La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Cataluña condenó los abusos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y pidió a la Unión Europea (UE) que aumente el número de sancionados para «incluir a Ortega» y su círculo próximo en una resolución publicada el 3 de junio en el boletín oficial de esa institución.
Los miembros de la comisión votaron de manera unánime la propuesta sobre Nicaragua, que realizó el Partido Popular. En mayo se dio una audiencia, en que se abordó la situación de derechos humanos en Centroamérica, incluyendo la nicaragüense, la de El Salvador y Guatemala.
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Según información oficial, la UE ha sancionado a 15 funcionarios desde 2021, encabezados por la dictadora Rosario Murillo y tres de sus hijos: Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
Los legisladores catalanes piden también que se exhorte al régimen para que revoque la reforma constitucional y las leyes represivas que institucionalizaron el «totalitarismo». Asimismo quieren que se refuercen los mecanismos de apoyo a los exiliados nicaragüenses .
Demandan libertad de los presos políticos
Los parlamentarios catalanes demandaron la libertad inmediata de todos los presos políticos y el restablecimiento del Estado de derecho en Nicaragua. Además, solicitan a la UE que incluya garantías específicas de respeto a los derechos humanos a la hora de asignar fondos a Nicaragua.
Según datos oficiales, entre enero y marzo de este año, solo España aparece entre los donantes con 9.2 millones de córdobas. El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, sugirió recientemente en una gira en Europa que presionara a Nicaragua por el tema democrático, exigiendo que todos los Estados partes del acuerdo de asociación «resguarden sus obligaciones internacionalmente adquiridas».
«El Parlamento de Cataluña condena en los términos más enérgicos las violaciones sistémicas y generalizadas de los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo contra la población, la oposición democrática, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil, así como la persecución de líderes religiosos, principalmente católicos; exige la liberación inmediato de todas las personas detenidas arbitrariamente y el restablecimiento del Estado de Derecho», dice la resolución catalana.
En la audiencia citada anteriormente estuvieron Edipcia Dubón, coordinadora de la Mesa Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en Centroamérica, y Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más. Ambos denunciaron el cierre del espacio cívico a manos de la dictadura. La periodista salvadoreña Angélica Cárcamo rindió su testimonio de manera virtual. Participó igual el exprocurador guatemalteco de derechos humanos, Jordán Rodas.
Dubón, desnacionalizada por el régimen Ortega-Murillo, afirmó que le sorprendió el profundo conocimiento sobre la realidad de Nicaragua que tienen los miembros del Parlamento catalán. En ese punto coincide con Arce.
«Esta resolución es resultado del compromiso sostenido de la sociedad civil catalana con la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia. Refleja también una larga tradición de solidaridad internacionalista con Centroamérica y, de manera particular, con Nicaragua», dijo Dubón.
Nicaragua: Consenso de fuerzas políticas catalanas
«En Cataluña hay un consenso de todas las fuerzas políticas de que en Nicaragua hay una dictadura que persigue y violenta de manera brutal los derechos humanos», agregó Arce, quien explicó que no ocurrió lo mismo con El Salvador, en que el partido Vox apoyó al Gobierno de Nayib Bukele.
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Los defensores de derechos humanos nicaragüenses recibieron con satisfacción el planteamiento del Parlamento de Cataluña de que las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua deben ser conocidas por la justicia internacional, según Arce.
Las vías de la justicia internacional
De acuerdo con el documento, los parlamentarios catalanes instaron al gobierno de la Generalitat que sugiera al Ejecutivo de España que inicie investigaciones por crímenes de lesa humanidad sobre el régimen Ortega-Murillo, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), de conformidad con el Estatuto de Roma.
«Cualquier Estado parte del Estatuto de Roma puede recurrir al Estatuto de Roma, de la CPI en dos casos: Uno cuando hablamos de desplazamiento forzado. Ahí entran las expulsiones y los destierros de presos políticos y otras personas. ¿Por qué pueden recurrir? Porque el crimen de lesa humanidad se termina de configurar fuera del territorio. Eso lo ha establecido la CPI, a partir del caso de Myanmar«, explicó Arce inicialmente.
El abogado del Colectivo explicó que el otro caso se da cuando hay persecución política y religiosa. En esta situación también el delito se termina de configurar fuera del territorio y «ahí cabe la represión trasnacional», de acuerdo a su criterio. Aceptó que hay otras vías para perseguir delitos de parte de países como España, que pueden recurrir a la Corte Internacional de Justicia para las situaciones de apatridia.
«Para quienes hemos sido víctimas del despojo arbitrario de nuestra nacionalidad, la apertura de un proceso ante la Corte Internacional de Justicia que contribuya al restablecimiento de nuestros derechos constituye una demanda legítima y, al mismo tiempo, un importante acto de reparación frente a las graves vulneraciones sufridas, ojalá se pueda avanzar en esa dirección», afirmó Dubón.
Conforme con organismos de derechos humanos, el régimen ha despojado de su nacionalidad a unos 452 nicaragüenses desde 2023.
