desde que Ortega regresó al poder ha tenido privilegios con la institución policial y con el Ejército.

«Hay que tener en cuenta que el presupuesto de Defensa más Policía había tenido un incremento importante entre el 2007 y el 2017», aseveró Vargas.

Un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) en 2019, con datos del Presupuesto General de la República, valoró en ese momento que la Policía había crecido «exponencialmente sobre todo con la llegada al poder del FSLN”.

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Según el estudio del Ieepp, cuando Ortega regresó al poder en 2007, la Policía recibía un presupuesto de 877.53 millones de córdobas, mientras que en 2019 que se realizó el análisis, la Policía recibía más de 3 mil millones de córdobas, lo que para el Ieepp significaba «un aumento del 308.72 por ciento en el presupuesto anual de la Policía» en doce años de Gobierno de Daniel Ortega.

Actualmente, la Policía proyecta un presupuesto para 2022 de más de 4 mil millones de córdobas.

La socióloga y experta en seguridad pública, Elvira Cuadra, manifestó que desde 2007 Ortega comenzó a organizar un sistema de aparatos de represión y de control, que tienen como eje fundamental a la Policía y los grupos de choque que existen desde el 2008 y luego una red de organizaciones que se encargan de hacer la vigilancia a nivel territorial, para lo que es necesario más presupuesto o más ingresos.

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Cuadra señaló que los privilegios del régimen quedaron más en evidencia en 2014, con la reforma a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 228), la que se concretó cuando el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega, ya tenía la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con 69 votos, de un total 91 diputados.

La reforma a la Ley 228 declaró al Presidente de la República de Nicaragua como Jefe Supremo de la Policía, lo que para los críticos significó el sometimiento de esta institución directamente a Ortega. También amplió el campo de inversión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (Issdhu).

«De hecho desde 2014 todo lo que se aprobó en la Ley de Policía de ese año, en relación al Issdhu, está orientado a facilitar la participación de la Policía en negocios y empresas de la misma manera que funciona el Ejército, por ejemplo», manifestó la socióloga.

Sin embargo, Cuadra dijo que con la sanción impuesta por Estados Unidos a la Policía en marzo de 2020, es más complejo darle seguimiento a los verdaderos ingresos de la Policía.

«El presupuesto de la Policía se financia a través de otras instituciones públicas, por motivo de las sanciones y para asegurar la lealtad de esta institución, se les permite que haga negocios. Es el Ministerio de Hacienda el que se ha hecho cargo de las cuentas y de las operaciones de la Policía, hay otras que se manejan a través de otras instituciones públicas, porque la Policía como tal no puede hacer transacciones y operaciones en los bancos por las sanciones», expresó Cuadra», agregó la socióloga.

Un dato adicional, pero que puede explicar la importancia y cercanía de la Policía y Ortega, es que el actual jefe de esa institución, Francisco Díaz, es consuegro de Ortega, porque un hijo de él está casado con una hija de Díaz. Díaz fue nombrado en julio de 2018, en medio de las protestas de ese año, tras la renuncia de su predecesora Aminta Granera.  

Incrementos en el Ministerio Público

Específicamente, en 2021 el Ministerio Público se dedicó a poner tras las rejas e iniciar procesos de investigación por 90 días contra lideres opositores y precandidatos presidenciales, los que a través del sistema judicial e incumpliendo los procedimientos jurídicos, han sido acusados de diferentes delitos.

Tras la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, del paquete de leyes antes mencionadas, que los analistas independientes señalaron iban dirigidos para los opositores, el Ministerio Público, a partir de mayo procedió a entrevistar a casi un centenar de personas por diferentes casos, entre ellos contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social y Económico (Funides) y opositores, más de 30 están encarcelados.

Según los datos presupuestarios, la proyección para 2022 es un incremento de más de 30 millones de córdobas para esta entidad, para ubicarse en 332. 31 millones de córdobas.

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