En otra de sus erráticas decisiones, el régimen Ortega Murillo anunció la semana pasada que Nicaragua se retira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a quienes acusa de injerencistas. Por los servicios que ambas organizaciones ofrecen, la decisión afectará a los trabajadores y a los migrantes. Sin embargo, no será inmediata sino mediante un proceso de desvinculación que tomará hasta dos años; y en el caso de la OIT puede ser el detonante para que la organización denuncie los abusos del régimen ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en marcha un proceso porque Nicaragua incumple compromisos adquiridos con cuatro convenios: sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el derecho de sindicación y de negociación colectiva; la discriminación (empleo y ocupación), y sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo).
Como parte de esta investigación estaba previsto que una comisión de alto nivel visitara el país para verificar el estado de los derechos de organización empresarial y sindical. De no concretarse la visita, durante la reunión que el Consejo de Administración de la OIT realizará en marzo, puede aplicar el artículo 26 que establece como siguiente paso el nombramiento de una comisión de encuesta y esto a su vez, acelerar el proceso hasta llevar la queja ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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Seguirán atados a la OIT y OIM
Según la defensora de los pueblos indígenas, Anexa Alfred, aunque Nicaragua anunció el retiro de ambas instituciones pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU), seguirá supeditada a ellas porque ellas se basan sobre convenios; y la vigencia de estos se extiende por un tiempo más después de que un miembro anuncia su intención de retiro.
En el caso de la OIT, Nicaragua seguirá sujeta a este organismo por dos años más y, con la OIM, por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2025.
Alfred explicó que en el caso de la OIT con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Nicaragua en agosto de 2010, los Ortega Murillo tendrían que denunciarlo y no lo han hecho. “Las convenciones siguen estando vigentes, puesto que Nicaragua no renunció a él. Tendría que denunciarlo”, expresó Alfred en una conferencia sobre el tema.
La lideresa indígena agregó: “Los pueblos indígenas y afrodescendientes seguiremos demandando el cumplimiento de la convención 169 y todos los otros instrumentos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como los que existen en el sistema interamericano”.
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Proceso para abandonar la OIT y la OIM
La Constitución de la OIT establece en el inciso cinco del artículo uno, que el retiro de un miembro se hace efectivo hasta dos años después de la fecha en que el director General de la Oficina Internacional del Trabajo recibe el aviso previo de ese miembro sobre su intención de retiro.
Además, señala que el retiro “no menoscabará la validez de todas las obligaciones que se deriven del convenio o se refieran a él, respecto del periodo señalado en dicho convenio”. Es decir, en el caso particular del anuncio hecho por la dictadura Ortega Murillo, con el mismo el régimen nicaragüense no podrá evadir las denuncias que se han hecho en su contra hasta el momento del anuncio del retiro.
Mientras que para salir de la OIM, la Constitución de este organismo, en el capítulo dos del artículo tres, señala que todo Estado miembro puede notificar su retiro de la organización “al final de un ejercicio anual”, que en este caso es el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que la dictadura Ortega Murillo no puede hacerlo en estos días sino hasta cuatro meses antes del final del actual ejercicio anual, que sería aproximadamente en agosto de este año.
Asimismo, “las obligaciones financieras respecto a la Organización de un Estado miembro que haya notificado su retiro se aplicarán a la totalidad del ejercicio durante el cual la notificación haya sido recibida”, dice la Constitución de la OIM.
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Retiro de OIT afectará a trabajadores
Por su parte un dirigente empresarial considera que un efecto inmediato del retiro de la OIT será el cierre del programa Better Work Nicaragua, que funciona en trece países y permite juntar a autoridades del trabajo, empleadores, sindicatos, marcas globales y fábricas para mejorar las condiciones de los trabajadores y hacer más competitivo al sector textil de zona franca.
«Este es un programa conjunto de la OIT y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. En Nicaragua el sector privado lo impulsó, a partir de 2010, desde el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y bajo el ámbito de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec). A la fecha hay 32 fábricas textiles de zona franca, veinte marcas y comercios minoristas. En total, 45,421 trabajadores son beneficiados por el programa», dice el dirigente empresarial.
El representante gremial lamenta el cierre de este programa porque era el último espacio, con algún nivel de vinculación tripartita, con oficina operando en Managua, que aún funcionaba en Nicaragua. Además, considera que al salir de la OIT el régimen perdió la última carta de defensa para seguir alegando que en Nicaragua las cosas funcionan con normalidad.
Salida de la OIT no frena investigación
Además, considera que el proceso de queja que impulsan a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y que han documentado desde 2021 hasta lograr que se plantera la visita de una delegación a Nicaragua, llevó al régimen Ortega Murillo a convencerse de que sus mentiras ya no eran creíbles y que este es otro espacio donde perdieron cualquier nivel de respaldo.
«Sin embargo, lo importante es que como este proceso no es de un día a otro el consejo de administración puede continuar con el mismo y buscar la conformación de una Comisión de Encuesta para que visite Nicaragua. De mantenerse la negativa de permitir este tipo de acceso, entonces se abren las posibilidades de demanda en contra del régimen», advierte el dirigente empresarial.
El artículo 26 de la Constitución de la OIT establece las circunstancias en las que se puede trasladar una queja a una comisión de encuesta; y los artículos posteriores establecen los pasos que siguen después que se ordena enviar una comisión de encuesta, que luego debe presentar un informe para que la OIT emita recomendaciones. Mientras que el artículo 29 establece un plazo de tres meses para que los gobiernos acepten las recomendaciones; en los casos en que las rechacen, el siguiente paso es someter la queja ante la Corte Internacional de Justicia.
Según la Constitución de la OIT, si la queja llega a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la decisión de este tribunal sobre cualquier reclamación o cuestión es inapelable.
Salida de la OIM afectará a retornados
Maureen Meyer, vicepresidenta de programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola por sus siglas en inglés), le parece extraña la decisión de Nicaragua de salirse de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ya que es una organización que no hace ninguna critica a las políticas migratorias de los gobiernos, sino que se limita a apoyar a las personas migrantes en el contexto de movilidad y en muchos de los programas lo hace de manera conjunta con las autoridades del país.
Y ante la actual crisis migratoria que enfrenta el continente ella cuestiona cómo se seguirá apoyando a los migrantes que siguen usando Nicaragua como puente para seguir intentando entrar a Estados Unidos y a los que están optando por regresar a sus países.
«Había cooperación con el gobierno nicaragüense en diferentes momentos para el tema de atención a migrantes vulnerables y a las víctimas de trata, pero también con el programa que es uno de los ahorita que está con más vigor que es el programa de la IOM para asistencia del migrante retornado, que ayuda a retornar a estas personas que están en movilidad humana y deciden regresar a a su país de origen. El programa está en las Américas y muchos de los candidatos a beneficiarse de él son nicaragüenses que están en México, Costa Rica, Panamá y otros países», lamenta Meyer.
Quieren evitar la rendición de cuentas
«Entonces creo que la preocupación en ese contexto es por un lado cómo seguir apoyando a gente migrante que decide seguir buscando cruzar Nicaragua en su camino hacia México, Estados Unidos o cualquier otro país, en su búsqueda de una estancia para estar… Ahora queda como un vacío de una organización internacional que apoyaba al Estado nicaragüense a atender a la población migrante en tránsito», señala Meyer.
Junto a la falta de atención que enfrentarán los migrantes, otro vacío que dejará la salida de la OIM es la documentación de lo que ocurre, porque la OIM reportaba las diferentes dinámicas de la migración en la región, sobre las víctimas de trata, la situación de migrantes víctimas de secuestro, la criminalidad alrededor de las personas migrantes y también el incremento de sus vulnerabilidades.
Además, Meyer insistió en que ante el contexto actual de endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, la principal preocupación que genera la salida de Nicaragua de la OIM es quién apoyará a los migrantes que ven que Estados Unidos ya no es una opción y opten por el retorno voluntario, situación que se está incrementado cada día y que llevará a miles a cruzar Nicaragua en su travesía hacia sus países.
Finalmente el especialista en derechos humanos Uriel Pineda, considera que con salida de la OIM y de la OIT el régimen Ortega Murillo lo que en realidad busca es evitar la rendición de cuentas a nivel internacional; y advierte que la decisión genera un mayor aislamiento del país, lo que conlleva a una grave consecuencia: la indefensión de los ciudadanos ante las sistemáticas violaciones de sus derechos humanos.
