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La Asamblea Nacional anunció este 21 de julio la preparación de un “plan de trabajo” para cumplir la orden del dictador Daniel Ortega, de 81 años, de eliminar las elecciones en Nicaragua. Así lo dijo en el acto del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
Según una fuente política, consultada por LA PRENSA, el objetivo de los legisladores será introducir una reforma constitucional que permita abolir la Asamblea Nacional y el Estado, tal como funcionan. En lugar de eso, se elegirá a 1,500 diputados que funcionarán en sus municipios y zonas. Ellos se reunirán solo una vez al año.
«Esa reunión anual la tendrían para elegir, cuando sea el caso, al presidente por un período de 10 años. El órgano ejecutivo de esta nueva Asamblea estaría integrado por 20 miembros. Ellos se reunirían periódicamente. La reforma será refrendada en enero si llega a concretarse la propuesta que ya están evaluando», confirmó la fuente.
Si este plan llega a cumplirse, eso significaría que Ortega está imaginando al menos permanecer en el poder como mínimo hasta los 91 años, cuando su dictadura cumplirá 29 años.
Ortega aseguró la noche del domingo que no dará cabida a los opositores que intentan “atrapar el poder” y anunció que la Asamblea Nacional trabajará leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias”.
Orteguismo desafía a la comunidad internacional
El paso dado por el orteguismo supone un desafío a Estados Unidos y la comunidad internacional. Horas antes del anuncio parlamentario, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a la dictadura Ortega-Murillo de «socavar los principios del hemisferio» y pidió a la comunidad internacional actuar, según un pronunciamiento oficial.
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La Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras, publicó un comunicado en que asegura que los legisladores están “iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales”.
Porras es uno de los funcionarios más leales a Murillo y es uno de los 54 funcionarios identificados por Naciones Unidas como integrante de la red de represores que han cometido delitos de lesa humanidad contra los nicaragüenses.
