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Tres meses después de ordenar la creación de una Comisión de Encuesta para que investigue las violaciones a los derechos de los trabajadores y empresarios, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nombró a las integrantes de esta, que en el plazo de un año deben entregar un informe. Esto implica que este proceso concluirá antes que se cumplan los dos años que, según las normas del organismo, toma desvincularse cuando los países deciden retirarse, como lo hizo Nicaragua. Con esto el caso avanza hacia un posible proceso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT y se recurre a él cuando un Estado miembro está acusado de «cometer violaciones persistentes y graves, y se niega reiteradamente a ocuparse de ello». Cuando esta falta de respuesta persiste la queja puede pasar a la CIJ cuya decisión es inapelable.
En sus más de cien años de historia la organización sólo ha recurrido a esta Comisión en 14 ocasiones, dos de ellas para Nicaragua, las dos veces bajo el mandato de Daniel Ortega. Luego de ocho años de investigación, en 1989 nombraron la Comisión y tres meses después estableció su agenda para el año de trabajo, en el que visitaron dos veces Nicaragua.
Proceso avanza rápido
Sin embargo el proceso concluyó sin sanciones, ya que las condiciones cambiaron, pues durante las visitas, el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (q.e.p.d.) asumía el control del país.
Ahora el proceso avanza más rápido. A finales de 2023 la OIT admitió la denuncia que presentó la Organización Internacional de Empleadores (OIE) contra el régimen Ortega Murillo, al que acusó de violar los convenios 87, sobre libertad sindical; 98 sobre derecho a la sindicación y negociación colectiva; 111 sobre discriminación en el empleo; y 144 sobre la consulta tripartita. En marzo de 2025 la OIT creó la comisión y la semana pasada, el Consejo de Administración de la OIT durante su 354 reunión nombró a las integrantes de la Comisión de Encuesta.
La dictadura Ortega Murillo anunció la salida de la OIT en febrero de 2025, pero este proceso toma dos años, por lo que la salida se concretará en febrero de 2027. Ante las actuales condiciones se espera que la Comisión no pueda ingresar a Nicaragua, por lo que es posible que establezca su centro de operaciones en un país cercano.
Integrantes de la Comisión de Encuesta
El grupo formado por tres mujeres lo presidirá la argentina Aída Kemelmajer de Carlucci. Ella fue jueza de la Corte Suprema de Mendoza, es doctora en Derecho, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba; miembro honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, España, fue miembro de las comisiones para la reforma del Código Civil de Argentina (1992-1998) y ha desarrollado una extensa actividad académica en numerosas universidades.
Además de la presidenta, la Comisión tiene dos miembros: la colombiana Cristina Pardo Schlesinger, exsecretaria jurídica de la presidencia de Colombia, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional de ese país, tiene una amplia carrera como docente y ha publicado varias obras sobre derecho constitucional.
La segunda integrante es la mexicana Graciela Bensusán Areous, profesora e investigadora de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y es autora de numerosas publicaciones, muchas de ellas relacionadas con el derecho del trabajo y relaciones laborales, con particular hincapié en los países y las instituciones, las organizaciones y las políticas laborales de América Latina.
¿Dónde fijará su punto de encuentro?
A criterio de dirigentes empresariales el proceso está avanzando con rapidez, ya que en marzo aprobaron la creación de la Comisión y el presupuesto para su funcionamiento, y ahora nombraron a las tres integrantes que comenzarán su trabajo en las próximas semanas.
«Las tres son mujeres de Argentina, Colombia y México, las tres son muy preparadas. Lo importante es que a ellas las nombraron en menos de tres meses, porque el mandato es que ellas tienen que entregar su informe en un año, por tanto estaremos dentro del margen de dos años que es el plazo que establece el proceso para que los países se desvinculen después de denunciar al organismo; entonces van a entregar el informe antes que Nicaragua salga. Es un caso similar a lo que ocurrió con la Organización de Estados Americanos (OEA)», explica uno de los dirigentes empresariales.
Según los consultados, es importante que la Comisión entregue el informe cuando Nicaragua todavía esté vinculada legalmente al organismo, porque eso los obligará a acatar las decisiones. Con respecto al proceso, consideran prácticamente imposible que les permitan ingresar, por lo que suponen que establecerán su «punto de encuentro», en un país cercano que podría ser Costa Rica.
Comisión de Encuesta tiene un año para informar
Se cree que elegirán ese país por su cercanía con Nicaragua, pero también por la amplia presencia de dirigentes empresariales, sindicales e incluso de organizaciones sociales, políticas y defensores de los derechos humanos, ya que las integrantes de la Comisión deben verificar el estado de los derechos laborales y empresariales en el país, y para hacerlo tienen que entrevistar a representantes de todos estos sectores.
«Ellas tienen que hacer un mapeo de la gente que se ha quedado afuera del país, dirigentes de las organizaciones empresariales y sindicales. Tienen que hacer una radiografía que explique la coyuntura. También tienen que hablar con los representantes de la oficina regional de la OIT que también funciona en el país vecino del sur y con otros espacios y programas que trabajan en el sector, ya que su objetivo es confirmar que se están violando los convenios que menciona la queja», señala uno de los dirigentes.
Teniendo en cuenta que desde el inicio de este proceso el régimen Ortega Murillo ha ignorado todos los llamados de la OIT es de esperarse que haga lo mismo con el informe de la Comisión de Encuesta y esta falta de respuesta abrirá la puerta para que la OIT traslade el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La denuncia ante ese tribunal se sustentaría en el artículo 29 de la constitución de la OIT, que contempla dicho procedimiento y además advierte que cuando la queja llega hasta ese tribunal, la decisión que este tome sobre cualquier reclamación o cuestión es inapelable.
