El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la extendió “más allá del 27 de noviembre de 2020” la declaración que hizo en 2018 sobre el régimen de Daniel Ortega a quien calificó como “una amenaza para la seguridad nacional”.
La extensión de esta orden orden ejecutiva por parte del presidente Trump se da por considerar que el régimen orteguista “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
La declaración original de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos a la dictadura de Ortega se firmó el 27 de noviembre de 2018, siete meses después de que el régimen respondiera con una violenta represión armada contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril de ese mismo año y que tambalearon a la administración Ortega-Murillo en Nicaragua.
Además de la represión desatada en 2018, otro argumento de la admnistración Trump para extender esta categoría al régimen orteguista se basa en la corrupción de la administración de Ortega “que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua”, que tiene años de recesión.
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Por otra parte, el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de Ortega en Nicaragua desde 2018, fue otro factor para que el mandatario estadounidense tomara esta decisión.
“Por tal motivo, he determinado que es necesario continuar la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua”, sentenció Trump en la misiva.
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Según la Ley de Emergencias Nacionales de los Estados Unidos, en su sección 202 (d), establece la terminación de una emergencia nacional declarada para un país. No obstante, también establece que la declaración de emergencia nacional puede continuar cuando “dentro de los 90 días antes de la fecha de aniversario de su declaración, el presidente publique en el Registro Federal y transmita al Congreso un aviso”, donde indique que la emergencia continuará en vigor “más allá de la fecha de aniversario”.
Alcance de la orden
Al alcance de esta orden ejecutiva firmada por Trump establece “el bloqueo de todos los bienes e intereses en la propiedad dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de cualquier persona determinada por el secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado”.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas de 2018, el gobierno de los Estados Unidos han fijado su mirada sobre la dictadura de Ortega, a cuyos miembros importantes de su círculo de poder han impuesto sanciones económicas como respuesta a la situación de violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Entre los principales sancionados por la administración Trump están tres de los hijos de Ortega, Juan Carlos, Rafael y Laureano además de su esposa, vicepresidenta designada y vocera de su régimen, Rosario Murillo, todos señalados por actos de corrupción y violación de derechos humanos.
Ortega sigue en la “mira”
Para el analista político, Eliseo Nuñez, esta prórroga establecida por Trump indica que la dictadura aún está en la mira de Los EE.UU y no cree que el próximo presidente de ese país, Joe Biden, vaya a derogar dicho decreto. “El decreto para Nicaragua es una versión del decreto que firmó el expresidente (Barack) Obama en contra de Venezuela, entonces esta prórroga lo que dice a Ortega es que el Gobierno que está ahora y el que viene difícilmente se van a echar hacia atrás”, advirtió.
Nuñez considera que con el Gobierno de Biden cambiará el estilo de presión hacia la dictadura Ortega-Murillo, pero no cesará, ya que es bipartidista y no solo de los legisladores republicanos. “Probablemente Ortega mande emisarios nuevos, pero si ofrecen lo mismo que han ofrecido ahorita, que es nada, van a recibir las mismas respuestas de Estados Unidos”, finalizó.
Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, consideró que es preocupante que EE.UU siga viendo a Nicaragua como una amenaza para su seguridad, pero a la vez afirmó que cobra sentido esta posición, ya que las abusos cometidos por la dictadura, el mal manejo de la economía y la incidencia de fenómenos naturales están obligando a los nicaragüenses a emigrar a otros países, incluido el norte de América.
“Lo preocupante para nosotros es que todavía no hemos sentido que la comunidad internacional haya presionado lo necesario a los violadores de derechos humanos dentro de Nicaragua, mientras ellos siguen reprimiendo. En este caso de no ser posible resolver la crisis socio-política que se está viviendo en Nicaragua, pues obviamente esto va a resultar en una oleada más de nicaragüenses que se irán al exterior”, advirtió Mairena.
Consistencia de una política en contra de Ortega
Para el empresario opositor y director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, la extensión de esta medida por parte del gobierno estadounidense representa el interés de este país por una amenaza que sigue latente como es la dictadura de Nicaragua.
“La importancia de este tipo de medidas, porque estamos en un periodo especial en Estados Unidos, y que la haya renovado implica la consistencia de una política en contra de una dictadura y obviamente hay prioridades nacionales pero que no se han abandonado las prioridades contra una una dictadura que oprime y reprime al pueblo nicaragüense”, manifestó Chamorro.
Según Chamorro, esta extensión definitivamente no va a ser del gusto del régimen, lo que podría incrementar los actos de represión contra la ciudadanía como respuesta a esta medida. “Esto no va a ser de agrado del régimen, porque implica de que esta política de presión por parte de Estados Unidos va a continuar hasta noviembre del próximo año”, agregó.