Después de afirmar que Daniel Ortega, Rosario Murillo y los funcionarios al mando de las instituciones involucradas en la represión estatal y los crímenes de lesa humanidad, deben responder ante la justicia, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, le recomendó al Fondo Monetario Internacional (FMI) no evadir en las evaluaciones del Artículo IV, el uso de los recursos y el impacto del exilio forzado, de casi un millón de nicaragüenses en el crecimiento del PIB. Además, sugirió a los países condicionar, al respeto a los derechos humanos, el acceso de Nicaragua a los mercados.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado una misión técnica del FMI visito Nicaragua para realizar la evaluación anual llamada Articulo IV y en enero pasado el directorio del organismo presentó el informe sobre dicha evaluación. En su reporte, ignoró el desmantelamiento de las organizaciones del sector privado, a pesar que en evaluaciones anteriores recogía la opinión de sus dirigentes; además calificó como un fenómeno nuevo la migración del 8.7 por ciento de la población y dijo que es difícil estimar el efecto conjunto neto de la emigración y las remesas sobre el crecimiento del PIB real debido a cuestiones de endogeneidad.
La petición de condicionar las relaciones económicas y financieras al respeto de los derechos humanos que incluye el informe del GHREN, también la hizo el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense al presidente Joe Biden en una carta presentada el 29 de febrero de 2024. Esa misma petición aparece también en la resolución que el Parlamento Europeo aprobó en junio del año pasado, pero se conoció el 23 de enero de 2024.
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Petición del GHREN coincide
El informe del GHREN pide que, “con respecto a las consultas del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Nicaragua, al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos del FMI, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua”, se debe velar por que los hallazgos y conclusiones del Grupo se tengan en cuenta, en particular, en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, dice el segundo informe del GHREN de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentado el 29 de febrero de 2024.
Además, el GHREN insta a los países a “condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los objetivos de política no comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua”.
También, sugiere a las instancias pertinentes que “al evaluar el cumplimiento por parte de Nicaragua de las normas contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, en relación con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” apliquen el principio de “no hacer daño”.
Revisar el DR-Cafta para Nicaragua
Mientras tanto, la resolución que el Parlamento Europeo aprobó en junio del año pasado, pero se conoció hasta el 23 de enero de 2024, pide condicionar el financiamiento que se entrega a Nicaragua, incluso a través del BCIE. “Pide a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros, que incluyan garantías específicas de respeto de los derechos humanos en relación con los fondos europeos asignados, incluso cuando estos fondos se asignen a través de instituciones multilaterales y financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que lleven a cabo un control estricto para garantizar que estos fondos no contribuyan a fortalecer el régimen nicaragüense”.
Un dirigente empresarial que por temor a represalias solicita anonimato, considera importante que la posición del GHREN sea similar a la solicitud que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos le presentó esta semana al presidente Joe Biden, y que coincida con lo que establece una resolución que el Parlamento Europeo que se conoció recientemente.
“Hay un denominador común tanto en el informe del GHREN como en la solicitud del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos al Presidente Biden y la resolución del Parlamento Europeo dada a conocer el 23 de enero pasado, en relación a la solicitud a la comunidad internacional, al ejecutivo americano y a los gobiernos que integran la Unión Europea, para que evalúen el tema de la gobernanza en el uso de los financiamientos al régimen Ortega Murillo por parte de los organismos multilaterales y financieros”.
El dirigente empresarial añade que también hay coincidencia en la petición de ampliar la supervisión del financiamiento externo, para que no sea utilizado de manera incorrecta; y en la de incluir garantías especificas de cumplimiento en materia de derechos humanos.
Senado pide implementar la Ley Renacer
Sin embargo, admite que le corresponde a los Gobiernos, ejercer la presión necesaria, para que estas recomendaciones no queden en papel y que su implementación no solo sea una realidad, sino que sea efectiva. “Esto aplica no solo para las recomendaciones en el ámbito económico financiero, sino para las distintas recomendaciones políticas y sociales”, señala el dirigente empresarial.
La solicitud que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos le presentó esta semana al presidente Joe Biden incluye varias acciones adicionales que la Administración Biden puede impulsar para “incentivar al régimen Ortega-Murillo a cambiar de rumbo”. Entre estas acciones se contempla: “exponer las violaciones de Nicaragua bajo el DR-Cafta y reevaluar los beneficios de Nicaragua bajo el acuerdo comercial; y ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, incluidos los préstamos por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”.
La petición del Senado también dice que mientras el “Congreso trabaja para reautorizar la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (Ley NICA), que expiró en diciembre”, instan a la administración Biden a implementar plenamente la Ley bipartidista Renacer de 2021 y continuar utilizando las autoridades otorgadas por la orden ejecutiva 14088 de manera consistente con la Ley NICA”.
Regulación antilavado para reprimir
Para un economista que también solicita anonimato por temor a represalias, hace muchos sentido que el informe del GHREN solicite al FMI no evadir en sus informes la realidad nicaragüense. “Porque lo cierto es que el FMI ignoró por completo esta problemática desde el punto de vista de gobernabilidad que el informe del GHREN está señalando. E igual se hacen de la visa gorda las autoridades en los otros casos. La situación de Nicaragua está lejos de ser normal y no se puede normalizar ni obviar las violaciones de derechos humanos que se que se están cometiendo”, asegura.
Por su parte el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, señala que hay tres elementos adicionales que no se mencionaron en el informe anterior del GHREN. “Uno tiene que ver con los esfuerzos que debe hacer Nicaragua en relación al lavado de dinero relacionados a la regulación bancaria. Ahí lo que está diciendo el informe es que no hay que confundir la regulación bancaria, por ejemplo, de Basilea II y llevarlas hacia un ámbito de persecución y hacer daño políticamente”.
Chamorro añade que entre líneas el informe del GHREN reconoce que la dictadura de Nicaragua está utilizando las regulaciones antilavado, y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como forma de espionaje y persecución política. Es decir, que están usando estas normas internacionales antilavado para violar los derechos humanos.
No piden excluir a Nicaragua de los TLC
Además, Chamorro explica que el informe se refiere a los Tratados de Libre Comercio (TLC), pero no pide que excluyan a Nicaragua de esos convenios, sino que que se utilice la fuerza de esos TLC, para evitar que se sigan violando los derechos humanos en Nicaragua. Y con respecto a la petición directa que hace el informe del GHREN al Fondo Monetario Internacional (FMI), señala que existe una cláusula en el pacto constitutivo del organismo que lo obliga a incluir en sus informes lo que está ocurriendo en los países.
“Hay una cláusula en el acuerdo constitutivo del FMI que establece que se debe hacer un reporte sobre todo lo que está pasando en los países. Entonces lo que dice el informe es, está bien que mencionen el tema económico, que vienen más remesas que estimulan el consumo y que hay un crecimiento. Pero, ojo su cláusula del Artículo IV sobre lo que está pasando en el país debe de incluir también elementos de violación a los derechos humanos, cosa que ustedes no están haciendo… Entonces de una manera diplomática están planteando que el tema de los derechos civiles, políticos y democráticos deben ser parte del Artículo IV”, expone Chamorro.
Con respecto al efecto que a los llamados que hace en el informe, Chamorro dice que es difícil predecir la respuesta que tendrá de parte de los países. Sin embargo, espera que al menos el FMI acate las sugerencias, ya que es parte del Sistema de Naciones Unidas al que también pertenece el GHREN.
¿Tendrán eco estas peticiones?
Por su parte el economista que solicitó anonimato duda que estas peticiones logren un cambio en la política represiva del régimen Ortega Murillo, no solo por el carácter selectivo de las sanciones que se aplicado, sino porque no percibe interés de parte de Estados Unidos ni de la Unión Europea de tomar acciones más drásticas, que quizás provocarían un cambio, porque lo que hasta ahora se ha hecho no lo ha logrado.
Según el economista hay aspectos del Cafta que podría ser objeto de sanciones, y que no equivaldrían a afectar todo el tratado, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Pero si se han suspendido préstamos nuevos en los organismos internacionales. “Así que la pregunta es, si se hará algo más o diferente como resultado del informe, no estoy muy seguro. El informe puede influir quizás en algunos actores que pueden ser clave y en algún momento presionar por otro tipo de medidas de las que se están viendo”, dice el economista.
Además, señala que un cambio drástico en Estados Unidos podría darse si Donald Trump vuelve al poder. “Trump vendría mucho más duro que Biden con respecto a Nicaragua, así que en parte lo que pase, dependerá de los procesos dentro de los países, y el informe puede que ilumine e influya en dimensionar la magnitud de lo que se está viviendo en Nicaragua. Desde ese punto de vista si puede ser influyente”, sostiene el economista.