La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos denunció este 23 de junio que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó leyes antilavado de activos para «institucionalizar la represión».
Las reformas no están diseñadas “para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para aumentar el control”, resaltó el Departamento de Estado en un pronunciamiento en redes sociales.
El 16 de junio, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un paquete de reformas a la Ley 977 contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero también a la Ley 976 de la Unidad de Análisis Financiero; al Código Penal (Ley 641); al Código Procesal Penal Ley 406); y a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (número 735).
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Con estas el régimen el otorga mayores poderes al Ministerio del Interior sobre las organizaciones sin fines de lucro, incorpora nuevos sujetos obligados ante las leyes antilavado de dinero, así como amplía el concepto sobre los bienes que pueden ser confiscados a los sujetos que se les aplique la ley antiterrorismo, misma que en el pasado ha sido usada para castigar y robar a los opositores a la dictadura.
«Los defensores de Murillo-Ortega están nuevamente institucionalizando la represión. El mundo puede ver claramente lo que hay detrás de estas ‘reformas’, diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para aumentar el control sobre la sociedad civil, bloquear activos y criminalizar a cualquier empresa u organización que los dictadores consideren una amenaza o busquen saquear«, sostuvo el Departamento de Estado en su cuenta de X.
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En febrero, Estados Unidos sancionó al director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, el mayor general Denis Membreño y al comisionado general Aldo Sáenz. En junio de 2023, ambos también habían sido agregados a la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. Según el gobierno estadounidenses, ambos participaron en una campaña coordinada para reprimir a la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de sus bienes a 94 disidentes políticos y 220 ex presos políticos, «sin ninguna base legal«.
El congresista republicano Carlos Gimenez se pronunció en su cuenta de X sobre la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Catalogó a la dictadura Ortega-Murillo como “brutal” y como los “violadores más generalizados y cínicos de los Derechos Humanos en el mundo”.
“Estos despreciables matones de Ortega-Murillo deben rendir cuentas por sus innumerables abusos contra el valiente pueblo de Nicaragua”, agregó Gimenez en su cuenta de X.
