El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, la copresidenta y primera dama, Rosario Murillo y otros altos funcionarios del Estado —identificados en cadena de mando— deberían ser investigados judicialmente como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal«, indica el Grupo en un nuevo informe presentado este jueves 29 de febrero, en Ginebra, Suiza, al concluir el segundo año de investigación.
Además de Ortega y Murillo, identificados como «máximos responsables de los crímenes contenidos» en el informe —solo durante 2023— el GHREN identifica al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del poder judicial, Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas.
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El presidente del GHREN, Jan Simon, agregó que la dictadura «persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas».
Cabe destacar que en esta segunda parte de la investigación, el informe abarca las violaciones de derechos humanos cometidas por el orteguismo desde 2023, entre ellas el destierro y el despojo de la nacionalidad de 317 nicaragüenses, y va en sintonía con el primero, que fue presentado en marzo de 2023.
«El Gobierno ha desarrollado y ampliado aún más sus patrones de victimización. El Grupo tiene motivos razonables para creer que, durante el período que abarca el informe, se han perpetrado en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento y deportación, y que esos crímenes se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a personas opositoras o percibidas como tales, aplicada intencionalmente desde los más altos niveles del Gobierno», afirman.
Persecución generalizada alcanza a niños y niñas
La investigación del GHREN revela que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura orteguista son dirigidos a civiles, incluidos niños y estudiantes, con fines políticos.
A su vez, identifica como víctimas de la persecución generalizada a miembros de diferentes sectores de la sociedad desde sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del poder judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y campesinos.
«Los propios familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos son victimizados por la única razón de ser parientes de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales», indican.
El GHREN también apuntó que la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen son particularmente graves cuando afectan a las niñas y a los niños, quienes fueron discriminados y vulnerados en sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres, que contraviene con la Convención sobre los Derechos del Niño.
«Algunas niñas y niños han sido separados de sus padres, a quienes se les expulsó o impidió la entrada en Nicaragua, y también porque a los niños se les habría negado un pasaporte válido para reunirse con sus padres», denunció y reprochó el GHREN.
Estructura de mando de la represión
Por primera vez, el Grupo de Expertos de la ONU identifica la estructura de mando de la represión y enumera las responsabilidades penales individuales.
El GHREN además de identificar a la pareja dictatorial, Porras, Guido, Aguilar y Cañas, identificó el rol de las instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro (DGRC-OSFL).
«El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo tienen control sobre todos los demás poderes e instituciones del Estado. El Grupo identificó que el presidente y la vicepresidenta dan órdenes —directamente o a través de asesores de confianza— a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares», indicó el GHREN.
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Detalló que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, «ha apoyado al Gobierno promoviendo la adopción de reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión. La Asamblea Nacional aprobó varias reformas constitucionales que entraron en vigor sin haber seguido el procedimiento previsto en la Constitución. Al menos tres de estas reformas fueron aprobadas por unanimidad. En un caso, Porras reconoció públicamente que la Asamblea Nacional había actuado siguiendo las órdenes del presidente».
Sobre el magistrado del poder judicial «el Grupo identificó que Aguilar recibía órdenes de la vicepresidenta, de dos asesores presidenciales o de la fiscal general, y luego las comunicaba al resto del poder judicial convocando a su oficina a uno o más jueces de confianza. Estos jueces, a su vez, ejecutaban directamente las órdenes o las comunicaban a otros jueces y empleados judiciales».
En cuanto a la responsabilidad de la fiscal general, el GRHEN «confirmó la existencia de una denominada ‘granja de troles’ que se extiende a diversas plataformas en línea propiedad de Meta y que se creó para producir pruebas falsas contra personas opositoras o percibidas como tales y para acosarlas en línea. La granja se gestiona desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia; las ‘pruebas’ producidas son utilizadas posteriormente por el Ministerio Público para respaldar acusaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales».
Y del viceministro y secretario político del Ministerio del Interior —antiguo Ministerio de Gobernación—, el Grupo de Expertos afirmó que Luis Cañas se encarga de ejecutar las órdenes de la pareja dictatorial sobre la liberación o no de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales, la cancelación de organizaciones sin fines de lucro, y las decisiones que afectan a la libertad de circulación.
«Cañas, a su vez, se encarga de que estas sean ejecutadas por el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, y la Dirección General de Migración y Extranjería, respectivamente», apuntó.
Viceministro del Interior, Luis Cañas
Las recomendaciones del GHREN
El Grupo reiteró al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional, las recomendaciones enumeradas en su primer informe y las presentadas en su actualización oral del 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Además brindó las siguientes recomendaciones a la comunidad internacional:
A. Hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuenta por sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961;
B. Con respecto a los nicaragüenses privados de su nacionalidad, obligados a salir o a los que se les ha negado la entrada en el territorio de Nicaragua, y/o que han huido de Nicaragua:
- Utilizar los resultados y conclusiones del Grupo para garantizar un acceso justo y eficaz a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatuto.
- Aplicar los criterios más amplios para el reconocimiento de la condición de refugiado contenidos en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984;
C. Velar por que los resultados y conclusiones del Grupo se tengan en cuenta, en particular, en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales:
- Al evaluar el cumplimiento de Nicaragua con las normas contra el lavado de dinero, contrarrestar el financiamiento del terrorismo, y contrarrestar el financiamiento de la proliferación de normas, especialmente con respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, aplicando el principio de “no hacer daño”;
- Con respecto a las consultas del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional con Nicaragua, al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos del FMI, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua.
- Al condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los Objetivos de Política No Comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua.
D. Reforzar la capacidad de los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses.