El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, presentó este miércoles un informe en el que expone cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a Nicaragua en un país impune donde las violaciones a las garantías fundamentales no cesan.
El documento fue publicado el 13 de agosto de 2026, pero su presentación se llevó a cabo hasta este miércoles 16 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Todo ello en medio de un contexto en el que la dictadura se encuentra bajo presión internacional luego que el dictador Daniel Ortega anunciara que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
Menos de mes y medio después, la postura de la dictadura acabó con la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que elimina la competencia electoral y busca la perpetuidad en el poder a través de períodos de gobierno de siete años.
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“La situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue caracterizándose por el desmantelamiento sostenido y sistemático de las instituciones democráticas, el estado de derecho y las libertades fundamentales, así como por una impunidad generalizada”, sostiene el informe de ACNUDH, en el que además, instan a la dictadura a cumplir con sus obligaciones de “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.
El informe fue realizado desde el 15 de junio de 2025 hasta el 15 de junio de 2026 de manera remota ante la negativa por parte del régimen de que representantes de la ACNUDH visten Nicaragua. Para la elaboración del documento realizaron 160 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. Celebraron 250 reuniones con representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional. Además analizaron documentos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales. Señalan que también enviaron un cuestionario al régimen, pero que no hubo respuesta.
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Concentración de poder, represalias y más represión
Sobre el estado de derecho y la separación de poderes, ACNUDH señala que de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre el 17 de junio de 2025 y el 21 de mayo de 2026, “no hubo votos en contra ni abstenciones”, lo que refleja “un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.
La represión continúa. ACNUDH, registró 13 casos de represalias y acoso que afectaron a 32 personas percibidas como opositoras o a sus familiares. Estos fueron objeto de amenazas, actividades de vigilancia, detenciones arbitrarias y otras restricciones a la libertad personal, incluso algunos fueron forzados al exilio.
Entre el 17 de junio de 2025 y el 21 de mayo de 2026, el informe reporta la cancelación “arbitraria” de cuatro organizaciones no gubernamentales, que se suman a las otras 5,535 reportadas en documentos anteriores. Con ello, ACNUDH reporta un total de 5,539 oenegés canceladas.
“Al menos 20 casos en los que clérigos, diáconos y feligreses de la Iglesia católica habían sido objeto de ataques… Más de la mitad de las diócesis católicas siguen sin obispo”, recaba el documento en temas de libertad religiosa. Estas conclusiones coinciden con las presentadas por otros informes independientes.
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Entre el 2019 y la Cuaresma de 2026, el régimen ha prohibido más de 28 mil procesiones religiosas. Al menos 6,135 fueron prohibidas en los primeros meses de este año, según ha documentado la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora de la serie de informes Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?
Más muertes en custodia y prevalencia de impunidad
Respecto a los presos políticos, ACNUDH afirma que los 46 reclusos, al menos tres siguen privados de libertad “a pesar de haber cumplido íntegramente sus condenas”. Asimismo, destaca que aumentó el número de muertes durante la privación de libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. En el período de análisis reportaron cuatro víctimas mortales de la dictadura, entre ellas, el líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, quien tras 32 meses preso murió en custodia el pasado 30 de mayo a los 73 años de edad.
“En Nicaragua la judicatura carece de independencia, y el debido proceso y los juicios imparciales no están garantizados. Prevalece la impunidad frente a las alegaciones de violaciones de los derechos humanos”, sostiene el informe. Añaden que tres recursos de habeas corpus presentados por familiares de personas detenidas por motivos políticos “fueron desestimados arbitrariamente por las autoridades judiciales” y que incluido algunos de los solicitantes del recurso recibieron amenazas.
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Recientemente la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) reportó que nueve de cada 10 personas detenidas quedaron desprotegidas y se les privó arbitrariamente del derecho de su libertad al negarles el habeas corpus, un recurso jurídico que obliga a un juez a revisar rápidamente si la privación de libertad de una persona es legal y, si no lo es, ordenar su libertad. De los 315 casos analizados entre 2018 y 2024 respecto a solicitudes, 284 (90.1 por ciento) “fueron inefectivos”.
Entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, ACNUDH también reporta 41 casos de denegación arbitraria de la entrada en Nicaragua a ciudadanos que trataban de regresar a su propio país, 19 de denegación arbitraria de pasaportes, partidas de nacimiento y títulos académicos que se produjeron porque los servicios consulares y de migración, 10 de intimidación, actividades de vigilancia, amenazas de detención, denegación de la inscripción en el registro civil, restricciones indebidas a la libertad de circulación y otras formas de presión contra 13 familiares de opositores reales o percibidos al régimen.
Violencia contra indígenas
La expansión de la minería y la invasión de colonos en territorios indígenas y afrodescendientes también es un tema de mucha preocupación para ACNUDH. En el documento reportan “19 casos de violencia presuntamente cometidos por colonos no indígenas contra niñas indígenas”. En estos se incluyen secuestros y actos de violencia sexual. Respecto a los últimos detallan que cuatro menores de edad quedaron embarazadas.
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“No se hicieron públicos datos oficiales desglosados sobre los feminicidios en 2025… Las organizaciones de la sociedad civil documentaron 53 feminicidios en 2025, siendo Managua y las regiones autónomas del Caribe algunas de las zonas más afectadas”, subraya el informe.
ACNUDH también se mostró “preocupado” por la práctica del régimen de “poner en libertad de forma masiva a personas condenadas por delitos comunes repercute en los derechos y la protección de las víctimas de violencia de género”. Otro tema de preocupación son los delitos delitos de odio contra mujeres transgénero. Reportan cuatro de estos, entre asesinatos y un intento de asesinato.
Al final del documento, ACNUDH recomienda al régimen:
1- Poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las que lo hayan sido por motivos políticos.
2- Garantizar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como a la libertad de religión y de creencias.
3- Restablecer los derechos de nacionalidad, los derechos de propiedad y los derechos políticos de las personas que se han visto privadas de ellos de forma arbitraria.
4- Velar por la igualdad de condiciones para la participación política.
5- El Alto Comisionado exhorta a Nicaragua a que reanude su cooperación con las Naciones Unidas y los mecanismos regionales de derechos humanos.
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A la comunidad internacional:
1- Reforzar la protección y el apoyo a la sociedad civil en el exilio.
2- Poner fin a las extradiciones y expulsiones forzadas a Nicaragua.
3- Fortalecer los mecanismos de protección en los países de acogida de los ciudadanos nicaragüenses que huyen de la represión.
4- Cerciorarse de que la asistencia, incluida la ayuda financiera, que se facilite a Nicaragua incorpore enfoques basados en los derechos humanos y procesos de diligencia debida para evitar que tenga repercusiones negativas para los derechos humanos.
