El 29 de julio pasado, el general Julio César Avilés llegó a la Asamblea Nacional para respaldar las reformas constitucionales promovidas por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así convirtió al al Ejército en la primera institución convocada por los diputados para pronunciarse sobre los cambios. Ese día, Avilés habló en nombre del mando General, el Consejo Militar y las fuerzas terrestres, navales, aéreas y de reserva.
Aunque en 2021 Avilés aseguró que el Ejército respetaría el voto de los nicaragüenses, en esta ocasión el jefe militar respaldó un modelo constitucional diferente, que extiende a siete años los períodos de los cargos electos, permite retirar la personalidad jurídica a partidos que reciban fondos extranjeros o promuevan sanciones contra Nicaragua y establece que ninguna resolución extranjera tendrá validez dentro del país.
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Para Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Norte de Texas en Dallas, y para Randy Pestana, subdirector del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de Florida International University, el cambio tiene una consecuencia que va más allá de las reformas: el Ejército ha respaldado la eliminación de la base electoral de la autoridad civil a la que constitucionalmente está subordinado.
Cuando Ortega y Murillo ya no estén, sostienen los autores, ninguna institución tendrá una capacidad comparable a la del Ejército para mantener funcionando el Estado. Por eso, quien pretenda sucederlos necesitará, de una u otra manera, el consentimiento de los militares.
El Ejército y la sucesión
La pregunta no es únicamente quién ocuparía formalmente la Presidencia, sino quién tendría capacidad para garantizar el control efectivo del Estado, indican Pérez y Pestana en un análisis publicado en el portal War on the Rocks (Guerra en las Rocas), el pasado 8 de septiembre.
La Constitución reformada establece que, si uno de los copresidentes muere, el otro asumirá la Presidencia durante el resto del período. En ese escenario, Murillo sería la sucesora legal de Ortega. Sin embargo, el análisis de Pérez y Pestana plantea una interrogante diferente: ¿mantendrían los militares su obediencia a Murillo una vez desaparecido Ortega?.
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La relación entre Ortega y el Ejército se construyó durante años. Murillo, en cambio, ejerció el control directo sobre la Policía. Las reformas de 2025 colocaron formalmente a Murillo en la cadena de mando militar, pero no existe certeza sobre cómo respondería la institución ante una sucesión.
Esa incertidumbre es relevante porque el Ejército mantiene un mando unificado y, según el análisis, no existe actualmente otra fuerza militar capaz de disputarle el control. Tampoco civil, porque la mayor parte de la oposición organizada se encuentra en el exilio.
El respaldo a Ortega y Murillo
Desde el regreso de Ortega al poder en 2007, el Ejército lo ha respaldado. La institución también acompañó y colaboró con las políticas represivas gubernamentales durante la crisis de 2018.
En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de Naciones Unidas, señaló a 54 funcionarios por su responsabilidad en la represión posterior a las protestas. Once eran militares: seis generales y cinco coroneles, entre ellos Avilés.
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El respaldo volvió a quedar expuesto en 2026, cuando el jefe militar apoyó las reformas constitucionales. Estas amplían los períodos de las autoridades y restringen la participación de partidos vinculados con financiamiento extranjero o con sanciones contra Nicaragua.
Para los analistas, el Ejército pasó así de proteger un proceso electoral bajo el argumento de su subordinación a una autoridad civil electa, a respaldar modificaciones que reducen la competencia electoral.
Intereses económicos
La posición de los militares también está vinculada con sus intereses económicos.
El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), encargado entre otras cosas de administrar el fondo de pensiones de los oficiales del Ejército, se convirtió en un grupo empresarial con inversiones en la construcción, el comercio minorista, el sector farmacéutico, la educación superior y las inversiones inmobiliarias.
Pérez y Pestana señalan que desde 1995, ningún jefe del Ejército ha publicado una auditoría del fondo de pensiones. Esa estructura económica hace que cualquier transición política tenga consecuencias potenciales sobre los recursos del Ejército y los ingresos de jubilación de sus oficiales.
Los desconfiados Ortega y Murillo
El respaldo del Ejército no significa que Ortega y Murillo confíen plenamente en la institución.
Las reformas del Código Militar de marzo de 2025 otorgaron a la Presidencia el poder explícito para nombrar y destituir al comandante en jefe. Dos meses después fueron detenidos el general retirado Álvaro Baltodano y el capitán retirado Aníbal Rivas Reed.
La desconfianza también alcanza a los mandos inferiores. Avilés permanece al frente del Ejército desde 2010 y otros integrantes de la cúpula militar llevan años en sus cargos. Los autores describen el fenómeno como un “tapón institucional”, porque limita el ascenso de oficiales que podrían ocupar los principales puestos de mando.
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Los casos de Roberto Samcam y Víctor Boitano son mencionados en el análisis como ejemplos de los riesgos que enfrentan militares retirados que han cuestionado al régimen Ortega Murillo. Samcam fue asesinado en Costa Rica en 2025 y Boitano fue detenido en Managua en 2024.
Nicaragua no es Venezuela
Pérez sostiene que un escenario similar al de Venezuela, con la extracción de Nicolás Maduro y sustituido por Delcy Rodríguez, no funcionaría en Nicaragua.
Venezuela tiene petróleo, un cuerpo militar mucho más numeroso y dividido en distintas posiciones, además de una sucesora constitucional como Delcy Rodríguez y un período de preparación de Estados Unidos para una eventual operación.
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Nicaragua no tiene esos elementos. El Ejército cuenta con unos 14,500 integrantes, mantiene un mando unificado y no existe otra fuerza militar capaz de disputarle el control del país.
Por eso, si Ortega y Murillo abandonaran el poder de manera repentina, el Ejército sería, según Pérez y Pestana, la institución con mayor capacidad para garantizar la continuidad del Estado.
Estados Unidos, Rusia y China
La cooperación militar entre Estados Unidos y Nicaragua terminó hace años. Sin embargo, los contactos entre oficiales de ambos países continúan en reuniones internacionales.
En marzo de 2026, militares nicaragüenses participaron en una reunión en Lima junto con delegaciones de otros países, incluida Estados Unidos. Oficiales nicaragüenses también participaron en encuentros militares internacionales en los que estuvieron presentes representantes estadounidenses.
Washington no busca otorgar legitimidad al actual mando militar nicaragüense, pero Pérez y Pestana consideran que mantener canales de comunicación puede resultar importante ante una eventual transición.
Al mismo tiempo, Nicaragua ha profundizado sus relaciones militares con Rusia y mantiene vínculos económicos y de equipamiento con China. Avilés visitó Moscú y Pekín en 2025 y posteriormente se ratificó un acuerdo de cooperación militar con Rusia que incluye entrenamiento, intercambio de inteligencia y cooperación en guerra electrónica.
El análisis plantea que Estados Unidos no puede determinar cuándo ni cómo terminará el gobierno de Ortega y Murillo. Sí puede, sin embargo, establecer las condiciones para una eventual relación con el Ejército después de la pareja gobernante.
La cuestión central quedaría entonces en manos de los militares: mantener una relación de dependencia con Rusia o buscar una nueva relación con Estados Unidos y el sistema hemisférico.
La sucesión de Ortega y Murillo puede estar prevista en la Constitución. Pero quién tendrá el control efectivo del Estado después de ellos dependerá del Ejército de Nicaragua, institución que ya comenzó a definir su posición, puntualizan Pérez y Pestana.
