El sector empresarial estaría otra vez en la mira del régimen de Daniel Ortega, con el paquete de reforma y derogación de la ley que regula a las organizaciones empresariales, que otra vez volverán a ser controladas por el Ministerio de Gobernación, que ahora tendrá facultad para quitar personalidad jurídica sin necesidad de que este proceso pase por la Asamblea Nacional, algo que mandata la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 138.
El paquete de reforma fue calificado por analistas como “la muerte de la empresa privada agremiada”, que tendrá un plazo de 90 días para conseguir que el Ministerio de Gobernación —el verdugo de las organizaciones sin fines de lucro—, les valide su actual personalidad jurídica emitida por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), que las empezó a regular a raíz de la aprobación de la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales, Empresariales de Nicaragua (Ley 849), aprobada el 13 de diciembre del 2013.
La Ley 849 será derogada mediante una reforma de ley que se hará a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro (Ley 1115) y otras leyes, cuya iniciativa fue introducida el pasado 9 de agosto por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Tras la derogación, será la Ley 1115 la que regirá a las cámaras empresariales nacionales y binacionales, la misma legislación que ha sido usada por el régimen de Ortega para cerrar a más de 1,300 organizaciones sin fines de lucro.
Para crear el nuevo régimen de regulación de las organizaciones empresariales, el Gobierno ordenó crear un capítulo especial en la Ley 1115, denominado: Capítulo V, OSFL de cámaras gremiales empresariales.
En el mismo se establece en uno de sus artículos que estas organizaciones, al igual que las organizaciones del ámbito deportivo y de recreación, deberán iniciar un proceso de convalidación ante la Dirección General de Registro y Control de OSFL a cargo del Ministerio de Gobernación.
Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca +, indicó que la iniciativa enviada por Porras ni siquiera debería proceder porque la Constitución, que es la máxima ley de los nicaragüenses, en su artículo 138, numeral 5, se establece como atribuciones de la Asamblea: “Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles”.
Asimismo, Carrión recordó que la misma Constitución establece que no tendrán valor alguno: disposiciones, decretos, órdenes, leyes que se opongan a lo establecido en la misma Constitución. “Estamos hablando de la supremacía constitucional, conscientes que en tiranía los derechos y garantías son violentados y los hechos hablan por sí mismos. Pero en estricto derecho y en derecho constitucional para que tenga validez jurídica tendría que reformarse esos artículos”, afirmó.
En resumen, planteó que las potestades constitucionales no pueden ser delegadas a otro poder, menos a una jerarquía, a un ministerio del poder ejecutivo. Son facultades exclusivas y excluyentes, porque no las puede hacer otro.
Siguiente paso podría incluir cierre de cámaras
El analista Eliseo Núñez remarcó que es “ilegal” que el Ministerio de Gobernación (Migob) tenga esa facultad, porque hay un principio que dice que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. “Es decir vos no podés establecer que se le da personería jurídica a través de la Asamblea Nacional y que no tengás que volver al mismo ente, que es la Asamblea Nacional, que es un poder independiente para poder cancelarla. Ahí hay una contradicción jurídica que simplemente están dejándola pasar”, dijo.
De igual manera, indicó que el Migob no tiene procedimientos para recibir la documentación de las personalidades jurídicas. “Donde dice que si no has presentado tu documentación, estás en riesgo de perder tu personería jurídica. Hay un proceso en el Código Civil y en el Código de procedimiento civil para cuando se te niega el recibir documentos, pero no hay abogado que quiera hacerlo, que es un proceso notarial y también el ministerio da por no válido, no recibido y te cancela la personería, aunque hayas llegado a las puertas de Gobernación con la documentación requerida”, explicó.
Núñez hace énfasis de que Nicaragua está frente a un Estado de hecho, un Estado que no está teniendo ningún parámetro legal para poder establecer quién tiene y quién no tiene personería.
“Ahora las cámaras empresariales caen dentro de este ámbito y definitivamente lo que prevemos en los próximos meses es que van a haber muchas cámaras empresariales a las que se les van a cancelar la personería jurídica y en todo caso habrá algunas que sean chantajeadas para poder mantener su personería jurídica, que se sienten con el Gobierno, que digan cosas adecuadas a la política del Gobierno y ese tipo de cosas”, comentó el analista.
Remarcó “esto es la muerte de la empresa privada agremiada. Veremos qué impacto tiene ya en lo que es la economía real y la empresa privada”.
En la reforma de ley se establece que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio tendrá un plazo de sesenta días para trasladar al Ministerio de Gobernación toda la información y expediente de estas organizaciones empresariales para su debido resguardo y custodia.
La Dirección General de Registro y Control de OSFL ha sido señalada en múltiples ocasiones de negarse a recibir la documentación de las organizaciones sin fines de lucro desde el 2018, algunas de las cuales fueron despojadas de su personalidad jurídica por la Asamblea Nacional, utilizando la excusa de no estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Cierre de personalidades pasaría al silencio
Carrión indicó que al dejar en el Migob el cierre de las personalidades jurídicas se estarían haciendo “en silencio”.
“Como el acto abusivo (cierre de personalidades jurídicas) ha sido público, desde la Asamblea Nacional ya no quiere estar publicando ese acto de estar cerrando una, dos, tres, cien, mil, ya van más de mil doscientas”, expresó Carrión.
Consideró que se quiere “simplificar los costos políticos de una barbarie que se viene cometiendo con los cierres masivos y lo quieren hacer atentando contra el orden constitucional”.
Recordó que las agendas de la Asamblea y las sesiones son públicas, mientras que una cita del Ministerio de Gobernación se puede dar por teléfono y podrían no brindar copia de la cancelación.
Además indicó que dar al Ministerio de Gobernación el tema de las personerías jurídicas le da una connotación de “seguridad nacional” y desde antes de esta iniciativa se llegaba con temor a una cita del Migob.
Una especialista consultado por LA PRENSA, que pidió no ser citado por temor a represalia estatal, definió el paquete de reformas como “un golpe fuerte a los organismos gremiales, quienes estarán bajo la lupa del Gobierno (a través) del famoso proceso de convalidación y también deberán adecuarse a todos los requerimientos del Migob en materia de presentación de información financiera y no financiera. Y muchos de estos si reciben fondos externos, el Migob los obligaría a revisar el tema relacionado con la Ley de agentes extranjeros”.
“Es un cambio de marco jurídico regulatorio que puede poner en riesgo la continuidad de las actividades de los organismos gremiales”, advierte el especialista.
“Los organismos gremiales que no tengan sus documentos al día ante el Mific estarían en riesgo la continuidad de sus funciones”, alerta.