Aunque la delegación de Nicaragua que participa en la 111 Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza, solo incluye a empresarios y sindicalistas afines a Daniel Ortega, la violación a las libertades individuales y colectivas de trabajadores y empleadores se abordó en el evento. La OIT expresó su preocupación por el persistente clima de represión, y le pidió al Estado garantizar el derecho a la libertad de asociación, promover un diálogo social y derogar las leyes aprobadas recientemente para criminalizar a las voces disidentes.
La Comisión insta al Gobierno a que «ponga fin inmediatamente a todos los actos de violencia, las amenazas, la persecución, la estigmatización, la intimidación o toda otra forma de agresión contra individuos u organizaciones en relación con el ejercicio, tanto de actividades sindicales legítimas como de las actividades de las organizaciones de empleadores, incluido el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)», dice una de las recomendaciones emitidas durante el evento anual de la OIT.
La organización también recomendó al Estado de Nicaragua adoptar medidas para garantizar que dichos actos no se repitan. Además pidió «que se restituya la nacionalidad nicaragüense a quienes hayan sido privados de ella por estos actos represivos; y que se ponga en libertad a todo empleador o sindicalista que pueda estar encarcelado en relación al ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones».
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Recomiendan diálogo bajo el auspicio de la OIT
La OIT considera que pueden encontrarse soluciones a la crisis a través de una negociación social entre las autoridades, trabajadores y empleadores, para la que se ofrece como patrocinador. «Promueva el diálogo social sin demora a través del establecimiento de una mesa de diálogo tripartito bajo los auspicios de la OIT, que esté presidida por un presidente independiente que cuente con la confianza de todos los sectores, que respete debidamente la representatividad de las organizaciones de empleadores y trabajadores en su composición y que se reúna periódicamente, tal como recomendó la comisión en 2022», dice una parte del texto de las recomendaciones.
También se aconseja derogar las leyes represivas aprobadas recientemente para criminalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el ejercicio del periodismo y a las voces disidentes en general. Derogar la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros; la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo, conocida como Ley de Traición a la Patria. Según la OIT estas leyes «limitan el ejercicio de la libertad sindical y de la libertad de expresión».
«La Comisión insta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para garantizar el pleno cumplimiento en la legislación y en la práctica de sus obligaciones dimanantes (provenientes) del Convenio», dice otra de las recomendaciones de la OIT.
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Los compromisos con la OIT
La OIT trabaja sobre cuatro ejes, que son: la libertad de asociación, sindical y el derecho a la negociación colectiva, que se rige por los convenios 87 y 98; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación, contemplada en los Convenios 100 y 101. Las violaciones que se le señalan a Nicaragua violan fundamentalmente compromisos incluidos en los Convenios 87 y 100 de los que Nicaragua es firmante.
Aunque la representación de Nicaragua que participa en el evento solo incluye a empresarios y sindicalistas afines al régimen que presentaron su punto de vista, a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), se presentaron en las comisiones respectivas las denuncia sobre las violaciones por parte del Estado de Nicaragua a los compromisos establecidos en los Convenios 87 y 111.
Con respecto a la violación a los compromisos derivados del Convenio 111 la Comisión dijo que «tomó nota con profunda preocupación del clima de violencia, inseguridad e intimidación que prevalece en el país, propicio para actos de discriminación en el empleo y la ocupación, basados en la opinión política… También tomó nota de las detenciones arbitrarias y de las continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluida la discriminación por motivos de género».
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La delegación nicaragüense
Además de instar al Gobierno a poner fin a estas prácticas discriminatorias que afectan a diversos grupos, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes que enfrentan discriminación racial en el mercado laboral, mientras otros enfrentan discriminación política, estableció como fecha máxima el 1 de septiembre de 2023 para que el Gobierno informe sobre los avances en la aplicación del Convenio 111.
Según información divulgada en el sitio web de la OIT, la delegación de Nicaragua que participa en la 111 Conferencia anual, que inició el pasado 5 de junio y concluye el viernes 16, la integran, entre otros funcionarios, la titular del Ministerio del Trabajo (Mitrab), Alba Luz Torres Briones; y el secretario general del Mitrab, José León Argüello Malespín.
En representación de los empresarios acudió Leonardo Zacarías Corea Torres, presidente de la Asociación en pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), organización que a raíz de la ruptura entre Daniel Ortega y el gran capital surgió con la intención de sustituir al Cosep, pero hasta ahora no da señales de crecimiento. Y Maritza Margarita Moncada, directiva de Aprodesni.
En representación de los trabajadores nicaragüenses participan en el evento el diputado sandinista José Antonio Zepeda López, presidente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden); Andrea del Carmen Morales Pérez, en representación de la oficialista Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE) y Flavia Ocampo, de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), que dirige el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras.
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