Estados Unidos cuestionó este miércoles 16 de septiembre a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por no tomar “medidas suficientes contra el narcotráfico”. Después de la crítica a la lucha antinarco, el Departamento de Estado colocó nuevamente a Nicaragua «entre los países de tránsito o productores de drogas ilícitas» para el año fiscal 2027.
“Como era de esperar, para una dictadura socialista, el régimen ilegítimo de Ortega-Murillo en Nicaragua no ha tomado medidas suficientes contra el narcotráfico y la complicidad de los miembros del régimen en el tráfico de drogas”, destacó el Departamento de Estado en un comunicado que hace referencia a una decisión del presidente Donald Trump enviada al Congreso estadounidense.
La «Determinación Presidencial» ubica a Nicaragua junto a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Todos ellos clasificados como «países de tránsito de drogas importantes o países productores de drogas ilícitas importantes».
Según Trump, ha movilizado al ejército más poderoso para atacar a los narcoterroristas «allá donde amenacen a nuestro país» y exige a México y Canadá hacer mucho más para detener la circulación de drogas mortales. El documento celebra el esfuerzo realizado por el llamado Escudo de las Américas y critica a Brasil que «no ha logrado hacer frente a las organizaciones terroristas extranjeras designadas ‘Primeiro Comando da Capital‘ y ‘Comando Vermelho‘, que han convertido a Brasil en un centro de la circulación mundial de cocaína».
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El señalamiento a Ortega es congruente con las críticas del pasado. A finales de marzo, un portavoz del Departamento de Estado cuestionó la “insuficiencia de medidas” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la lucha contra el narcotráfico en declaraciones a LA PRENSA. El funcionario estadounidense dijo que el país no cumple con sus obligaciones en la lucha antidrogas.
El vocero estadounidense recordó entonces que la dictadura Murillo-Ortega y el Frente Sandinista han mantenido «vínculos con el narcotráfico de larga data», los cuales «se remontan a la década de los ochenta, incluyendo acusaciones de colusión con narcotraficantes para obtener beneficios financieros y políticos».
Estrategia de «muro de contención» en entredicho
La designación de Nicaragua «entre los países de tránsito o productores de drogas ilícitas» pone en entredicho la estrategia de «muro de contención» implementada por el régimen a través del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, en coordinación con diversas instituciones del Estado, más cuando se han registrado incautaciones de grandes cargamentos de droga en otros países provenientes de Nicaragua, como ocurrió a inicios de marzo en el Reino Unido.
Las autoridades británicas incautaron un cargamento de casi una tonelada de cocaína, proveniente de Nicaragua. La droga fue colocada en un contenedor de plátanos que luego de salir de territorio nicaragüense pasó por Panamá hasta que finalmente fue descubierta en el muelle de Southampton, en el condado de Hampshire. Pero el régimen insiste en que en el país no es «bodega del narcotráfico».
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«Somos el país más seguro de la región porque no tenemos maras ni pandillas, no existen pistas clandestinas, no somos bodega del narcotráfico, no existen carteles, no existe el sicariato, no hay secuestros y no existen células o elementos vinculados a organizaciones terroristas», aseguró Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, la noche del 2 de septiembre durante el acto central en Conmemoración del 47 Aniversario de Fundación del cuerpo castrense.
China debe tomar medidas más enérgicas
El Departamento de Estado también señala a la República Popular China, «aliada» del régimen Ortega-Murillo, como «el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la producción ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales».
En el comunicado, Estados Unidos destaca que China «debe tomar medidas más enérgicas para reducir eficazmente el flujo de estas sustancias, incluyendo en la lista de sustancias y precursores químicos adicionales».
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Respecto a Venezuela, el documento asegura que «gracias al arresto y la destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro» ya están viendo resultados de la «creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los cárteles, incluyendo la eliminación del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero».
Desde la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores de Venezuela, en enero de este año, la gobernanza del país pasó a manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora ocupa el cargo de presidenta interina y mantiene conversaciones constantes con la administración de Donald Trump.
«He determinado que Venezuela ya no debe ser considerada como un país que ha incumplido manifiestamente sus compromisos de control de drogas. Espero ver un progreso continuo y tangible por parte del gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la detención del narcotráfico a través de Venezuela hacia Estados Unidos», sostiene el documento firmado por Trump.
«Palabras fuertes»
El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL) sostuvo que el hecho de que Estados Unidos señale explícitamente al «régimen ilegítimo» de Ortega-Murillo de no tomar «medidas suficientes contra el narcotráfico» son «palabras fuertes» que podrían seguir con la implementación de una serie de acciones por parte de la administración Trump hacia Nicaragua.
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«La designación mantiene a Nicaragua dentro de un marco jurídico estadounidense de políticas antinarcóticos, y esto es bastante serio. Esto significa que agencias norteamericanas pueden continuar tratando a Nicaragua como un territorio relevante para las siguientes operaciones: inteligencia sobre rutas de narcotráfico, la interdicción, la investigación de lavado de dinero, la observancia de organizaciones transnacionales de narcotráfico y el tráfico marítimo», opinó Chamorro.
Entre esas acciones, Chamorro meciona la posibilidad de que el Departamento del Tesoro promueva acciones contra lavado de dinero, empresas o redes financieras vinculadas a Nicaragua o que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) imponga nuevas sanciones contra individuos o empresas nicaragüenses que estén presuntamente relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero o el crimen organizado.
Agrega que el Departamento de Estado «podría tener un lenguaje que empiece a vincular explícitamente al régimen de Ortega con organizaciones criminales y transnacionales». Además, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que es agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto al Comando Sur del Ejército estadounidense, también podrían «incrementar operaciones de inteligencia relacionados con las rutas marítimas nicaragüenses».
«Washington podría combinar políticas antinarcóticos con estas listas, sanciones, el CAFTA, presiones democráticas… yo interpretaría el anuncio como la conservación de una base jurídica, pero al mismo tiempo que podría adquirir mucha más importancia si Washington decide vincular el problema del narcotráfico con la estrategia más amplia en contra del régimen Ortega-Murillo», concluye Chamorro.
