Como parte del proceso de queja que la Organización Internacional de Empleadores (OIE) promueve ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el régimen Ortega Murillo, a quien acusa de incumplir cuatro convenios internacionales referidos a la libertad sindical, derechos de sindicación, negociación colectiva, discriminación ocupacional y consulta tripartita, la causa escaló un nuevo peldaño. Ante la reciente desestimación de la queja por parte del régimen, la OIE pidió que una comisión de encuesta verifique in situ el estado de los derechos de organización empresarial y sindical.
La comisión de encuesta es un procedimiento especial de la OIT que examina una queja y prepara un informe con averiguaciones y recomendaciones. La petición de crearla recibió el apoyo de varios países y fue presentada por la OIE, organización de la que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha sido miembro histórico. La solicitud la fue presentada la semana pasada, en ocasión de la 350 reunión del Consejo de Administración de la OIT, celebrada del 4 al 14 de marzo en Ginebra, Suiza.
La OIT tiene hasta noviembre para decidir si la autoriza, y de hacerlo, sería la segunda vez que le aplica ese procedimiento a Nicaragua. La primera se pidió en 1987, pero llegó hasta en las primeras semanas de 1990. Su visita coincidió, primero con la derrota electoral de Ortega y meses más tarde con las asonadas que los sindicatos sandinistas promovían para desestabilizar al gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Además, entre otras situaciones, la multiplicación de huelgas promovidas por los sindicatos, el retorno de la libertad empresarial y la devolución de algunas empresas confiscadas, dejaron en evidencia que la situación denunciada había cambiado.
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Nicaragua viola cuatro convenios de la OIT
En 1990 la comisión de encuestas de la OIT venía a verificar que durante el primer gobierno de Daniel Ortega se incumplía lo referido a tres convenios internacionales. Esto implica que el irrespeto actual es más grave, ya que la queja actual contempla la violación a cuatro convenios. Además, se convierte en una alerta más para quienes tengan la intención de invertir en Nicaragua.
Entre octubre y noviembre del año pasado, el Consejo de Administración de la OIT determinó que la queja sobre Nicaragua era admisible porque cumplía las condiciones establecidas en el artículo 26 de la Constitución de la OIT. La queja incluye incumplimientos por parte de Nicaragua a los derechos establecidos en los convenios número:
a). 87 de 1984, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
b). 98 de 1949, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
c). 111 de 1958, Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) y
d). 144 de 1976, Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo).
En diciembre transmitieron la queja al Gobierno de Nicaragua y lo invitaron a responder a más tardar el 15 de enero de 2024. También, le pidieron designar un delegado para participar en las discusiones sobre este tema, realizadas en la reunión del Consejo de Administración que concluyó el 14 de marzo.
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La respuesta del régimen a la OIT
Como era de esperarse el régimen rechazó la acusación, la calificó de infundada y carente de sustento jurídico, alegando que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y sus cámaras perdieron la personería jurídica porque:
1. Incumplieron sus obligaciones legales como organización de la sociedad civil sin fines de lucro.
2. Y porque desde mayo de 2018, se negaron a participar en cualquier tipo de diálogo social y consultas tripartitas.
También alegó que entre 2008 y 2023 celebraron consultas y enviaron copias de 32 memorias sobre la aplicación de los convenios incluidos en la reclamación. También que realizaron consultas tripartitas periódicas en la Comisión Nacional del Salario Mínimo en las que lograron acuerdos.
Para un dirigente empresarial que por temor a represalias evita identificarse, la respuesta del régimen deja en evidencia que miente, ya que es de dominio público que las más de tres mil ONG clausuradas enfrentaron la negativa de las autoridades de recibir la documentación requerida para cumplir sus obligaciones. Además, asegura que fueron los funcionarios del régimen los que se retiraron de todos los espacios de negociación y solo en muy raras ocasiones volvieron a reunirse con dirigentes del sector privado.
Anitec firmó acuerdo, luego le quitaron personería
Prueba de ello es que en octubre de 2022 representantes de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec) y de la Federación de la Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas (ECNZFP), firmaron el acuerdo de ajuste salarial del periodo 2023-2027 para los trabajadores de las empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca.
Pero el 6 de marzo de 2023, es decir cinco meses después a Anitec junto a Cosep y todas las cámaras que lo integran les cancelaron la personalidad jurídica. Para el dirigente empresarial, todo lo que está ocurriendo en el proceso que se lleva en la OIT se suma a otros informes que evidencian la realidad que se vive en Nicaragua, entre ellos el que recientemente presentó el Grupo de Expertos de Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) de la ONU.
En dicho informe el Grupo le recomendó al Fondo Monetario Internacional (FMI) no evadir en las evaluaciones del Artículo IV, el uso de los recursos y el impacto del exilio forzado, de casi un millón de nicaragüenses en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
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“En Nicaragua no hay ley”
El dirigente empresarial también considera que estos informes y el proceso que sigue la OIT evidencian que en Nicaragua no existe ley. Daniel Ortega utiliza todas las instituciones del Estado para perseguir y reprimir a todo el que considere opositor o simplemente quien se atreva a quejarse o reclamar algo. A esto se suma que la ausencia de organizaciones empresariales elimina cualquier posibilidad de apoyo o protección a los empresarios. Esta situación tiene mucho peso al momento de elegir el país para invertir y seguramente es la causa de que no estén llegando inversiones nuevas a Nicaragua.
“Inversión nueva no está llegando, lo que hay es reinversión, pero esto se suma a los informes que están saliendo a nivel internacional y este de manera puntual, porque está relacionado con el sector empresarial. Los inversionistas que ahora lleguen al Nicaragua saben que no hay ningún tipo de respaldo de parte de las organizaciones empresariales como existe en otros países del mundo”, dice el dirigente.
Además, recuerda que producto del esfuerzo que durante mucho tiempo realizó el sector privado existía una Ley de Mediación y Arbitraje que en otros países existe, pero en Nicaragua ya no.
“Nicaragua es tierra de nadie”
“Básicamente en Nicaragua ahora el inversor llega a tierra de nadie, ahí no hay ley, todo se maneja totalmente sujeto a las decisiones arbitrarias del régimen. No hay cómo defenderse porque no existen abogados que te defiendan, ni ningún tipo de proceso legal que respalde al empresario si se presenta alguna discrepancia con las autoridades”, advierte el dirigente.
Mientras la OIE empuja la queja contra Nicaragua por la violación a los derechos de los trabajadores y empleadores consignados en cuatro convenios de la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT también ha expresado su preocupación por el persistente clima de intimidación y hostigamiento hacia las organizaciones independientes de trabajadores y empleadores.
De momento solo resta esperar la respuesta de la OIT sobre la comisión de encuesta, que la conformarían miembros de gobiernos miembros de la OIT. El régimen está obligado a recibirla, aunque conociendo la forma en que ha actuado en los últimos años no sorprendería que le niegue el ingreso. La última comisión de este tipo que la OIT autorizó fue para Venezuela donde sí se le permitió el ingreso.
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