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La codictadora Rosario Murillo extendió un mes más el periodo para la reforma parcial a la Constitución Política de la República que prepara la Asamblea Nacional. Con esto buscan que los “vendepatria” y “golpistas” no participen en procesos electorales. Esta decisión de Murillo se origina ocho días después de que Daniel Ortega asegurara que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
Tras el anuncio de Ortega, la comunidad internacional no tardó en reaccionar con una lluvia de condenas y rechazo. Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar llamaron a desconocer este proceso que promueve la dictadura de Nicaragua. Según Díaz-Balart, este “último intento del régimen Ortega-Murillo por legitimar su tiranía no es más que una farsa”.
La mañana de este lunes, la junta directiva de la Asamblea Nacional se reunió con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. La reunión forma parte del proceso de consulta previo a la aprobación de la reforma constitucional, la cual posteriormente será remitida a la Presidencia de la República para su revisión y autorización.
Lo anterior en medio de una fuerte controversia internacional, luego de que las declaraciones de Ortega fueran condenadas por diversos gobiernos y organismos internacionales, que las consideran un nuevo paso en el desmantelamiento de la democracia nicaragüense.
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Medios oficialistas divulgaron un comunicado conjunto en el que informaron que en el encuentro participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; los cocancilleres Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke; el ministro Iván Lara, y el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo.
En el texto, las autoridades agradecieron la «presencia respetuosa» del cuerpo diplomático y de las misiones acreditadas en Nicaragua, y anunciaron que las conversaciones continuarán una vez concluya el proceso de consulta nacional sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución Política.
Reforma estará lista en septiembre
“(Este) proceso que estamos iniciando el día de hoy, incluye a todos los sectores, va a tardar un mes porque vamos a darlo por concluido al finalizar agosto, y vamos a dar a conocer los resultados en la semana primera del mes de la patria (septiembre)”, anunció Murillo en la alocución de este lunes ante los medios oficialistas.
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La codictadora agregó que entre los participantes a las consultas se encuentran: el Cuerpo Diplomático, autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Ejército, la Policía, sector financiero, bancario, comercial, empresarial, productivo, inversionistas, religiosos, alcaldías, trabajadores del Estado, Unidades de Victoria, trabajadores de la salud, emprendedores, consejos de gobierno regionales del Caribe, pueblos originarios y afrodescendientes, transportes, comerciantes, comunicadores, periodistas, juventud, estudiantes y universidades.
Procesos electorales fraudulentos
Desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007 hasta la fecha, se han realizado 10 procesos electorales en Nicaragua, según datos del Consejo Supremo Electoral (CSE), todos cuestionados y catalogados como fraudulentos por la sociedad civil y observadores electorales nacionales e internacionales, pero los más “descarados” fueron los de 2008 y 2011, de acuerdo con el politólogo José Antonio Peraza.
“Los fraudes electorales más descarados han sido 2011 y 2008 que han dejado mayores registros. Ya en 2016 y en 2021 no hay mucho registro porque simplemente (Ortega) impidió que la oposición pudiese presentarse, por lo tanto, no hay nada que registrar, se quedaron solos en las urnas”, expone el politólogo.
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Durante las elecciones municipales de 2008, llovieron las denuncias de fraude por parte de la oposición. Se reportaron alteración de actas, exclusión de fiscales y falta de transparencia en el escrutinio; incluso el entonces presidente del CSE, Roberto Rivas, fue señalado por falta de imparcialidad.
Peraza recuerda que las elecciones de 2008 fueron «un robo total» y ejemplificó con lo ocurrido en el municipio de Managua. «Prácticamente desaparecieron 644 juntas que nunca reportaron. Ahí está claro que no querían que se supiera. Por lo tanto, es un fraude descarado. Después vino el del 2011, donde el Centro Carter reportó que las irregularidades eran tan grandes que no se podía determinar quién había ganado esa elección», sostiene.
Eliminación de la oposición
Para 2016 la situción cambió, el dictador optó por eliminar de su camino a la oposición. Así le arrebató la personería jurídica a fuerzas opositoras como el Partido Liberal Independiente (PLI), destituyó a diputados opositores, designó como candidata a la vicepresidencia a Rosario Murillo y no permitió una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni de la Unión Europea.
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En 2021 fue peor. El dictador encarceló a siete precandidatos presidenciales para evitar ser derrotado en las urnas. La cacería se extendió a dirigentes políticos, empresarios, periodistas, estudiantes y líderes sociales. Continuó cancelando personerías jurídicas a partidos de oposición y aprobó leyes utilizadas para inhibir candidaturas y criminalizar a opositores.
«Ahora posiblemente está elaborando una nueva perspectiva de cómo va a realizar el fraude. No hay duda que él no va a competir y que va a tergiversar las leyes y todo el sistema para no competir y solo exponerse a tener una farsa que ya bueno, ni la farsa quiere», sostiene Peraza.
El politólogo no tiene dudas de que los Ortega Murillo preparan una «pantomima para justificar cómo se van a robar las elecciones del 2027». Agrega que la dictadura tiene «horror a las elecciones» porque saben que van a perder.
Reacciones no se detienen
Aunque el régimen ha intentado matizar el discurso categórico de Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones, la reforma constitucional continúa generando una ola de condenas internacionales.
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Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Perú, Chile y Uruguay, así como la Unión Europea, OEA y la ONU, han cuestionado la decisión. Además, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua al asumir el cargo.
El 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega aseguró que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones», al sostener que estos procesos permiten a la oposición recuperar el poder. Asimismo, anunció que impulsaría reformas legales para impedir la participación política de quienes el régimen califica como «golpistas» y «vendepatria».
Ortega afirmó que era necesario levantar «un muro, un bloque» contra esos sectores y reiteró que «aquí se acabó la historia» de que los partidos opositores vuelvan a gobernar el país.
