Todos los bienes de las cámaras empresariales quedaron expuestos a confiscaciones, luego que el régimen de Daniel Ortega ordenara cancelar la personería jurídica por supuesto incumplimiento administrativo ante la Dirección General de Registro y Control del Ministerio de Gobernación, en virtud de la Ley 1115, que desde agosto del año pasado también regula a las organizaciones empresariales.
La Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, Ley 1115, aprobada el 21 de marzo del 2022, establece en el artículo 47, que “cuando la cancelación (de la personería jurídica) se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo, el patrimonio del OSFL pasará a ser propiedad del Estado”.
Precisamente en ese mismo artículo se establecen nueve razones legales de por qué las organizaciones sin fines de lucro pueden perder su personería jurídica y con excepción del numeral 1, que está referido a la disolución y liquidación voluntaria de una organización sin fines de lucro, si estas entidades la pierden por otros ochos motivos, que a continuación se detallan todos sus bienes pasan al Estado.
Las ocho razones son:
- Cuando fuera utilizada para la comisión de actos ilícitos;
2. Cuando fuera utilizada para violentar el orden público;
3. Por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control del OSFL;
4. Cuando desnaturalicen los objetivos y fines para el que fue creado, conforme Acta Constitutiva y sus Estatutos;
5. Cuando tengan al menos 1 (un) año de incumplimiento ante la autoridad de aplicación, al no reportar estados financieros y cambios en la Junta Directiva;
6. Cuando sus actividades sean contrarias a la naturaleza de la personalidad jurídica, incluyendo el ánimo de lucro;
7. Por utilizar el esquema organizacional para promover campañas de desestabilización en el país, apoyando, facilitando e incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses;
8. Y por sanción administrativa derivada del incumplimiento a las obligaciones o realización de acciones prohibidas de conformidad a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y Normativa.
Y fue precisamente el artículo 47 de la Ley 1115 el que el régimen de Daniel Ortega aplicó a las 18 cámaras para despojar de la personalidad jurídica a estas organizaciones, así como al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), lo que allana el camino para que las mismas sean confiscadas y todos sus bienes sean traspasados al Estado.
El régimen a través de los acuerdos ministeriales No. 26-2023-O y el No. 27-2023-O ordenó que la liquidación de los activos y bienes se haga conforme a lo establecido en la Ley 1115.
Entre los argumentos que usa la dictadura para invalidar la personería jurídica de estas organizaciones figura que estas no completaron el proceso de convalidación de registro, esto pese a que LA PRENSA conoció que Gobernación llevaba semanas negándose a recibir la documentación de las organizaciones empresariales, aduciendo inconsistencias en los reportes, que aunque se corregían, los funcionarios insistían en no recibir los documentos.
Además el régimen aduce, en el caso de la Cámara Minera de Nicaragua, que tenía: 1. Variaciones en cuentas sin justificar, 2. Existen diferencias de saldos sin soportes, 3. No reportan detalle de ingresos y gastos, desconociéndose el origen y ejecución de los fondos, las que fueron notificadas y no aclaradas.
“Con estas acciones Caminic no promueve políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros periodo fiscal”, dice.
De hecho, expresidentes de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) emitieron este lunes un comunicado donde dijeron: “Los exdirectivos que nos encontramos fuera de Nicaragua no solo rechazamos esta Inconstitucional medida, sino que denunciamos ante la sociedad nicaragüense y ante la comunidad internacional la confiscación de nuestros activos que esta aberración jurídica implica”.