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Imagen referencial. Archivo/LA PRENSA

¿Es posible suspender a Nicaragua del DR-Cafta con EE. UU.? Esta sería la probable ruta llena de obstáculos

También hay fuerte presión en Europa para que Nicaragua sea suspendida del Acuerdo de Asociación (AdA). Cuáles son los escenarios posibles y por qué sería un golpe mayor para la economía del país.

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Tras casi 16 años de entrar en vigencia, la permanencia de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) está en riesgo. En Washington crece la presión para que el presidente Joe Biden reconsidere la estadía de Nicaragua dentro de ese acuerdo comercial, debido a las continuas violaciones de derechos humanos efectuadas por el gobierno de Ortega desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018.

Aunque la posibilidad es remota, especialistas advierten del efecto devastador que dicha medida tendría para la economía de Nicaragua, que si bien no dejaría de vender a ese mercado, con más de 300 millones de consumidores, perdería competitividad y además el país dejaría de ser un atractivo para los inversionistas que buscan asentarse en el país para desde acá entrar al mayor mercado del mundo. El impacto sería grave para zona franca.

El DR-Cafta entró en vigencia durante el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, fue firmado en 2005 y entró en marcha en 2006.  Consiste en un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha permitido a Nicaragua, con profundos problemas de competitividad, ingresar al mayor mercado del mundo, como es Estados Unidos, con sus productos, con aranceles cero o reducción en los mismos, lo que ha permitido un incremento sustancial en los ingresos por exportaciones. Además en Nicaragua ha incrementado el número de empleos, la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y las importaciones de insumos y maquinarias que ayudan a obtener mayor calidad en la producción del país.

Pero el DR-Cafta no es el único tratado comercial del que Nicaragua corre riesgo de ser suspendido. Al otro lado del continente, hay presiones para apartar al país del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), que permite a los exportadores nicaragüenses buscar consumidores de un universo de 500 millones de personas con alto poder de compra.

Si se llegase a realizar la expulsión de Nicaragua, significaría que se perderían las ventajas arancelarias que otorga el pacto con relación a otros países. El país seguiría exportando, pero en malas condiciones.

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El Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), a través de su sitio web, explicó que el AdA “promueve el acceso recíproco de productos y servicios entre Centroamérica y los 27 países que conforman la Unión Europea, también incluye los componentes de diálogo político y de cooperación”.

Ambos tratados han permitido a Nicaragua convertirse en una plataforma exportadora con acceso a mercados privilegiados por sus altos niveles de ingresos, como el mercado estadounidense o el europeo. Pero las actuales tensiones políticas entre Estados Unidos y Nicaragua podrían generar una expulsión del país del DR-Cafta, lo cual ocasionaría pérdidas millonarias al sector productor y exportador.

Especialistas en la materia han mencionado anteriormente a LA PRENSA que si se desea que Nicaragua permanezca dentro del DR-Cafta, dependerá de si hay o no reformas electorales de cara a las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Aunque, el futuro de la economía de Nicaragua no luce prometedor, luego de experimentar por tres años una recesión que ha marcado el desempleo y la pobreza en el país, a esto sumarle que la situación política no ha logrado resolverse.

La posible ruta

Más allá de eso, ¿qué dice el DR-Cafta sobre suspensión de un país en el marco del TLC? ¿Es posible?

Al respecto, cabe mencionar que en el pacto constitutivo del DR-Cafta no se establece la opción de exclusión propiamente, o al menos no lo menciona explícitamente; tampoco existe un mecanismo establecido para llevarlo a cabo. Sin embargo, todo tratado comercial se encuentra registrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo perteneciente a las Naciones Unidas (ONU), que se encarga de velar por el respeto de los derechos humanos a nivel universal.

Siguiendo esta línea, Nicaragua tiene firmados convenios referentes a la protección de derechos humanos. Al no respetar estos convenios, existe la posibilidad de que Estados Unidos u otro país pueda recurrir a la OMC con el propósito de revisar los alcances del tratado y reconsiderar la participación de Nicaragua por las continuas violaciones de derechos humanos que ha efectuado el gobierno de Daniel Ortega, situación que va en contra de los principios del acuerdo comercial.

Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Nicaragua, tanto de exportaciones como de importaciones. Imagen referencial. Archivo/LA PRENSA

Una fuente especializada en el tema, que prefirió el anonimato por temor a represalias, aseguró a LA PRENSA que en situaciones referentes a exclusiones de países de tratados comerciales, primero se le debe notificar a la OMC, puesto que todos los tratados comerciales están registrados en este organismo y se rigen bajo sus normas; y posteriormente, se le notifica al país en cuestión.

«Normalmente se tiene que notificar a la OMC y se tiene que avisar con tiempo al país (sujeto de expulsión); pero para que tenga efecto, pasa un tiempo. Se le notifica al país y se le da un tiempo para que ellos sepan lo que va a pasar. No es ‘hoy te corto y ya no seguimos’”, explicó.

Además, el artículo 22.7 sobre denuncias, contemplado en el acuerdo que da origen al DR-Cafta, indica que «cualquier parte podrá denunciar este Tratado notificando por escrito su denuncia al Depositario. El Depositario informará sin demora a las Partes sobre esta notificación.  La denuncia surtirá efectos seis meses después de que una Parte realice por escrito la notificación a la que se refiere el párrafo 1, a menos que las Partes acuerden otro plazo. Cuando una Parte lo haya denunciado, el Tratado permanecerá en vigor para las otras Partes».

Al respecto, el artículo 22.8 establece claramente que el depositario del DR-Cafta es la  Organización de Estados Americanos (OEA), que es precisamente la organización que actualmente está presionando por el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y donde, según el acuerdo constitutivo del TLC con Estados Unidos, se debe llevar la queja.

En 2019, el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump se encontraba estudiando el tratado para determinar si podrían bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo.

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En el caso específico de Nicaragua, el Gobierno se encontraba preocupado por el avance del país hacia el “autoritarismo”, según informó el medio de comunicación internacional Nuevo Herald.

“Como Estados Unidos ha dejado en claro, no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el DR-Cafta, se conviertan en una puerta trasera para beneficiar a economías que no respetan el mercado y son actores represivos en la región”, aseguró en su momento un funcionario del gobierno de Trump. Estados Unidos estaba analizando, según explicaron en su momento fuentes en Nicaragua, la posibilidad de declarar a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional, un argumento que permitiría a Estados Unidos suspender al país. Al final, se produjo dicha declaratoria, pero no se procedió a excluir al país del TLC.

Impacto de ambos tratados en la economía nacional

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), sostiene que el DR-Cafta es importante para este país porque permite acceder al mercado de Estados Unidos y explica que más del 40 por ciento de las exportaciones nicaragüenses van hacia este destino. “Es nuestro principal socio comercial”, aseguró.

Las exportaciones de Nicaragua desde la entrada en vigencia del DR-Cafta han crecido más de 170 por ciento. En el 2005 el país vendía a EE. UU. un poco más de 1,200 millones de dólares y en más de una década estas han rebasado los 3,200 millones de dólares, lo que muestra el impacto positivo de este acuerdo, especialmente durante la administración de Daniel Ortega, que asumió las riendas del país a partir del 2007.

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Por su parte, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa considera que “todo es posible” y que Nicaragua puede ser excluida de dicho tratado, lo que traería graves consecuencias para el territorio nacional. “El proyecto conocido como Ley Renacer no se refiere al DR-Cafta; sin embargo, no me extrañaría que hayan personas irresponsablemente cabildeando para que se expulse o suspenda del DR-Cafta a Nicaragua, a pesar de que esta acción afectaría a más de 120,000 nicaragüenses que se quedarían sin trabajo si esto ocurriese. Eso sería catastrófico, más que un terremoto o un huracán Mitch”, advirtió.

El excanciller considera que sería devastador para la economía nicaragüense si se excluye a Nicaragua del DR-Cafta, puesto que bajo este TLC se cuenta con un acceso privilegiado al mercado del país norteamericano.

“Si lo perdemos, sería el ‘golpe de gracia’ para nuestras maquiladoras o zonas francas que le dan empleo a más de 100,000 nicaragüenses. Me atrevo a decir que la contracción económica que sufriría nuestro país, nuestro pueblo, si esto pasara sería mucho más grande que la que sufrimos entre 2018 y 2020 combinado”, enfatizó.

El DR-Cafta en Nicaragua ha tenido su principal impacto en el área de zonas francas, especialmente en el sector textil. Archivo/LA PRENSA

Además, Aguirre Sacasa explica que “aunque más adelante nos pudieran readmitir en el DR-Cafta, difícilmente volverían las empresas de zona franca a Nicaragua por temor a que se volviese a repetir otra suspensión o expulsión. Recordemos el sabio refrán: el que se quema con leche hirviendo hasta la cuajada sopla”.

El DR-Cafta en Nicaragua ha tenido su principal impacto en el área de zonas francas, especialmente en el sector textil. Desde que se estableció el tratado en abril de 2006 hasta el primer trimestre del 2021, han entrado al país un total de 93 empresas de zonas francas, las que han generado 43,778 empleos directos.

Al ser consultado sobre las afectaciones que tendría Nicaragua si es excluido del AdA, el excanciller comentó que el impacto sería mucho menor, “sencillamente porque nuestras exportaciones de industria ligadas a Europa son mucho menores, pero esto reforzaría la imagen de que no existe un clima de inversión favorable en nuestro país”.

Sobre este punto, Jacoby dice que en “términos del AdA, es una economía de 500 millones de personas; aunque ahí solo exportamos 300 millones de dólares, la realidad es que es un mercado que hay que seguir abriendo, es un mercado importante. Por ejemplo, lo que nosotros exportamos en su totalidad, Costa Rica básicamente lo exporta a Europa. Eso te da dos cosas, primero la importancia del mercado y, segundo, el potencial que tiene el mercado europeo”.

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El DR-Cafta también ha tenido un impacto positivo en las importaciones para Nicaragua desde Estados Unidos.  En 2020 Nicaragua importó un total de 4,768.3 millones de dólares, de los cuales 1,049.8 millones de dólares corresponden a Estados Unidos, y 1,393 millones a la región centroamericana, que es socia del país en el marco de dicho acuerdo.

Excluir a Nicaragua del DR-Cafta y del AdA implicaría que el país no podría vender libremente su producción y no tendría la oportunidad a abrirse a nuevos mercados, o le tomaría muchos años incorporarse por las largas negociaciones que implican estos tipos de tratados. Además, aumentaría el desempleo y afectaría negativamente la imagen de Nicaragua a nivel internacional, dificultando la atracción de Inversión Extranjera Directa.

Senadores solicitan valorar participación de Nicaragua en el DR-Cafta

Siete senadores estadounidenses solicitaron al presidente Joe Biden considerar la participación de Nicaragua en dicho tratado, si la dictadura Ortega-Murillo continúa atentando contra la democracia y los derechos humanos, luego que se efectuara una cacería contra precandidatos y opositores a su Administración, de cara a los comicios presidenciales previstos a realizarse el 7 de noviembre próximo.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Archivo/LA PRENSA

“Escribimos en apoyo de las acciones inmediatas en respuesta al desmantelamiento sistemático de las instituciones civiles independientes por parte del régimen Ortega-Murillo, que está socavando el Estado de derecho en Nicaragua. Estados Unidos debe actuar con rapidez y decisión para enviar un mensaje claro instando al régimen Ortega-Murillo a dar marcha atrás”, se lee en la misiva emitida el pasado 10 de junio.

Asimismo, aseguran que la concentración de poder del régimen sobre “todas las ramas del Gobierno nicaragüense y la corrupción resultante amenazan el futuro de la democracia en ese país, dañan los intereses de Estados Unidos y erosionan la confianza en la capacidad del Gobierno nicaragüense para cumplir con sus obligaciones internacionales, incluidas las del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta)”.

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Los senadores hicieron especial énfasis e instaron al gobierno de Biden a tomar medidas adicionales en respuesta a la represión ejercida en Nicaragua. “La administración debería considerar la participación continua de Nicaragua en el DR-Cafta si el régimen Ortega-Murillo continúa endureciendo su Gobierno autoritario en un intento de subvertir las elecciones de noviembre, específicamente, y socavar la democracia y los derechos humanos en Nicaragua en general”.

Además, aseguran que el tratado fue concebido como un acuerdo de comercio preferencial «entre las naciones libres de América Central y los Estados Unidos. Los intentos del régimen Ortega-Murillo de aplastar la democracia en Nicaragua son inconsistentes con el espíritu y los principios del DR-Cafta”.

La misiva está firmada por los senadores James E. Rish, Patrick Leahy, John Cornyn, Marco Rubio, Bill Cassidy, Richard J. Durbin y Todd Young.

El gobierno de Joe Biden, si bien no ha expresado explícitamente que procederá contra Nicaragua dentro del pacto comercial, ha advertido que usará todos los mecanismos posibles, incluido el económico, para presionar por un cambio democrático y la liberación de todos los presos políticos. Ortega ha acrecentado esa posibilidad tras los arrestos de opositores y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre de 2021.

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