La Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició la investigación formal sobre una queja presentada contra el Gobierno de Nicaragua, a cuya cabeza están los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, por presunto incumplimiento de cuatro convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva, la discriminación en el empleo y la consulta tripartita.
La comisión de encuesta encargada del caso celebró su primera reunión el 11 y 12 de septiembre pasados en la sede de la OIT, en Ginebra, con lo que comenzó oficialmente el proceso para examinar los hechos denunciados y determinar si Nicaragua ha incumplido sus obligaciones en materia laboral.
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El Consejo de Administración de la OIT estableció la Comisión de Encuesta en marzo de 2025 y es el mecanismo de supervisión de más alto nivel del organismo. La investigación determinará los hechos relacionados con la queja y formulará recomendaciones sobre los problemas que identifique.
En febrero de 2025, la dictadura Ortega Murillo anunció que retiraba a Nicaragua de la OIT, lo que significó que los dictadores aislaban aún más al país en el plano internacional de lo que ya lo habían hecho hasta ese momento, tras la represión desatada en 2018, pero el anuncio no afectó el proceso iniciado por las quejas contra el régimen nicaragüense. La OIT anunció que investigaría desde fuera si los Ortega Murillo no dejaban entrar al país a la Comisión.
El problema
En junio de 2024 once delegados de los empleadores presentaron la queja ante la Conferencia Internacional del Trabajo. En ella señalaron el incumplimiento por parte de Nicaragua de cuatro convenios de la OIT.
Se trata del Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; el Convenio 111, relativo a la discriminación en el empleo y la ocupación; y el Convenio 144, sobre la consulta tripartita en materia de normas internacionales del trabajo.
La Comisión de Encuesta deberá examinar las cuestiones planteadas en la denuncia, determinar los hechos y establecer sus conclusiones sobre el cumplimiento de esos instrumentos internacionales.
El procedimiento no supone por sí mismo una determinación definitiva de responsabilidad contra Nicaragua. La comisión debe desarrollar la investigación y, al finalizar, presentar sus conclusiones y recomendaciones dentro del mecanismo de supervisión establecido por la OIT.
La decisión de activar este mecanismo coloca el caso en el nivel más alto de investigación previsto por la organización. La Comisión de Encuesta relativa a Nicaragua es apenas la decimoquinta que se establece en la historia de la OIT.
La Comisión de Encuesta
En marzo de 2025, el Consejo de Administración decidió constituir una Comisión de Encuesta para examinar la queja. La decisión se tomó después de que el organismo analizara el expediente relacionado con el supuesto incumplimiento de los Convenios 87, 98, 111 y 144.
En junio de 2025 designaron a los integrantes de la comisión: la jurista argentina Aída Kemelmajer de Carlucci, como presidenta; la colombiana Margarita Pardo Schlesinger; y la mexicana Graciela Bensusán.
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El proceso avanzó nuevamente en marzo de 2026. En esa ocasión, el Consejo de Administración de la OIT decidió que los trabajos de la comisión debían comenzar “sin ninguna demora adicional” y aprobó un presupuesto estimado de 810,244 dólares para su funcionamiento.
La primera reunión, celebrada en Ginebra los días 11 y 12 de septiembre, marca el comienzo efectivo de la investigación. A partir de ahora, la Comisión de Encuesta deberá desarrollar las actuaciones necesarias para examinar la queja, establecer los hechos y formular sus recomendaciones.
El resultado de ese proceso será posteriormente presentado dentro del sistema de supervisión de la OIT, que deberá determinar las medidas que correspondan de acuerdo con sus procedimientos.
