Tras varias semanas de haber cercenado el derecho de los trabajadores del sector público y municipal, de recibir cinco salarios de indemnización cuando renunciaban con al menos seis años de antigüedad, el sindicalista Gustavo Porras admitió que esto es una especie de “castigo” para los funcionarios que tras cumplir seis años de trabajo renunciaban para irse al sector privado. Según Porras los cinco meses de indemnización eran un incentivo perverso heredado del neoliberalismo. Ahora los funcionarios públicos y municipales tendrán que trabajar más de veinte años para recibir indemnización de cinco salarios.
Porras es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y también coordinador del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Sin embargo, desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, Porras abandonó su papel de defensor de los derechos de los trabajadores para enfocarse en garantizar la fidelidad partidaria, que el oficialismo le ha retribuido al mantenerlo por más de dos décadas como diputado y siete como presidente de la Asamblea Nacional, cargos que le garantizan un salario de varios miles de dólares mensuales y otros beneficios.
El 15 de diciembre, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, Porras dio un discurso de rendición de cuentas en el que también admitió que esta es la segunda vez que el sandinismo recorta el monto de las indemnizaciones que reciben los trabajadores del sector público.
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¿70 % de la planilla estatal renuncia cada seis años?
La justificación de Porras para arrebatarle a los trabajadores un derecho que adquirieron en 1995 es que al cumplir seis años de trabajo, cerca del 70 por ciento de los funcionarios renunciaba y pedía la indemnización para irse a laborar al sector privado.
“Si ustedes revisan en sus instituciones como lo hicimos aquí y como lo hemos hecho en salud y en otras, más del 60, casi el 69 por ciento de las renuncias en el Estado se dan en los primeros seis años de trabajo. Eso sube a los diez años, sube a 85 por ciento, de tal forma que va elevándose y arriba de veinte años de trabajar en el Estado a duras penas es entre el 6 y el 8 por ciento de la gente renuncia. Es decir, la primera conclusión es que la mayoría de la gente renuncia en los primeros años”, aseguró Porras.
Esta alta tasa de rotación, según Porras, los habría obligado a eliminar un derecho que los trabajadores adquirieron en 1995 durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, a través de un proceso de concertación que elevó de un mes a cinco meses la indemnización laboral de los trabajadores públicos y privados. “Ahí es donde se llegó a lo que encontramos ahora, que cuando tenés un año, un mes; cuando tenés dos años, dos meses; cuando tenías tres años, tres meses, y después al cuarto, quinto y sexto año, veinte días por cada uno de ellos, para un total de cinco meses por seis años… Después de los seis años, lo mismo, aunque tengás treinta años”, detalló Porras.
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Más de veinte años para recibir cinco salarios
Con la reforma aprobada en noviembre, ahora los funcionarios estatales y municipales deben laborar más de veinte años seguidos para recibir una indemnización de cinco salarios, similar a la que pagan las empresas del sector privado. E igual que antes, aunque tengan treinta años o más años de antigüedad, solamente recibirán cinco salarios de indemnización.
Además, aunque Porras no lo mencionó en su discurso, al no consignarlo en la ley se da por hecho que los funcionarios públicos y municipales que cesen labores por despido no recibirán ni un centavo de indemnización.
“Se aprobó un proceso inverso… tenés que trabajar (tres años) para tener derecho de indemnización por antigüedad. Después, de los tres a los diez años un mes; de los diez a los quince años dos meses; de los quince a los veinte años tres meses, y ya después de los veinte, hay estabilidad y ahí saltás a los cinco meses”, detalló Porras, al tiempo que aseguraba que este cambio no implica que estén en contra de los trabajadores.
Indemnización de cinco salarios era perversa
Según el diputado sindicalista, la reforma tiene lógica y es correcta, ya que respeta lo dispuesto en los Convenios Colectivos de las instituciones, “porque no es que estén en contra de los trabajadores”, sino que se corrigió algo que consideran era un incentivo perverso.
“Era un incentivo perverso, mucha gente se iba, entraba en el Estado, agarraba la práctica, aprendía a trabajar como todos. Nosotros aprendemos a trabajar cuando estás trabajando. Además, nuestro Estado es muy bueno en el sentido de que capacita, manda a estudiar, hay una serie de mecanismos, preparamos a la gente y después zas, se llevaban sus cinco meses y se iban al sector privado”, criticó Porras.
Según Porras, la indemnización de cinco salarios se estableció en 1995 porque el neoliberalismo pretendía liberar las relaciones laborales para despedir a todos los sandinistas que trabajaban en el Estado. “Lo que querían esos patrones montados en el Estado era poder correr. Poder corrernos a nosotros los sandinistas que estamos allí en el Estado, eso era, entonces comenzaron a decir, inventaron el artículo 45, que el artículo 45 es que yo te puedo correr porque necesito correrte, aunque te pague”, señaló.
En los 80 también redujeron la indemnización
El diputado también recordó que no es la primera vez que cercenan el derecho a la indemnización de los empleados estatales. El primer recorte lo aprobaron en los años ochenta, durante el primer gobierno de Daniel Ortega, cuando bajaron de dos a un mes la indemnización que les heredó el Código Laboral aprobado durante el somocismo.
Porras recordó que el Código del Trabajo aprobado en 1945 por el somocismo establecía que los trabajadores que recibían salario diario o semanal tenían derecho a ocho días de preaviso y los que ganaban por quincena o por mes, a uno o dos meses de salario.
“Ese fue el que encontró la revolución, un Código que decía… que si renunciabas con tiempo o si el patrón o la institución donde trabajabas te despedía, vos tenías derecho de uno a dos meses de preaviso. En 1980 la revolución modificó ese Código y lo modifica correctamente. Porque no es que lo modificó para aumentar, no, lo modificó para que no fueran dos meses, lo modificó para que fuera un mes nada más”, recordó Porras.
La justificación de aquel momento fue similar a la de ahora. “Había gente que se iba… imagínense en 1980, en 1981, entonces, no se podía estar pagando dos meses, entonces un mes y eso fue lo que quedó. Renunciabas, tenías derecho a poner tu tiempo de renuncia y tener derecho a un mes”, recordó Porras.
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Sector privado es el gran generador de empleo
Durante su discurso Porras detalló que sin incluir a los miembros de la Policía y el Ejército, la planilla estatal y municipal es de unos 140 mil trabajadores, lo que implicaría que unos 98 mil trabajadores saldrían de la planilla estatal cada seis años para entrar al sector privado, que sí tiene capacidad de absorberlos, en cambio el Estado tiene capacidad limitada de empleos.
“No es cierto que haya una transferencia de personas del sector privado al sector público, no es cierto y no es cierto por una sencilla razón. Si quitamos el Ejército y la Policía podés tener unos 130 mil o 140… trabajadores en el Estado, es decir, tenés un número de plazas determinadas, cómo vas a hacer para absorber una cantidad de personas que están en edad de trabajar, no hay forma, eso es inelástico”, admitió Porras.
Luego admitió que el principal generador de empleo es el sector privado ya que tiene capacidad de absorber a los que salen del Estado. “La mayoría de la gente sale del sector público al sector privado, ese es más o menos el flujo”, aseguró.
Barbosa aseguró que no habría recorte
La Ley 1173, Ley para el Cálculo de la Indemnización pro Antigüedad en caso de Renuncia de los Trabajadores del Estado que elevó a más de veinte años de trabajo ininterrumpido el plazo para tener derecho a la indemnización que antes se ganaba a los seis años, fue propuesta por Porras y aprobada de forma inmediata sin consultas en comisión, ni discusión en el plenario.
La nueva ley se aplica desde noviembre pasado a trabajadores del sector público, sean estos del poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
A criterio de especialistas, en otros tiempos, con una ley similar Porras no solo habría paralizado el país, como lo hizo entre 1990 y 2006, por asuntos que afectaban menos a los trabajadores; sino que lo habría incendiado e impedido a toda costa que esta ley se aprobara, ya que en derecho laboral la tónica es esa, no perder ningún derecho adquirido, sino ganar más beneficios.
Incluso, otros dirigentes sindicales, entre ellos Luis Barbosa, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), aseguraban que no se estaba restando ningún derecho adquirido, sino garantizando más beneficios. “Este es un nuevo logro de los trabajadores nicaragüenses. No les van a dar menos, ¿usted cree que los sindicatos vamos a permitir eso? No, no se le va a dar menos, eso es una manipulación”, aseguró Barbosa a LA PRENSA en noviembre, cuando se aprobó la reducción de la indemnización.
