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Aquella noche del miércoles 28 de diciembre de 2023, cuando el dictador Daniel Ortega anunció festivamente el retorno del Ministerio del Interior (Mint), para “volver a las raíces del sandinismo”, en realidad estaba declarando la guerra interna a la oposición civil tal y como lo había hecho 41 años antes Tomás Borge, el fundador de ese ente siniestro.
El 29 de mayo de 1982, en un discurso en plaza pública en Puerto Cabezas, para negar las atrocidades atribuidas al Mint en la masacre de indígenas miskitos durante la operación Navidad Roja, un histriónico Borge explicaba muy a su manera la razón de ser del Ministerio bajo su cargo.
“El Ministerio del Interior es una declaración de amor a Nicaragua”, dijo primero, ensalzando que sus agentes eran “los centinelas de la alegría del pueblo” en defensa de la paz.
Pero era, a la vez “una declaración de guerra a los enemigos internos de la revolución”, dijo exaltado Borge, explicando que el Mint había nacido principalmente “para declararle la guerra y derrotar a los enemigos del pueblo”.
Un superministerio de guerra
Lo mismo sobre el nuevo Mint dijo Ortega aquel diciembre, pero sin la teatralidad de Borge.
“El paso que estamos dando hoy de volver a la vida al Ministerio del Interior nos da una fortaleza enorme. Volvemos a contar con los dos grandes instrumentos con los que derrotamos a la contrarrevolución: el Ejército y el Ministerio del Interior”, dijo el dictador.
De inmediato la Asamblea Nacional aprobó la ley de creación del nuevo ente y enterró el Ministerio de Gobernación que en 1990 había sustituido al Mint; la Policía Nacional se supeditó al nuevo ministerio y el régimen elevó a comisionado general al oscuro viceministro Luis Roberto Cañas Novoa, a quien le atribuyó las antiguas funciones de represión en tiempos de guerra.
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Además, supeditó a Cañas las direcciones General de Migración y Extranjería, Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, Dirección General de Bomberos y el Sistema Penitenciario Nacional.
La Ley 1184 establece que el Mint será “el órgano del Estado al que le corresponde implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, del Estado y el orden interno en el territorio nacional”.
Sus principales funciones son “prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país, establecidos por la revolución”.
“Estamos ya en mejores condiciones de cumplir las tareas que no le permitan al enemigo avanzar en sus planes porque ellos siempre están conspirando, siempre están con sus planes”, dijo entonces el dictador Ortega.
Ente del terror
Y de diciembre de 2023 a la fecha, la institución ha cumplido a cabalidad los designios funestos de la dictadura Ortega Murillo.
“Hoy por hoy, este Ministerio del Interior es la institución a cargo de ejecutar los múltiples crímenes de lesa humanidad que ordenan los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dice el abogado defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión.
Para Carrión, exiliado en Costa Rica y cofundador del Colectivo Nicaragua Nunca Más, la resurrección del Mint refleja una patología política profunda de Ortega: “La de un régimen que no aprendió absolutamente nada de su propio pasado”.
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El abogado señala que, lejos de evolucionar hacia la institucionalidad, la dictadura Ortega Murillo desempolvó un esquema orgánico de los peores años de la Guerra Fría para responder a una crisis social del siglo XXI.
“Esta gente tiene una mentalidad primitiva; no solo de los ochenta, sino un esquema medieval. No ven ciudadanos ejerciendo derechos, sino enemigos a los que hay que neutralizar. Reorganizaron esa maquinaria de guerra para aplicarlos contra una población que protestó de manera pacífica y cívica”, sostiene Carrión.
“A diferencia de la década de los ochenta, cuando Nicaragua enfrentaba un conflicto armado, el Mint de los Ortega Murillo opera con el agravante de dirigir toda su fuerza militarizada, sus sistemas de espionaje y sus centros de tortura contra una ciudadanía inerme que demanda libertad y democracia de manera cívica”, detalla Carrión.
Cañas, el ejecutor
Con todo el poder asignado y bajo la aprobación directa del matrimonio Ortega Murillo, el hoy comisionado general Luis Cañas dirige las operaciones actuales de represión estatal.
Cañas, sucesor de Borge en el nuevo Mint, es un expolicía destituido en 2005 por corrupción y reintegrado en 2014 por Ortega a los órganos de inteligencia del FSLN.
Quienes lo conocieron desde su integración al Mint en los años 80, lo consideran un sujeto “capaz de cualquier cosa” con tal de quedar bien con sus superiores.
Bajo su firma se practica la desnacionalización y destierro; la persecución y el espionaje; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en los sistemas penitenciarios, así como la eliminación de la personería jurídica a miles de organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas.
En la lista negra de la ONU
Es uno de los 54 funcionarios señalados por el Grupo de Expertos de Derecho Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad.
Lo responsabilizan de instruir torturas y tratos crueles a los opositores en los centros de detención; de obstaculizar el acceso de los abogados defensores y desobedecer órdenes judiciales de liberación y exhibición personal de presos políticos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Cañas el pasado 18 de abril por graves violaciones de derechos humanos. Lo señaló de ser el responsable de negarle la entrada al país a cientos de nicaragüenses, así como de ordenar la expulsión y destierro de centenares de personas consideradas “opositoras”.
“Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados posteriormente, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, bajo la Sección 7031(c) por su participación en graves violaciones de los derechos humanos”, señaló el Departamento de Estado.
El viejo Mint
Tras derrocar a la dictadura somocista en julio de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional erigió el Mint como un instrumento armado para contrarrestar la rebelión interna.
El 17 de octubre de 1979 nació el Ministerio del Interior (Mint), moldeado a imagen y semejanza del Ministerio del Interior cubano.
A diferencia del nuevo Mint, con un principal rostro visible (Luis Cañas), al frente de la antigua estructura de espionaje se instauró como ministro absoluto Tomás Borge Martínez, flanqueado por los viceministros Luis Carrión Cruz y Hugo Torres Jiménez, y con el temido Lenín Cerna al mando de la Dirección General de la Seguridad del Estado.
El ente operó como sede central desde el antiguo edificio de la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (Enaluf), renombrado en 1979 como Edificio Silvio Mayorga Delgado, en honor al exguerrillero del FSLN muerto en 1967.
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Un investigador de temas de seguridad del extinto Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, hoy en el exilio y desde el anonimato por seguridad, recuerda que en los años 80 desde esas oficinas se orquestó la persecución y ataque contra la Iglesia católica.
También recuerda que desde ahí se planificó la asfixia y censura previa a la prensa independiente, el acoso a gremios empresariales y la cacería y ejecución de cualquier voz disidente.
Aquel ente también dirigía la Dirección Quinta, una oficina de agentes extranjeros encargada de la contrainteligencia y operaciones de aniquilación de exiliados, dentro de un andamiaje de represalia similar al que aplicaron contra el militar retirado Roberto Samcam, ejecutado a tiros por sicarios en Costa Rica el 19 de junio de 2025.
Las nuevas caras del Mint
En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, GHREN, denunció al Mint y a sus directores por graves violaciones a los derechos humanos, identificando a los responsables directos con nombre y apellido.
Los expertos señalaron que el Ministerio del Interior desempeña un papel clave en la destrucción del espacio cívico, pues su coordinación con las estructuras de inteligencia estatales y del partido permite obtener la información requerida para identificar a las personas u organismos que luego serán blanco de actos represivos concretos.
Detrás del matrimonio dictatorial Ortega Murillo, los máximos ejecutores del endurecimiento de la represión, torturas y ejecuciones extrajudiciales, según la ONU, son la ministra nominal María Amelia Coronel Kinloch y, por encima de ella como ejecutor absoluto, el viceministro Luis Roberto Cañas Novoa.
Les acompaña un engranaje represivo integrado por Julio Guillermo Orozco en el Sistema Penitenciario, Juan Emilio Rivas Benítez en Migración y Extranjería, Ramón Mercedes Landero en Bomberos, y Franya Ya-Rue Urey Blandón en el control de las organizaciones sin fines de lucro.
Violencia ayer y hoy
Los informes detallan que Murillo emite órdenes directas a Cañas Novoa para el exterminio de las ONG, utilizando la excusa burocrática de que sus fondos atentaban contra el orden público para justificar el despojo masivo.
El Mint es el responsable de separar a miles de familias nicaragüenses, al negar pasaportes y permisos de salida a familiares de exiliados, impedir el retorno a Nicaragua de personas que salieron de viajes y de obligar al exilio a decenas de miles clasificadas como “traidores a la patria”.
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Entre incontables señalamientos de abuso estatal, la brutalidad del nuevo Mint destaca con el fallecimiento de siete reos en presidio, incluyendo al hermano del dictador, Humberto Ortega, en septiembre de 2024 y la agónica muerte del líder indígena Brooklyn Rivera el pasado 30 de mayo.
Muertes como estas, de reos políticos torturados y separados de ayuda médica lentamente hasta su muerte, se diferencian en los métodos de ejecución extrajudicial del viejo Mint, como se lee en el expediente de la masacre de 37 presos políticos en la cárcel La Modelo en 1980, cuando el Sistema Penitenciario lo dirigía el capitán José Raúl Cordón Morice.
