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Policía Orteguista, Nicaragua, sanciones, Hospital Carlos Roberto Huembes

El comisionado general Francisco Díaz, director de la Policía está sancionado al igual que la institución, por ser el brazo represor del dictador Daniel Ortega. LA PRENSA/ TOMADA DE PRESIDENCIA

Así compró Daniel Ortega la lealtad de la Policía

El presupuesto de la Policía Orteguista ha incrementado 308.72 por ciento, según datos oficiales, siendo esa una institución privilegiada

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Durante el régimen de Daniel Ortega el presupuesto de la Policía Orteguista (PO) ha incrementado 308.72 por ciento, según datos oficiales, siendo esa una institución privilegiada, pues aun en años en que el Gobierno ha enfrentado problemas de recaudación, siempre se le aseguró mayores recursos para operar.

Analistas consultados explicaron que el tema monetario se ha combinado con maniobras políticas a lo interno de la jefatura e impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Policía y la de organización del Estado, con los que Ortega consiguió el sometimiento de una institución que desvirtuó su función hasta hacerla represora.

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Un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), con datos del Presupuesto General de la República, indica que “la evolución del gasto” de la Policía “ha crecido exponencialmente, sobre todo con la llegada al poder del FSLN” en 2007.

Los números oficiales lo confirman. Cuando Ortega asumió el poder en 2007, la Policía recibió un presupuesto de 877.53 millones de córdobas, sin embargo para el 2019 los fondos propuestos son 3,586.71 millones de córdobas. Se trata de un aumento del 308.72 por ciento en el presupuesto anual de la PO en doce años de régimen orteguista.

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Durante los casi siete meses de protesta ciudadana, iniciada en abril de 2018, la PO junto a paramilitares bajo órdenes de Ortega han reprimido las protestas ciudadanas y han dejado un saldo de más de cuatrocientos muertos y cientos de presos políticos, según organismos de derechos humanos que han documentado los crímenes del régimen.

Otros factores

Elvira Cuadra, socióloga y especialista en temas de seguridad pública, dijo que el deterioro de la actuación policial se vino dando poco a poco con el régimen, siendo una de sus primeras manifestaciones el trato hostil que la Policía ha dado a las manifestaciones públicas de la oposición, en contraste con la complacencia que tiene hacia los partidarios orteguistas.

Cuadra recordó que uno de los primeros pasos importantes que hizo Ortega, casi de inmediato de asumir el poder en 2007, fue enviar una reforma a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo en la que se redujo al mínimo las facultades a los ministros de Defensa y Gobernación, para asegurarse la subordinación y el control directo del Ejército y la Policía.

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La figura del presidente, que ocupa Ortega, pasó a ser el “jefe supremo de la Policía Nacional”; cambio que fue ratificado en la reforma posterior a su Ley Orgánica (872) en 2014.

“Un aspecto importante de esa ley es que fortalecieron el papel del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Desarrollo Humano, a cargo de la atención médica y de seguridad social del cuerpo policial y de Gobernación, porque a través de ese instituto se crearon facilidades para que la Policía funcione tal manera para que pueda hacer negocios, desarrolle empresas”, mencionó Cuadra.

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La especialista en temas de seguridad afirmó que de esa manera la PO se expone a “influencias de actores que podrían introducir sesgos sobre sus funciones”. “El tipo de bien social que la Policía le debe de brindar como institución del Estado a la sociedad es un bien puro, es decir que no puede estar sujeto a la influencia de nadie, igual que la administración de justicia, debe ser de igualdad para todo el mundo”, aseveró Cuadra.

La reelección de Granera

La reelección de la primera comisionada Aminta Granera como jefa de la Policía, en 2011, fue otro golpe a la institucionalidad. Entonces, el dictador violó las leyes al prorrogar a la entonces primera comisionada por cinco años más, que es el período establecido por ley.

Granera asumió el mando de la Policía en 2006 y debió concluir en 2011, pero aceptó la prolongación de su mandato cinco años a través de un decreto presidencial, que violó la Ley de la Policía. “Fue hasta en la reforma a la Ley 872 que se introdujo que el presidente puede decidir la permanencia de los altos mandos policiales”, recordó Cuadra.

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La socióloga Cuadra explicó que así se profundizó la politización y el sometimiento de la Policía a los intereses del régimen, “debido a que se interrumpió un proceso histórico que la institución había venido construyendo de su rotación de sus directores desde mediados de los años 90. Se crea distorsión en las carreras policiales en todos los cargos ya que no hay garantías de que pueden promocionarse en ascensos conforme la ley, sino por la fidelidad que muestren” a Ortega.

Díaz, el consuegro al mando

Un tercer elemento que para la especialista Elvira Cuadra contribuye a que la Policía se transforme en un órgano leal y que cumple los intereses del régimen es el hecho que el consuegro de la pareja presidencial, primer comisionado Francisco Díaz, sea el jefe de la Policía.

El mando de Díaz era evidente desde antes del retiro de Granera. Fue en septiembre de 2018 que Ortega ascendió a su consuegro Francisco Díaz a primer comisionado de la Policía, lo que sectores sociales consideraron un premio a la lealtad mostrada durante la represión contra las protestas cívicas.

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Díaz es uno de los cinco funcionarios del régimen orteguista sancionados por EE. UU. por la violación de los derechos humanos y corrupción bajo la Ley Magnitsky, lo que a Ortega no le importó.

“Ahí lo que está es la influencia de los vínculos familiares”, dijo.

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