Cuatro millones 38,000 mil dólares (140.3 millones de córdobas al tipo de cambio oficial de hoy (34.74), habrían evadido en impuestos e intereses, desde el 2010, Canal 8 y Canal 4, ambos medios de comunicación propiedad de los los hijos de la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela una investigación realizada por la agencia de noticias internacional, Reuters, divulgada este lunes.
Documentos de la Dirección General de Ingresos (DGI) a los habría tenido acceso Reuters , muestran que Canal 8 no ha pagado impuestos e intereses por unos cuatro millones de dólares desde 2010, año en que Juan Carlos Ortega se hizo cargo del canal, aunque es Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega y cuñada de Juan Carlos, quien aparece como la propietaria mayoritaria del canal, según los mismos documentos tributarios.
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Mientras que, Canal 4, el canal sandinista administrado por Daniel Edmundo Ortega, debe alrededor de 380,000 dólares en impuestos atrasados, según muestran los documentos. Aunque aún no está claro por qué los impuestos no se han pagado o si el Gobierno ha tratado de cobrarlos, lo cierto es que ambas estaciones violan claramente la ley tributaria nicaragüense, dijeron expertos en temas tributarios a Reuters. “Cualquier otra empresa ya habría sido incautada”, señalaron. Tal como pasa con Canal 12, una televisora privada propiedad del empresario Mariano Valle.
El 11 de septiembre, la DGI ordenó decomisar los bienes de Canal 12 y de su propietario (Mariano Valle), argumentando que la televisora debía 21 millones de córdobas (unos 608,000 mil dólares) en Impuestos a la Renta entre el 2011 y 2012. Semanas después, la DGI impuso un nuevo reparo fiscal por un monto de 7 millones de córdobas, por lo que la deuda total aumento a 28 millones de córdobas. En un comunicado, Canal 12 calificó los movimientos como “arbitrarios e ilegales”. En septiembre, Valle le dijo a una estación de radio local, “no debemos nada”.
Reuters revela supuestos testaferros en medios de comunicación
Según documentos tributarios a los que tuvo acceso Reuters a principios de 2020, Canal 8 es propiedad de Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en diciembre de 2019, señalado de lavado de dinero y apoyar la corrupción en Nicaragua. No está claro si Leets Marín estuvo implicada en la compra de 2010, pero los documentos la identifican ahora como la propietaria mayoritaria, indica, el reportaje de la agencia de noticias internacional, titulado «Cómo Ortega levantó un imperio mediático que enriquece a su familia y afianza su poder en Nicaragua».
En los años transcurridos desde 2007 a la fecha, el régimen, su familia y socios cercanos, han obtenido la propiedad o la gestión administrativa de al menos una docena de canales de televisión, estaciones de radio y sitios de noticias en línea. Algunas de las adquisiciones, incluido el trato de Canal 8, fueron financiadas, al menos en parte, con fondos proporcionados por el gobierno de Venezuela, dijeron tres empleados actuales y anteriores, así como personas familiarizadas con las operaciones a Reuters.
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La propia familia Ortega, según los documentos tributarios y de registro corporativo de 2020 revisados por la agencia de noticias internacional, controla la propiedad de Canal 8 y la emisora Radio Ya. Amigos y aliados cercanos, según los documentos, poseen tres canales de televisión adicionales: Canal 4, Canal 13 y Canal 22, todos administrados por hijos de Ortega. Una cuarta estación, Canal 2, también es propiedad de un socio, según personas familiarizadas con el medio, y los Ortega manejan su área de noticias.
A través de la propiedad estatal, los Ortega controlan la emisora de televisión Canal 6, la cadena nacional Radio Nicaragua y portales de noticias en línea como El 19 Digital. Los socios de la familia presidencial poseen al menos otras tres estaciones de radio, todas abiertamente afines al Gobierno. Las actividades mediáticas de la familia parecen violar varias leyes nicaragüenses, según abogados locales consultados por Reuters. Al canalizar fondos estatales a propiedades controladas por la familia, Ortega incumple la legislación que rige el comportamiento y las compras de los servidores públicos, dijeron los letrados consultados.
Revelan que, debido a que algunas de las adquisiciones supuestamente se realizaron en parte a través de una empresa conjunta controlada por la petrolera estatal venezolana PDVSA, los abogados dijeron que las compras violaron una ley que prohíbe la propiedad extranjera de los medios de comunicación nicaragüenses.
Difuso Digital
Para 2008, la familia Ortega Murillo y colaboradores cercanos habían comenzado a construir lo que hoy es un imperio empresarial con activos en energía, seguridad y otros sectores. Juan Carlos lanzó ese año Difuso Comunicaciones, una agencia de publicidad, la cual fue sancionada junto a él, por Estados Unidos en junio de 2020, por difundir «propaganda del régimen».
Difuso produce comerciales para el turismo estatal, la agencia de puertos, la autoridad de electricidad y otras dependencias estatales, y coloca los anuncios en canales controlados por la familia. Los documentos del Gobierno revisados por Reuters muestran que entre los propietarios de Difuso se encuentra María Luisa Mejía, a quien se hace referencia regularmente en Nicaragua como una de las abogadas de la primera dama Murillo. Otro propietario de Difuso es Néstor Moncada, asesor en temas de seguridad de Ortega.
En 2018, Estados Unidos sancionó a Moncada por presuntamente cometer actos de corrupción en nombre de Ortega y estar supuestamente a cargo de las operaciones de represión en contra de los participantes en las marchas de ese año y «por sobornar a otros nicaragüenses para evitar que se opusieran al Gobierno», cita la agencia de noticias internacional.
En 2011, los Ortega lanzaron una nueva estación de televisión, Canal 13, administrada por otros tres hijos del matrimonio Ortega-Murillo: Camila, Maurice y Luciana. Uno de los propietarios del canal, según documentos gubernamentales revisados por Reuters, es Mejía, el abogado que también es copropietario de Difuso, la agencia de publicidad. Tres años después, en 2014, Maurice Ortega también comenzó a administrar las operaciones de noticias del Canal 2, otra importante estación propiedad de aliados de Ortega.
Millonarios pagos en publicidad estatal
Con más plataformas en manos de la familia dictatorial, el gobierno de Ortega aumentó más de diez veces el gasto estatal en publicidad, según datos recopilados por Media Gurú, una consultora publicitaria, divulgó Reuters. Los datos, revisados de forma independiente por la agencia, se basan en las tarifas del mercado para la publicidad en canales de todo el país.
La investigación detalla que, entre 2000 y 2010, según una persona familiarizada con los datos, el gobierno de Nicaragua gastó aproximadamente 2.6 millones de dólares al año en publicidad. Para 2019, muestran los datos, la cifra se había disparado a un estimado de 29 millones de dólares anuales.
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El año pasado, todos, excepto aproximadamente 128,000 dólares, o el 0.44% de los 29 millones de dólares, se destinaron a publicidad en los medios relacionados con Ortega, según un cálculo de Reuters basado en las cifras. Los anuncios son comprados por agencias gubernamentales y por empresas estatales como la cadena de gasolineras controlada por Rafael Ortega.
Solo en Canal 8, la publicidad colocada por el estado saltó de aproximadamente 400,000 dólares en 2009 a un promedio anual estimado de más de 6 millones de dólares durante la última década, según una persona familiarizada con los datos. El año pasado, el Gobierno colocó anuncios por un valor estimado de 16.8 millones de dólares en el canal, muestran las cifras.
