El régimen de Daniel Ortega aplicó en pleno inicio del año una barrida en su planilla gubernamental, que implicó enviar al desempleo a más de 700 colaboradores en enero, según muestran cifras recién actualizadas publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
En enero la planilla gubernamental ascendió a 111,812 empleados, inferior a los 112,522 que habían hasta en diciembre del año pasado. En el último mes del año, el aparato estatal ya había sufrido una reducción respecto a noviembre, por lo que en los últimos dos meses al menos 1,485 servidores públicos han sido despedidos en el bimestre de referencia.
La cifra en enero de este año es incluso menor que los 112,892 trabajadores que habían en igual mes del año pasado. Es decir que hay una merma de 1,080 plazas en el sector gubernamental.
El Banco Central en su publicación desglosa la planilla gubernamental en los cargos de dirección, servicios administrativos, técnicos científicos, docencia, servicios generales, producción y salud.
Menos personal en el sistema educativo
Al respecto, los números reflejan que los estudiantes se encontraron este año a un sistema educativo mermado, porque el mayor recorte se dio en este segmento gubernamental. En enero, 50,121 docentes estaban dentro del sistema, inferior a los 50,421 contabilizados en diciembre pasado, lo que implica una reducción de 300 trabajadores.
También hubo recorte en el sector salud, que junto a educación conforman los bolsones de trabajadores más grandes del Estado. En enero, la planilla en este grupo ascendió a 21,026 empleados, es decir 119 menos comparados con los 21,145 reportados en diciembre pasado.
En el grupo de servicios generales el régimen decidió aumentar la contratación. Esta planilla pasó de 13,765 colaboradores en diciembre pasado a 13,820 en enero de este año.
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Recorte puede ser mayor
“Probablemente estas cifras solo reflejan parcialmente la barrida que hay en el Estado, recordá que en el poder judicial hubo a finales del año pasado también despidos a muchos de los cuales no se les quiso pagar su liquidación en virtud de la ley que aprobaron en diciembre, donde establecieron nuevos requisitos para poder acceder a la indemnización. Lo que estás viendo en esas cifras es una visión parcial de lo que está pasando en el Gobierno, donde ni ellos pueden sostener el empleo a la gente”, explicó un analista político que prefiere no ser citado.
En diciembre del año pasado, el régimen de Ortega ordenó una reforma al artículo 113 de la Ley 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, para reducir la cuantía de la indemnización que reciben los trabajadores al cesar sus funciones. Con la ley anterior, después de seis años de trabajo, recibían cinco salarios. Ahora tendrán que trabajar más de veinte años para recibir esos cinco salarios cuando renuncien; y a los que despidan no les darán nada.
Eliminaron liquidación
Ese mismo mes y en un intento por justificar la acción, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que el problema era que los empleados públicos tras cumplir seis años de trabajo, cerca del 70 por ciento renunciaba y pedía la indemnización para irse a laborar al sector privado.
Esta alta tasa de rotación, según Porras, los habría obligado a eliminar un derecho que los trabajadores adquirieron en 1995 durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, a través de un proceso de concertación que elevó de un mes a cinco meses la indemnización laboral de los trabajadores públicos y privados.
“Ahí es donde se llegó a lo que encontramos ahora, que cuando tenés un año, un mes; cuando tenés dos años, dos meses; cuando tenías tres años, tres meses, y después al cuarto, quinto y sexto año, veinte días por cada uno de ellos, para un total de cinco meses por seis años… Después de los seis años, lo mismo, aunque tengás treinta años”, detalló Porras.
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Despedidos, los mayores perdedores
Cabe mencionar que a los trabajadores que despiden no les dan ninguna indemnización, por lo que estos más de 700 que salieron de la planilla en enero fueron las primeras víctimas de la arremetida del orteguismo contra un derecho ganado en 1995.
En el grupo de técnicos científicos también se produjo un recorte de trabajadores. La planilla pasó de 11,205 en diciembre a 10,981 en enero de este año, es decir una merma de 224 trabajadores en un solo mes.
En el caso de los servicios administrativos también se alteró por reducción de personal. En diciembre estos eran 10,423 colaboradores y para enero este personal cayó a 10,329, lo que implicó que 94 comenzaron el año sin trabajo.
Para los cargos de dirección se redujo personal en enero, pasando de 4,706 en diciembre a 4,666, lo que implicó que 40 personas perdieran su empleo en el Gobierno.
Y finalmente, en el subgrupo de producción, que es el más pequeño de toda la planilla estatal, este pasó de 857 empleados a 849 en enero de este año. Este fue el grupo menos afectado por el recorte de personal en el Estado.