La ruptura del modelo de convivencia entre el sector privado y el régimen ocurrió en tan malos términos que Daniel Ortega parece empecinado en borrar, a través del cierre de las organizaciones gremiales, la influencia de los empresarios en la vida pública del país, sin importarle que ellos son los que generan riqueza y en consecuencia, empleos. Empezó decapitando a las más fuertes, la de los banqueros, siguió con el Cosep y todas sus cámaras y ahora está enfocado en las de pequeños y medianos productores, cuyas actividades, e incluso la productividad, depende en gran medida del apoyo de las organizaciones.
El daño que estos cierres provocarán en la productividad que, además ha sido siempre el talón de Aquiles de Nicaragua por sus grandes rezagos, tendrá repercusiones en diversos campos de la economía nicaragüense.
A esto se suman las pérdidas millonarias que significa para los afectados el cierre de sus organizaciones, ya que la cancelación de la personería jurídica incluye también la confiscación de sus bienes. Además, deterioran la libertad empresarial y el desarrollo económico del país, y finalmente la pérdida de cientos de empleos, ya que todas tenían equipos técnicos y administrativos que las apoyaban.
“Es una tragedia lo que nos está pasando a todos, pero después de cancelar las cámaras del Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) y cerrar programas como la Feria Ganadera Expica, o la Cruz Roja, todo se puede esperar; todo el mundo está a la espera de ver cuándo le toca”, admite un dirigente del sector industrial que por temor a represalias expresa su opinión en condición de anonimato.
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Migob dijo que no validaron registro
El desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil empezó en diciembre de 2018, en plena crisis sociopolítica. En diciembre de ese año le cancelaron la personería jurídica a las primeras nueve ONG, de una lista que a la fecha se acerca a las cuatro mil. Sin embargo, en ese momento el régimen no podía meter a las organizaciones empresariales en ese bolsón, porque ellas se regían por la Ley 849, Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, aprobada en el 2013, que las obligaba a inscribirse ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Sin embargo, en agosto de 2022, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 1127, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y de Reformas a la Ley 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física. Uno de los objetivos de esta ley fue obligar a las entidades gremiales empresariales a convalidar su registro ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), a cargo del Ministerio de Gobernación, ahora Ministerio del Interior.
Es un secreto a voces que desde la entrada en vigencia de esta ley a algunas organizaciones ni siquiera les recibieron la documentación y otras con más suerte, nunca lograron completar los “documentos adicionales” que les exigen. Ante estas dificultades, la mayoría de los empresarios simplemente esperan la fecha del anuncio de la muerte jurídica de sus organizaciones.
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Primero contra los grandes empresarios
Tras seis meses de vigencia de la nueva ley, el entonces Ministerio de Gobernación, que casi todos los días anuncia la cancelación de personerías, enfiló sus cañones hacia el sector empresarial. El 3 de febrero de 2023, con el argumento de que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) no completó el proceso de convalidación de registro, conforme a lo establecido en la Ley 1127, le canceló la personería jurídica, y con ello puso fin a más de treinta años de funcionamiento como interlocutor entre los bancos privados y los gobiernos.
El 3 de marzo del 2023 le tocó el turno al otrora todopoderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que por más de una década fue la contraparte del ensalzado modelo de diálogo-consenso entre los empresarios y el Gobierno, que Ortega vendía como uno de sus más grandes logros e incluso elevó a rango constitucional. Ese mismo día, junto al Cosep, que tenía personalidad jurídica desde 1991, le cancelaron la personalidad jurídica a las 18 cámaras más importantes que lo integraban:
Cámaras cerradas
1. Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec)
2. Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur)
3. Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC)
4. Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic)
5. Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan)
6. Asociación Nicaragüense de Formuladores de y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda)
7. Cámara de Microfinanzas (Asomif)
8. Cámara de Energía de Nicaragua (CEN)
9. Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)
10. Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN)
11. Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin)
12. Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)
13. Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa)
14. Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva)
15. Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa)
16. Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur)
17. Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma)
18. Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic)
Ahora contra los pequeños y medianos
En el transcurso del año pasado y los primeros meses de este año la lista sigue creciendo. Después de acabar con las organizaciones de los grandes empresarios de la capital, pasaron a las departamentales y luego a las municipales. Muchas de las que están cerrando ahora esa socias de las cámaras empresariales que cerraron el año pasado y entre las que se sumaron a las listas en las últimas semanas están:
1. Asociación Cámara Forestal de Nicaragua (CFN)
2. Asociación de Industriales Exportadores de Nicaragua (Aniex)
3. Fundación del Consejo Superior de la Empresa Privada (Funcosep)
4. Asociación de Agricultores de Chinandega (Adach)
5. Asociación de Ganaderos y Productores de Tipitapa (Asogaproti)
6. Asociación de Ganaderos de Villanueva (Asogavi)
7. Asociación Nacional de Productores de Sorgo (Anprosor)
8. Asociación Cámara Nicaragüense de Corredores de Bienes Raíces (CNCBR)
9. Asociación de Algodoneros y Agricultores del Departamento de León (ADAL)
10 Cámara de Comercio y Servicios del Departamento de Chinandega
11. Asociación Cámara China de Comercio de Nicaragua (La Cámara)
12. Asociación Cámara de Comercio Taiwanesa en Nicaragua
13. Asociación Cámara Empresarial Taiwanesa Nicaragüense (Cetainic)
14. Asociación de Ganaderos de Chontales
Ante la imposibilidad de conseguir la convalidación del registro ante el Ministerio del Interior, muchas organizaciones prefieren cerrar. Recientemente el Ministerio del Interior le autorizó la disolución voluntaria a la Red Centroamericana de Microfinanzas (RedCamif) y la Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas (Anapri).
Cierres deteriorarán la productividad
Una de las pocas organizaciones empresariales que ha sobrevivido es la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), cuyas oficinas funcionaban dentro de las instalaciones de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), que tras su cierre fueron confiscadas. AmCham tiene capítulos en prácticamente todos los países del continente y una de sus funciones es promover las inversiones de Estados Unidos en el país donde funcionan, pero actualmente se desconoce si en Nicaragua está realizando alguna función.
Para un dirigente del sector agrícola, que por temor a represalias también pide no mencionar su nombre, es lamentable que en la lista “haya de todo”, y explica que cada asociación funciona de manera diferente, de acuerdo con las necesidades de sus asociados. “Pero en la mayoría de los casos tienen la responsabilidad de buscar mejores precios para sus cosechas, capacitar a sus socios en diversos aspectos de sus negocios e impartirles conocimientos que les ayuden a mejorar la productividad de sus actividades agropecuarias.
“Hay otras con mayor grado de organización, que incluso hacían compras de fertilizante en volúmenes grandes para luego venderles a precios más bajos a sus socios para que redujeran sus costos de producción. Otras tenían profesionales que le brindaban la asistencia técnica, seguimiento y manejo de sus cultivos”, dice el productor agrícola.
Atentan contra la libertad empresarial
Además, advierte que probablemente el impacto del cierre de estas organizaciones en la productividad no se verá inmediatamente, pero en el mediano y largo plazo, si las empresas agroindustriales que compran la producción de arroz, caña, maní, yuca, café e incluso los mataderos que compran las reses, no ayudan a los productores a mantenerse al día con la adopción de nuevas prácticas y el uso de tecnologías, el retraso tecnológico impactará en la productividad.
Por su parte, el dirigente del sector industrial lamenta que en esa lista estén incluidas organizaciones como la Asociación de Ganaderos de Chontales, que tenía tantos años de existir y que lo único que hacía era generar beneficio al sector productivo.
“En los gremios hay asesorías, asistencia técnica, se intercambian experiencias entre productores, se apoyan para solucionar problemas e incluso sirven de interlocutores ante los gobiernos locales y nacional. Creo que estos cierres no aportan ni un grano de arena a la tan cacareada libertad empresarial y al desarrollo económico”, señala el dirigente empresarial.
Pérdidas millonarias
Además, insiste en que la mayoría de estas organizaciones que han cerrado, si no es que todas, “eran totalmente apolíticas, en ellas confluían sandinistas, liberales, conservadores, etc., y nunca fueron parte de la política partidaria. Sin embargo, así es la vida en el paisito”, lamenta el dirigente industrial.
Por su parte, un dirigente gremial que también pide anonimato por temor a represalias, considera que estos cierres acabaron con la libertad de asociación. “El impacto principal de este tipo de decisiones es por un lado el desmantelamiento de la libertad de asociación, en donde al igual que en el ámbito social y político, no están permitiendo otras expresiones que no sean las propias”, señala y además advierte que estos cierres provocarán un impacto negativo en las expectativas de los integrantes de los sectores afectados que se percibirá con el tiempo.
La muerte jurídica del Cosep, que aglutinaba a las grandes cámaras y estas a su vez aglutinaban a las organizaciones que funcionaban en los territorios, ha dificultado cuantificar los daños provocados al sector empresarial por el cierre de casi medio centenar de organizaciones.
Sin embargo, el dirigente empresarial asegura que “desde el punto de vista de las asociaciones cerradas, el cierre ha generado impacto en la pérdida de empleo, el congelamiento de cuentas y la confiscación de propiedades. Entre cuentas, propiedades y bienes muebles e inmuebles esto tiene un impacto millonario”, recalcó.
