Han pasado más de cuatro años desde que los actuales diputados asumieron sus curules en la Asamblea Nacional de Nicaragua, en enero de 2022, y en ese lapso las cuatro agrupaciones que supuestamente son de oposición no han presentado ninguna iniciativa propia. Solamente se han limitado a respaldar con sus firmas iniciativas de diputados sandinistas y decretos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un análisis realizado por LA PRENSA a los proyectos de ley y otros asuntos ingresados a la tubería legislativa del Parlamento, evidencia que estas agrupaciones solamente han respaldado con sus firmas proyectos y declaraciones de la bancada sandinista, así como iniciativas de reformas constitucionales, especialmente las de 2024, que cambiaron por completo la organización del Estado y subordinaron los poderes del Estado a la Presidencia de la República.
La Asamblea Nacional está conformada por 91 diputados. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene 75 legisladores; el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 10; el Partido Liberal Independiente (PLI) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dos cada uno; y la Alianza por la República (APRE), uno. El escaño restante corresponde a la representación indígena del Caribe Norte.
Desbalance en la Asamblea
El exdiputado liberal Eliseo Núñez aseguró que la proporción de proyectos de ley en los parlamentos suele ser de 60-40. Es decir, que el Poder Ejecutivo puede proponer alrededor de 60 iniciativas de cada 100. Sin embargo, en Nicaragua el panorama es distinto, puesto que la Presidencia marca la pauta de la agenda legislativa en una proporción mucho mayor.
“Está muy fuera de rango comparado con otros países. Definitivamente, esto también refleja el hecho de que ahora ya no existe un poder Legislativo, sino que lo que existe es un órgano Legislativo del que hace uso la Presidencia de la República o la copresidencia de la República”, consideró Núñez.
LA PRENSA consultó al jefe de la bancada del PLC, Lester Flores, que es la segunda agrupación con mayor cantidad de diputados, pero no respondió a las llamadas. Tampoco respondió la diputada y presidenta de ese partido, María Haydeé Osuna.
Baja producción legislativa
La producción legislativa también ha sido baja en comparación con otros parlamentos de la región. En más de cuatro años, los diputados del actual periodo, han conocido y aprobado 385 asuntos, de los cuales 185 son leyes; 11 eran reformas a la Constitución Política; 23 nombramientos y renuncias de funcionarios; y 17 declaraciones políticas o ideológicas en las que los legisladores han votado de forma unánime.
A esto se suman los 25 decretos de cancelación de personerías jurídicas aprobados en 2022, antes de que esta potestad fuera transferida al Ministerio del Interior (MINT).
Otro elemento que destacan los críticos es que todos los proyectos ingresan a la corriente legislativa con “trámite de urgencia” y son respaldados por unanimidad por los 91 diputados.
“La diputación perdió independencia desde que se dejó a los diputados en manos del partido y no en manos de los electores, y que el partido te podía cambiar. En ese momento la democracia dejó de ser representativa y pasó a ser una democracia de partidos, y ahora de una democracia de partidos pasó a ser un sistema personalista”, refirió Núñez.
Al comparar esta situación con el sistema legislativo costarricense, durante los primeros tres meses del nuevo Congreso ingresaron a la corriente legislativa 105 proyectos. El Poder Ejecutivo presentó apenas 24 de ellos. En ese mismo período, la Asamblea Legislativa aprobó 16 proyectos de ley.
En ese sentido, también se destaca que en cuatro años, la mayor parte de diputados no han pronunciado discursos de control político en las sesiones legislativas.
Declaraciones de contenido ideológico
Uno de los pocos ámbitos en los que los diputados han presentado iniciativas es el de las declaraciones. En total se contabilizan 17, presentadas por legisladores oficialistas y respaldadas por el resto de las agrupaciones. Entre ellas figuran pronunciamientos contra Estados Unidos y el gobierno de Israel, así como otros en respaldo a las dictaduras de Cuba y Venezuela.
A consideración de la diputada costarricense del Partido Frente Amplio (FA), Joselyn Sáenz, la aprobación unánime de declaraciones e iniciativas de la dictadura refleja la falta de contrapesos en el Parlamento.
“La Asamblea de Nicaragua representa justamente el peligro del poder absoluto en un Congreso o en un parlamento. Una asamblea dominada prácticamente por un oficialismo lleva al aumento del autoritarismo y para nada es sinónimo de eficiencia y, peor todavía, sinónimo de que los proyectos de ley que se aprueben respondan a las necesidades de la gente, de las comunidades, sino más bien que terminan aprobándose únicamente los proyectos que el régimen quiere”, consideró Sáenz en declaraciones a LA PRENSA.
Incluso, la legisladora comparó las discusiones de la Asamblea Legislativa costarricense con las del Parlamento de Nicaragua, donde desde 2022 no hay contradicciones entre agrupaciones ni debates que confronten la línea oficial.
“Desaparecer el conflicto en una democracia no implica un consenso real, implica dominar el poder. Y cuando en una democracia se domina o se concentra el poder, perdemos esas libertades que suelen garantizarse y pasamos a los autoritarismos y a las dictaduras, como en el caso nicaragüense”, señaló Sáenz.
Síntoma de la dictadura
La diputada frenteamplista señaló que la baja producción de leyes, sumada a la carencia de propuestas por parte de las agrupaciones que supuestamente son de oposición, representa una “proscripción de partidos políticos”.
“Si lo vemos desde la ciencia política, inclusive la concentración del poder termina opacando al resto de fuerzas políticas. En el régimen nicaragüense, además, vemos proscripción de partidos políticos que tenían representación legislativa que se trasladó a la representación del oficialismo”, refirió.
Por su parte, el politólogo Sergio Araya refirió que este panorama representa la falta de división de poderes y de equilibrios.
“Refleja que hay poderes subordinados a uno, en lo que podríamos decir es una expresión institucional de una concentración de poder, de una transición de una democracia a un sistema más autocrático, donde el Ejecutivo, en la figura de dos titulares, prácticamente acumula, centraliza el poder de ese Estado”, mencionó.
