Un día después de que Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), revelara en un informe que en Nicaragua se han cometido 4,796 detenciones arbitrarias desde 2018 hasta el 15 de junio de 2026, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, mostró su respaldo al documento e hizo un llamado al hemisferio a “permanecer unido en defensa de la democracia”.
El llamado de Ramdin ocurre en medio de los preparativos de una reunión de cancilleres del continente que tentativamente se llevará a cabo el próximo 28 o 29 de septiembre. En este encuentro se espera que los ministros de Relaciones Exteriores analicen la situación de Nicaragua y decidan qué acciones tomar frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Los hallazgos presentados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, sobre el desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Nicaragua exigen nuestra atención y acción colectiva. La defensa de la democracia es una responsabilidad compartida en las Américas”, expone Ramdin en una publicación en su cuenta de X.
El informe de Acnudh, publicado el 13 de agosto de 2026, pero presentado hasta este miércoles 16 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, destaca que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado 4,796 detenciones arbitrarias desde 2018 hasta el 15 de junio de 2026. De estos “3,861 hombres y 935 mujeres, incluidas 13 mujeres trans”. A esto se suman una serie de violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
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“Los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana nos llaman a actuar colectivamente para defender las instituciones democráticas, las libertades fundamentales y los derechos del pueblo nicaragüense. La urgencia es clara. Nuestro Hemisferio debe permanecer unido en defensa de la democracia”, subrayó el secretario general de la OEA.
Régimen mantiene a presos políticos pese a haber cumplido condena
La dictadura Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalada desde 2018 de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos asesinatos, privación de nacionalidad y represión transnacional. En abril de este año se cumplieron ocho años del inicio de la brutal represión del régimen desencadenada contra los manifestantes que protestaban por las draconianas reformas al Seguro Social, que más tarde se convirtieron en una exigencia de la dimisión del dictador.
Tan solo entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, período en estudio del informe, Acnudh reportó la existencia de 46 presos políticos, tres de ellos “privados de libertad a pesar de haber cumplido íntegramente sus condenas”. Sin embargo, desde junio de este año la lista se incrementó a 60, de los cuales “23 permanecen en desaparición forzada”, según documentó la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) en un reporte publicado a mediados de agosto.
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A la lista de los presos políticos se sumaron seis familiares, una trabajadora y un amigo del exdiputado de Yatama y líder indígena Brooklyn Rivera, quienes llegaron a Managua el 31 de mayo a reclamar el cuerpo de Rivera, un día después de su fallecimiento en custodia del régimen, que lo mantuvo 32 meses detenido y en condición de desaparición forzada hasta su muerte a los 73 años de edad.
Además del líder indígena, en el período comprendido del informe del Acnudh, se reportaron los fallecimientos en custodia del opositor Mauricio Alonso, de 64 años, el 25 de agosto de 2025; del abogado Carlos Cárdenas, de 68 años, el 29 de agosto del mismo año; y un preso político del cual el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas mantiene sus datos bajo anonimato por seguridad de sus familiares.
Nicaragüenses en “indefensión total”
El abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), recibe con “mucha tristeza” el informe de Acnudh, pues a su criterio el documento refleja que “los nicaragüenses viven en una situación de indefensión total en manos del régimen”.
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“En cuánto al número de presos políticos, nos permite dimensionar la brutalidad de la represión orteguista”, analiza el defensor de derechos humanos, quien ve la prisión política como el “principal instrumento que utiliza la dictadura para vengarse y castigar a los ciudadanos opositores, a los que percibe como tal o a los que han caído en desgracia”.
El informe de Acnudh subraya que en Nicaragua prima la “concentración de poder” y que la “judicatura carece de independencia, y el debido proceso y los juicios imparciales no están garantizados”. Resalta que “prevalece la impunidad frente a las alegaciones de violaciones de los derechos humanos”.
¿Justicia a “favor del pueblo”?
Este documento contradice las declaraciones de la recién nombrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ana Julia Guido, quien durante sus visitas a los medios oficialistas ha dicho que en Nicaragua la justicia está a “favor del pueblo”.
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Desde que Daniel Ortega llegó por segunda vez al poder en 2007 inició un proceso de desmantelamiento del aparato estatal a través de la promulgación de nuevas leyes y varias reformas constitucionales. El dictador concentró el poder solo en el Ejecutivo. En 2023, Rosario Murillo ordenó una barrida en el Poder Judicial. Entre finales de 2025 y este 2026 “renunció” a los magistrados de la CSJ, incluida su presidenta Alba Luz Ramos, ficha de Ortega en el sistema judicial.
Ahora el aparato de justicia está a cargo de la sancionada ex fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y un grupo de magistrados represores, sumisos, cínicos y fieles a Murillo. Varios de ellos señalados de ordenar el encarcelamiento y despojo de la nacionalidad a centenares de nicaragüenses.
En Nicaragua “no existe justicia”
El abogado Salvador Marenco, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, le responde a Guido que en Nicaragua “no existe justicia desde hace muchísimo tiempo” y que por tanto “no puede haber una justicia a favor del pueblo”.
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Marenco sostiene que es por esa “falta de justicia” que se ha visto en los últimos años “un incremento exponencial” en las peticiones sobre casos de nicaragüenses ante el Sistema Interamericano, es decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en segunda instancia la Corte IDH.
“Con Ana Julia Guido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, lo que se demuestra es una continuidad de la impunidad, puesto que esta misma fiscal, cuando era fiscal general, fue quien dirigió todos los procesos contra las personas presas políticas, quien además jamás abrió una investigación por tortura contra todas las personas señaladas de tortura en Nicaragua, funcionarios estatales”, afirma el defensor de derechos humanos.
Niegan recursos de habeas corpus
En el informe, Acnudh también menciona la ineficacia de los recursos de habeas corpus, que en su mayoría son “desestimados arbitrariamente por las autoridades judiciales competentes”, e incluso, algunos de los familiares de los presos políticos son “amenazados con ser detenidos por interponerlos”.
El habeas corpus es un recurso jurídico que obliga a un juez a revisar rápidamente si la privación de libertad de una persona es legal y, si no lo es, ordenar su libertad. Recientemente la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) reportó que nueve de cada 10 personas detenidas quedaron desprotegidas y se les privó arbitrariamente del derecho de su libertad al negarles dicho instrumento.
