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CONTENIDO EXCLUSIVO.En una vivienda de Managua, Patricia, una ejecutiva de 38 años, se despide entre lágrimas de su madre antes de viajar a Panamá por motivos laborales. Lo que antes habría sido una oportunidad profesional, en la Nicaragua de junio de 2026 se ha convertido en una fuente de angustia e incertidumbre, donde salir del país implica riesgos impredecibles y el temor de no poder regresar.
“Mamá, escúcheme bien”, le dijo Patricia bajando la voz por un reflejo condicionado por la desconfianza. “El poder generalísimo está en la gaveta del escritorio. Usted es mi representante legal en ausencia, para todo”, le dijo para luego explicarle una vez más: las partidas de nacimiento de los niños y los títulos universitarios están ahí, debidamente apostillados.
También deja debidamente rotulada la escritura de la casa, los papeles del carro y el token con las contraseñas de las cuentas del banco.
“No toques nada a menos que yo te avise… si me dejan volver”, dice y vuelve el llanto, con las manos frías pese al calor de Managua.
Terror Vox Populi
Patricia lee las noticias a escondidas. Conoce a personas que un día salieron a una conferencia, a unas vacaciones familiares o a un chequeo médico, y al intentar abordar su vuelo de regreso, en el mostrador de la aerolínea en un país extranjero, recibieron la gélida noticia: “El gobierno de Nicaragua ha denegado su ingreso”.
Ella teme que una decisión arbitraria del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo la separe de sus hijos y de su madre.
Teme ser víctima del destierro, esa muerte civil que la dictadura ha perfeccionado, o de los recientes y desalmados chantajes económicos que vacían las cuentas de quienes solo desean volver a pisar su patria después de unos desafortunados días de viaje.
Lo que “Patricia” vive no es un caso aislado, es la norma hoy en día en Nicaragua. El alivio de viajar, la emoción de cruzar fronteras y la calidez del retorno al hogar han sido exterminados.
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La vida en el equipaje
El antiguo alivio del turista se sustituyó por la paranoia del fugitivo, de acuerdo con cuatro testimonios recogidos por LA PRENSA en el último mes.
Para comprender la magnitud de este terror, basta con observar los nuevos rituales de viaje de quienes aún se atreven a viajar.
Ya es cosa común que, si un nicaragüense decide viajar, antes realiza frenéticamente una purga y revisión digital en sus redes, correos electrónicos y mensajes.
No hay viajero que, a estas alturas, no haya borrado sus aplicaciones de mensajería o bloqueado permanentemente sus redes sociales antes de ir al aeropuerto.
“Yo tengo un teléfono de viaje, uno sencillo, con pocas aplicaciones y poco uso, por si las moscas”, dice “Ana”, antigua relacionista pública del gobierno de Enrique Bolaños.
Ya ella sufrió el estrés del aeropuerto de Nicaragua cuando al volver de Sudamérica en 2021, a un viaje de negocios, un agente de migración la retuvo por más de una hora mientras revisaba sus redes y hacía consultas con otra persona por teléfono.
Desde entonces, solo ha vuelto a salir una vez más a un país del Triángulo Norte, por tierra y con cédula de identidad.
Todos son sospechosos
Conozcamos a “Carlos” (nombre ficticio por seguridad), comerciante que viajó a España a visitar a un familiar.
Antes de llegar a la ventanilla de Migración en el aeropuerto de Managua, Carlos pasó tres horas eliminando fotos de su teléfono, mensajes sospechosos y eliminando “reacciones” en redes.
Cualquier imagen con un fondo azul y blanco (los colores de la bandera nacional y símbolo de la resistencia), cualquier meme político guardado por accidente en la galería, lo borró.
Sus fotos en monumentos y plazas españolas los ocultó en la nube, y dejó en la memoria del teléfono solo imágenes cotidianas de paisajes locales de Nicaragua, intentando proyectar un perfil bajo, casi inexistente.
A pesar de sus precauciones, a Carlos lo interrogaron al llegar a Managua; un funcionario le insinuó que su viaje a Europa parecía “sospechoso” para un trabajador de su rango.
Le hizo muchas preguntas, le preguntó por sus redes sociales y por sus estudios en la UCA de años anteriores a 2018.
Al final pudo entrar y respiró aliviado, pero la amarga experiencia de los interrogatorios le ha quitado el sueño de volver a viajar.
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El terror y la identidad
Las recomendaciones clandestinas de viajeros que circulan entre los nicaragüenses son claras: está estrictamente prohibido llevar banderas de Nicaragua en la maleta.
Las biblias, que antes eran compañía habitual del viajero centroamericano, están vetadas la aduana desde que el régimen le declaró la guerra a la Iglesia Católica y a las congregaciones evangélicas independientes.
Aconsejan no cargar libros o novelas de autores prohibidos, como Sergio Ramírez o Gioconda Belli; ni periódicos internacionales; ni cámaras fotográficas profesionales y menos drones o lentes: una cosa de esas en la maleta es pasaje seguro a una sala de interrogatorios de El Chipote.
Mariana, una ciudadana extranjera casada con un nicaragüense y residente en El Salvador, relata cómo su llegada a Managua en la navidad de 2025 se tornó en una pesadilla de cuatro horas en el puesto de Migración El Guasaule.
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Los agentes de aduana revisaron su vehículo y revisaron su computadora portátil, mientras le confiscaban una ejemplar de La Prensa Gráfica que por olvido había dejado en el maletero.
El delito fue este: una pegatina del papa Juan Pablo II en una esquina del vidrio trasero con la frase “No temáis al tirano, es solo un hombre”.
La interrogaron además por el color azul y blanco de una pulsera artesanal que adquirió en una feria en San Salvador y que cargaba en su mano derecha.
Le dijeron que «jugar» con los colores de la patria era delito y le advirtieron que le revocarían su permiso de ingreso en cualquier momento. Al final logró ingresar y no tuvo inconvenientes al salir, pero no quedó segura de querer volver al país.
El destierro como arma y negocio
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumado una nueva y lucrativa estrategia a su catálogo de represión y control migratorio.
Lo que hasta 2024 parecía una orden aplicada exclusivamente contra ciudadanos señalados como “opositores”, lo fueran o no, hoy se ha convertido en un negocio indiscriminado y despiadado.
Según diversas investigaciones y testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independiente, el régimen empezó desde esa fecha a negar arbitrariamente el reingreso a nicaragüenses que retornan de viajes de negocios o familiares, a pesar de no tener ningún historial político.
¿El objetivo real? Joshwell Martínez, presidente la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), en Costa Rica, lo tiene claro: “A veces es por castigar. Otras son por cobrar cuantiosas sumas de dinero”, dice.
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Desde su oficina en San José, a donde se exilió en 2018, Martínez ha documentado desde entonces las atrocidades que ocurren en las fronteras nicaragüenses y el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
“Al ciudadano con cierto nivel económico se le bloquea el regreso a menos que pague tarifas extorsivas que varían según la capacidad financiera detectada por los aparatos de inteligencia del Estado”, denuncia.
Señala a la oficina del Ministerio del Interior, y en particular del viceministro Luis Cañas Novoa, como el esbirro ejecutor de esta maquinaria, operando bajo las órdenes directas de Rosario Murillo.
Cañas, el mismo funcionario encargado de expulsar ilegalmente a nicaragüenses, confiscar sus pasaportes y torturar presos políticos en el sistema penitenciario, ahora administra el peaje del retorno.
Castigo y sumisión
Los testimonios recogidos por ASIDEHU son desgarradores y, por razones de seguridad vital, exigen el más estricto anonimato.
Uno de ellos, un empresario sin filiación política asegura haber pagado decenas de miles de dólares para que le permitieran dejar entrar a un pariente a Nicaragua, tras un viaje académico.
Otra fuente les detalló el caso de dos conocidos que tuvieron que desembolsar cantidades “simbólicas” de 2,000 dólares cada uno en una cuenta del Ministerio del Interior en Nicaragua, para poder entrar.
Pero el dinero no es suficiente para la maquinaria sandinista; también exigen sumisión absoluta.
“Además del pago, tienen que mandar una carta acompañando el dinero. La carta es pidiéndole perdón a la compañera (Rosario Murillo)”, refuerza Martínez
“Se debe pedir perdón por cualquier cosa que ellos consideren una ofensa. Puede ser haber asistido a una manifestación hace años, un simple comentario crítico en un grupo privado de WhatsApp, o incluso una queja verbal que algún informante haya escuchado”, añade.
Esta práctica, sin embargo, ya no es exclusiva de las “élites” nicaragüenses. Se ha extendido a ciudadanos comunes, obligándolos a pagar tarifas que oscilan entre los dos mil, tres mil y hasta diez mil dólares.
La matemática del terror es simple y rentable: si la dictadura deja fuera a unas 200 personas al mes y les extorsiona un promedio de tres mil dólares a cada una, el régimen recauda fácilmente más de medio millón de dólares mensuales.
Y nadie denuncia públicamente porque el precio de hablar es la cárcel, la confiscación de bienes o el destierro permanente, con la dolorosa separación familiar.
Invasión a la intimidad
“Según las denuncias que hemos recibido de manera constante, las personas que intentan ingresar a Nicaragua son sometidas a revisiones exhaustivas que van más allá del equipaje; incluyen los propios cuerpos. En algunos casos, las llevan a cuartos privados para obligarlas a desnudarse”, relata Martínez.
A la invasión física se suma la extorsión directa en los puntos de control.
“Hemos documentado denuncias donde los funcionarios migratorios les dicen a los viajeros que tienen una orden de no ingreso al país en el sistema, pero que, a cambio de dinero en efectivo en ese momento, podrían ‘hacer el favor’ de dejarlos entrar”, explica.
Martínez es cauto al mencionar que también existen reportes de solicitudes de favores sexuales a cambio del paso, aunque ASIDEHU aún trabaja en la verificación de estos casos específicos debido al profundo trauma de las víctimas.
“Desde una perspectiva jurídica, esto constituye una intromisión ilegal gravísima. Hay una coerción innegable: las personas son presionadas a entregar sus dispositivos para demostrar que ‘no son opositoras’”, subraya Martínez.
Nadie está a salvo. Martínez advierte que este escrutinio ya no es exclusivo de los considerados opositores nicaragüenses.
Turistas, trabajadores extranjeros, creadores de contenido, tiktokers y blogueros de viajes son sometidos a interrogatorios similares.
Periodistas, abogados y defensores de derechos humanos internacionales ya eran sistemáticamente bloqueados desde 2018.
La apatridia de facto
Yader Valdivia, reconocido defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desnuda las intenciones y vulnerabilidades del régimen orteguista.
Para Valdivia, el control migratorio en Nicaragua debe entenderse como política de terrorismo de Estado aplica extorsión económica bajo amenaza de una “apatridia de facto”.
Valdivia corrobora el esquema de extorsiones implementado por el Ministerio del Interior y ejecutado también en colaboración con miembros de los gabinetes sandinistas en los barrios.
Sin embargo, puso especial énfasis en las consecuencias jurídicas y humanas para quienes no pueden pagar o son vetados por motivos estrictamente políticos: “es una muerte civil y abandono total en el extranjero”.
“No pueden regresar a su tierra, se les niega cualquier tipo de protección consular en el exterior, sus pasaportes vencen sin posibilidad de renovación y quedan en un limbo legal”, dice.
Valdivia subraya que esta táctica ha privado a los nicaragüenses de una vida digna, separando familias enteras de un plumazo.
Patrón histórico
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentó que entre 2021 y marzo de 2023, al menos 259 nicaragüenses (128 hombres y 131 mujeres) sufrieron esta prohibición.
La cifra real, adviertió el GHREN, es incalculablemente mayor por el subregistro que causa el terror a las represalias contra los familiares que permanecen dentro de Nicaragua.
Las listas de pasajeros se envían con antelación al Ministerio del Interior; Migración las cruza con la inteligencia sandinista y Telcor, y el destierro se dicta por correo electrónico.
Este año, quizás debido a las medidas que toman los nicaragüenses y a las presiones de Estados Unidos, el tema de los apátridas de facto se ha reducido un poco, pero el terror y control en los aeropuertos sigue vigente,
“Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, documentamos al menos 24 nuevos casos de impedimento de retorno. Sin embargo, hemos visto que esta práctica represiva ha disminuido significativamente en 2026, registrando solo 3 casos en lo que va de este año”, dice Valdivia.
¿A qué se debe esta pausa temporal en las prohibiciones de entrada? Según el análisis de Valdivia, el régimen tiene miedo a las consecuencias ante actores como Estados Unidos y su agresiva política exterior.
“Esta reciente disminución, en la que el régimen incluso ha llegado a enviar correos autorizando el ingreso de personas previamente bloqueadas, parece ser una reacción directa a las advertencias del GHREN”, dice.
El incierto retorno
Patricia logró volver de su viaje de Panamá una semana después, pero enfrentó las dificultades que más temía: el interrogatorio y revisión en el aeropuerto.
Razones del viaje, lugares a los que viajó, quién pagaba los gastos, quienes eran los socios de la empresa, qué significaban esas publicaciones en el Facebook de la empresa, que quién era Fulano de Tal que en 2020 la menciona en redes a ella…
Al igual que cuando salió del país, el frío se apoderó de sus manos y por su mente pasaban mil pensamientos trágicos.
Pese a todo se mantuvo serena y firme mientras iba respondiendo con fingida despreocupación cada pregunta que le hacía el agente, hasta que finalmente aquel le sonrió y devolviéndole el pasaporte dijo: “Bienvenida a su país”.
