El 10 de enero del 2010, el actual comisionado general Francisco Díaz pasó a formar parte del círculo más íntimo de la familia presidencial. Ese día, en la parroquia San Agustín, su hija Blanca Díaz Flores contraía nupcias con Maurice Ortega Murillo, lo que lo convertía formalmente en consuegro del presidente designado Daniel Ortega.
A partir de esa fecha a Díaz se le abrían las puertas de su ascenso a los más altos niveles de la institución policial. Pero no solo sería un eventual ascenso de rango, sino también de poder a lo interno de la institución. Mientras Ortega gradualmente destruía la imagen de la primera comisionada Aminta Granera —con su propia complicidad porque se quedó en el cargo en 2011, cuando le correspondía pasar a retiro— Francisco Díaz pasaría a convertirse en el jefe de facto de la Policía Nacional y el ejecutor de las órdenes emitidas desde El Carmen.
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Díaz fue uno de los tres oficiales ascendidos por Ortega el 5 de septiembre del 2008, ampliando de esa forma la jerarquía de mando de la Policía, al pasar de cuatro comisionados generales a siete, quedando de esta forma habilitado para suceder a Granera como jefe de la Policía, cuando esta eventualmente pasara a retiro. Luego, esta estructura pasó a ser de 12 comisionados generales, a través de otra reforma promovida por Ortega.
A lo interno de la Policía, Díaz pasó a convertirse en la figura partidaria de la institución. Asumió el cargo de secretario político del Frente Sandinista en la Policía, cargo que antes tenía el comisionado general Róger Ramírez, quien posteriormente fue enviado en comisión de servicio al Ministerio de Gobernación.
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El ascenso de Díaz también fue paralelo a dos hechos que cambiaron a la Policía en los tiempos de Ortega. En primer lugar, la degradación de la Policía en un órgano represor y violador de los derechos humanos.
Luego, el relego de Granera a un rol protocolario en la Policía Nacional.
El rol de adorno de Granera ha sido visto por expertos en temas de seguridad como una decisión del poder ejecutivo de “retirarla informalmente” y darle más relevancia a Díaz en la Policía. Luego de la masacre perpetrada por la Policía Nacional en contra de una familia en la comarca Las Jagüitas, en julio del 2015, cuya responsabilidad fue sorteada directamente por Granera, quien incluso asistió al sitio donde ocurrió la tragedia, ha sido a Francisco Díaz a quien le ha tocado brindar los reportes policiales sobre los desmanes cometidos por la institución. Reportes que han sido cuestionados y deplorados por las organizaciones de derechos humanos.
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Entre las más recientes, está la golpiza al campesino Juan Lanzas, lo cual lo dejó tan lastimado que tuvo que amputársele las dos piernas. Díaz aseguró que lo que había pasado es que Lanzas ya presentaba previos males de salud y que la amputación no tuvo que ver con ninguna tortura policial.
También se recuerda su comparecencia en noviembre de 2016, cuando para justificar la muerte y tortura de tres campesinos en Ciudad Antigua durante las elecciones presidenciales, dijo que estos en realidad eran “narcotraficantes que realizaban una transacción de drogas con delincuentes hondureños”. No se refirió a las heridas con cuchillo en el cuello, pies y otras partes del cuerpo que presentaban los cadáveres.
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La masacre de abril del 2018, sin embargo, significó el punto más bajo de la Policía. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 76 muertos por la represión policial en contra de las manifestaciones, 34 de estos sucumbieron por disparos al cuello, cabeza y tórax. El papel de Francisco Díaz en esta matanza ha sido el de justificador de estos actos por medio de comparecencias ante los medios de la familia presidencial, en las que se han dicho falsedades. Todavía está fresca en la memoria popular su comparecencia, siempre ante los medios de comunicación de la familia presidencial, el pasado 22 de abril, para asegurar que las fuerzas antimotines de la Policía Nacional estaban resguardando las instalaciones del centro comercial Multicentro Las Américas, cuando en realidad asediaban a los universitarios resguardados en la Universidad Politécnica (Upoli), con un saldo de un estudiante muerto.
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El mismo patrón ocurrió el 19 de mayo pasado, cuando Díaz reapareció en los medios de prensa de la familia presidencial para asegurar que la Policía no tenía nada que ver con un ataque a los estudiantes refugiados en la Universidad Agraria. Sin embargo, la CIDH corroboró que el asalto policial a la universidad se dio, con un saldo de cuatro estudiantes heridos. Eso ha sido constante. Por cada masacre o asedio de la Policía y las turbas paramilitares en contra de los ciudadanos, Francisco Díaz aparecía en los medios de prensa de la familia presidencial para negar los ataques o responsabilizar a los grupos previamente definidos por el guion de la propaganda oficial. “Grupos delincuenciales o vandálicos”. Esos son los epítetos más usados por el comisionado general Francisco Díaz. Su última aparición pública fue este 31 de mayo, cuando fue parte del grupo de funcionarios de gobierno que leyeron un pronunciamiento oficial en el cual señalan que la masacre en el Día de las Madres fue responsabilidad de “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas”. Un nuevo nombre para el viejo guion que maneja muy bien el comisionado general y consuegro del presidente, Francisco Díaz.