La Fundación de Derechos Humanos (Human Rights Foundation, HRF, por sus siglas en inglés) publicó el 30 de octubre un informe en el que expone cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha fusionado en una sola estructura el partido gobernante y la riqueza asociada a ellos. “Un negocio familiar disfrazado de gobierno”, señala el documento.
Se trata del informe nombrado “Nicaragua: Del autoritarismo electoral a la cleptocracia dinástica”, publicado por una organización como la HRF, que lleva más de dos décadas defendiendo ideales esenciales de libertad y la libre determinación. Fue creada en 2005 por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza. Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
“Nicaragua ya no es solo una dictadura. Es un negocio familiar disfrazado de gobierno. Durante las últimas dos décadas, los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo construyeron un sistema en el que el Estado, el partido gobernante y la riqueza asociada a ellos se han fusionado en una sola estructura. En Nicaragua, quien controla el poder controla el dinero, y quien controla el dinero tiene todo el poder”, sostiene el documento.
¿De dónde vienen los ingresos del régimen?
La HRF expone cómo la corrupción en Nicaragua no es un subproducto del régimen, “sino su columna vertebral” y también cómo los hijos de Ortega y Murillo no son meros herederos, “sino que participan activamente en la gestión del negocio, con funciones definidas en medios de comunicación, minería, publicidad, seguridad y relaciones internacionales”.
También examina cómo la pareja dictatorial ha consolidado el poder político y económico en torno a su familia, y las redes que ayudan a preservarlo a través de los fondos provenientes de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), el negocio maderero, el oro, la migración ilegal y “deducciones forzosas” de los salarios de los trabajadores del Estado.
“Los recursos provienen de diversas fuentes: los millones de dólares en petróleo venezolano que fluyeron sin ningún tipo de control durante años, las exportaciones de oro que hoy representan casi un tercio de los ingresos en divisas del país, la tala ilegal en territorios indígenas, el uso de Nicaragua como corredor de tránsito pagado para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, e incluso deducciones forzosas de los salarios de maestros y médicos que trabajan para el Estado”, asegura el informe.
Albanisa dejó millonarias ganancias
Albanisa fue creada en 2007 como una empresa mixta entre la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) con una participación accionaria del 51 por ciento y el otro 49 por ciento de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), para administrar la cooperación petrolera entre Nicaragua y Venezuela.
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Bajo el control del régimen Ortega-Murillo se convirtió en un conglomerado empresarial que manejó millones de dólares al margen del Presupuesto General de la República. Sus operaciones abarcaron la importación de petróleo, generación eléctrica y otros negocios. LA PRENSA ha documentado señalamientos de corrupción, uso discrecional de los fondos y presunto lavado de dinero. En 2019, Estados Unidos sancionó a la empresa por sus vínculos con PDVSA, afectando sus operaciones.
De acuerdo con el informe publicado por HRF, Albanisa “gestionó más de 5,000 millones de dólares en fondos de cooperación venezolana sin ningún tipo de control legislativo”. Estima que de ese dinero, unos “3,000 millones de dólares fueron desviados a los bienes privados de la familia Ortega-Murillo”.
Las otras fuentes de enriquecimiento
Luego del declive de la sociedad petrolera con Venezuela, el régimen dirigió su enfoque a la extracción del oro. Una publicación de LA PRENSA del 14 de agosto de este 2026 detalló que tan solo el año pasado Nicaragua exportó 593,700 onzas troy de oro, que gracias al buen precio internacional generaron más de 1,900 millones de dólares.
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El negocio ha sido tan rentable que en los últimos años han entrado al menos 15 empresas mineras chinas. Entre 2021 y 2026 el régimen les ha entregado 71 lotes de concesiones mineras que abarcan una superficie de 1,013,225.44 hectáreas. Es decir, el 8.5 por ciento del territorio nicaragüense.
Siguieron el negocio maderero, la migración ilegal y las deducciones forzosas de los salarios de los trabajadores del Estado. “El régimen convirtió a Nicaragua en un corredor de tránsito para los migrantes que se dirigían a Estados Unidos, generando al menos 74 millones de dólares en tasas y multas solo entre 2023 y 2024”, según el documento.
En cuanto a los trabajadores públicos, desde este año el régimen les aplica una deducción salarial obligatoria del 6 por ciento como “contribución al partido”. Es decir, los empleados públicos financian al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los Ortega Murillo hacen crecer su patrimonio “en la oscuridad”
La HRF afirma que la familia Ortega-Murillo mantiene y financia su control a través de “un sistema de extracción que opera simultáneamente en varios niveles: recursos naturales, desvío de fondos de cooperación internacional, tráfico de influencias sobre instituciones estatales y utilización de la migración como fuente de ingresos”.
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Agrega que todo ello “se desarrolla en la oscuridad, a través de empresas fantasma, testaferros y jurisdicciones extranjeras que hacen prácticamente imposible su seguimiento”.
“El Estado no sirve a los ciudadanos, sino a la familia. Cada institución, cada contrato, cada concesión existe, en última instancia, para beneficiar al círculo íntimo de Ortega-Murillo o para asegurar la lealtad de quienes lo sustentan”, subraya el informe de HRF.
