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En esta columna semanal quiero manifestar mi solidaridad con el periodista nicaragüense exiliado Luis Manuel Galeano, quien fue detenido el pasado lunes en Orlando, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), adscrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a pesar de que está pendiente su solicitud de asilo político.
Como periodista también exiliado y privado de mi nacionalidad, y como defensor de toda la vida del derecho inherente al ser humano de la libertad de expresión, es lo menos que puedo hacer.
Para nadie es un secreto que Galeano en su conocido programa de YouTube “Café Con Voz” ha sido un férreo crítico de la dictadura Ortega-Murillo, tanto así que dos congresistas republicanos de la Florida, María Elvira Salazar y Mario Diaz-Balart, han abogado por él para que su caso sea revisado.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Galeano está detenido y en proceso de deportación porque se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos, aunque entró legalmente el 21 de diciembre de 2018, con un permiso de permanencia hasta junio 20 de 2019; no obstante, permaneció ilegalmente en los Estados Unidos después de esa fecha y ha fijado el 2 de octubre una audiencia ante una corte de inmigración que deberá tomar la decisión si procede o no su deportación.
No hace mención la comunicación de DHS de que está pendiente una solicitud de asilo político de parte de Luis Galeano que en justicia debería de concedérsele dado que a todas luces se trata de un perseguido político por hacer uso del derecho más sagrado del ser humano, después del derecho a la vida, que es el derecho a la libertad de expresión, consagrado en piedra en la primera enmienda de la propia Constitución de los Estados Unidos.
De ser deportado a Nicaragua es fácil adivinar el castigo que le espera a Luis Galeano, quien fue despojado de su nacionalidad y la dictadura no oculta su sed de venganza con el gremio de periodistas expatriados que a diario hacen uso de su derecho a la libertad de expresión fuera del territorio nicaragüense. Si fuera deportado a un tercer país, lo podría alcanzar el brazo de la represión transnacional de la dictadura como el connotado caso del mayor en retiro Roberto Samcam, y más recientemente el atentado criminal perpetrado esta semana en Costa Rica contra el líder campesino Reynaldo Picado Miranda, por mencionar dos ejemplos.
En su editorial del pasado miércoles el Diario LA PRENSA tituló “El caso de Luis Galeano y el deber político y moral de EE. UU” no cuestiona el derecho de los Estados Unidos de aplicar su propia política migratoria, ni detener y sacar del país a inmigrantes que están en una condición irregular o ilegal, sobre todo los que han cometido crímenes o cualquier caso de delitos.
“Pero en el caso de Luis Galeano —añade el editorial— ese alegato es un sofisma, porque él solicitó legalmente el asilo político y el ICE debió considerar esa situación. Como debería de reconocer que todas las personas nicaragüenses refugiadas en territorio estadounidense por la persecución política de la dictadura —muchos de ellos inclusive rescatados y llevados a este país por las propias autoridades estadounidenses, como los del “vuelo a la libertad” en febrero de 2023— y que no han cometido delito en los EE. UU. no merecen ser tratados como delincuentes”.
El editorial concluye con la cita de los congresistas del gobernante Partido Republicano, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, palabras que hago propias: “Luis Galeano no es un criminal, es un exiliado político y pidió una revisión de su caso».
En tanto Díaz-Balart advirtió que su gobierno “nunca debe perder de vista la diferencia entre los delincuentes y aquellos que huyen de la represión política… Estados Unidos —añadió— ha sido siempre un faro de libertad para quienes son perseguidos por las tiranías. Debemos mantener y garantizar que Luis Galeano y otros exiliados políticos reciban la protección y el debido proceso que merecen”.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984.
