En respuesta a las últimas acciones represivas del régimen de Daniel Ortega, siete senadores estadounidenses, solicitaron al presidente Joe Biden mediante una carta, considerar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos (DR-CAFTA), si la dictadura Ortega-Murillo continúa atentando contra la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
“Escribimos sobre acciones inmediatas en respuesta al desmantelamiento sistemático de las instituciones civiles independientes por parte del régimen Ortega-Murillo, que está socavando el estado de derecho en Nicaragua. Estados Unidos debe actuar con rapidez y decisión para emitir un mensaje claro instando al régimen de Ortega-Murillo a revertir el rumbo del país”, expresa la carta remitida este jueves 10 de junio al presidente Biden, como una propuesta bipartidista de demócratas y republicanos.
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En la misiva señalan que la concentración de poder del régimen Ortega-Murillo sobre todos los poderes del Estado de Nicaragua y la corrupción, amenazan el futuro de la democracia en este país, dañan los intereses de los Estados Unidos y erosionan la confianza en la capacidad del gobierno de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo aquellos bajo el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (DR-CAFTA).
Por lo tanto, “urgimos a su administración a tomar medidas adicionales en respuesta a la represión en Nicaragua. Primero, la administración debe considerar la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA si el régimen de Ortega-Murillo continúa aplicando acciones autoritarias que atentan las elecciones específicamente, y socavan la democracia y los derechos humanos en Nicaragua en general”, expresan los congresistas.
Asimismo recuerdan que, el DR-CAFTA se concibió como un acuerdo comercial preferencial entre las naciones libres de América Central y Estados Unidos. Sin embargo, “Los intentos del régimen Ortega-Murillo de aplastar la democracia en Nicaragua son inconsistentes con el espíritu y los principios del DR-CAFTA”.
“En segundo lugar, la administración debe investigar a fondo los activos y las tenencias de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en Estados Unidos y considerar las acciones apropiadas para responsabilizarles por violaciones graves de los derechos humanos”.
Solicitan sanciones a miembros de la Asamblea Nacional
Los senadores, reiteraron que más de tres años después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimieran brutalmente manifestaciones pacíficas, Nicaragua no ha encontrado justicia para las más de 320 personas asesinadas y las casi 800 detenidas arbitrariamente. Desde diciembre de 2020, el régimen Ortega-Murillo ha restringido severamente la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, ha impuesto regulaciones financieras ilegales, ha tomado el control del Consejo Supremo Electoral en violación de la ley nicaragüense y ha comenzado a arrestar y detener a destacados candidatos de la oposición a la presidencia, eliminando cualquier posibilidad de elecciones libres y justas.
Por último, “recomendamos utilizar las herramientas a su disposición en virtud de las Secciones 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) y la Orden Ejecutiva 13851 para responsabilizar a los ciudadanos nicaragüenses, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, cuando exista suficiente participación en actos de corrupción y otros abusos para promover los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo y sus cómplices para socavar la democracia”, demandan los senadores.
“Recomendamos considerar estas acciones como parte de una estrategia coordinada con otros miembros de la comunidad internacional que comparten las preocupaciones de los Estados Unidos, para apoyar los esfuerzos del pueblo nicaragüense para poner fin a la corrupción y restaurar la gobernabilidad democrática en su país, incluso a través de elecciones libres y justas en noviembre de 2021”, finaliza la carta.
La misiva está firmada por los senadores James E. Rish (Republicano/Idaho), Patrick Leahy (Demócrata/Vermont), John Cornyn (Republicano/Texas), Marco Rubio (Republicano/ Florida), Bill Cassidy (Republicano/Luisiana), Richard J. Durbin (Demócrata/Illinois) y Todd Young (Republicano/Indiana).
DR-CAFTA
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y República Dominica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) fue negociado entre enero de 2003 y enero de 2004, y firmado con seis naciones de la región.
El DR-CAFTA tiene como objetivos fundamentales estimular la expansión y diversificación del comercio en la región, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, por lo que la expulsión de Nicaragua del DR-CAFTA sería una catástrofe.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Actualmente la mitad de las exportaciones de Nicaragua tienen como destino a Estados Unidos. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), indican que en 2020, el total de ventas hacia el país norteamericano fue de 1,405.9 millones de dólares frente a un total exportado a nivel mundial de 2,851.9 millones, lo que equivale al 49 por ciento.