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El Gobierno de España optó por guardar silencio diplomático ante las declaraciones del dictador Daniel Ortega el 19 de julio, en que ordenó que en Nicaragua ya no se celebrarán elecciones. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, dijo al periódico español El Mundo que «el Gobierno de España está en contacto con la UE (Unión Europea) para alcanzar una posición común».
«Pero que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», aseguró el dictador nicaragüense, mientras celebraba en Managua el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista.
Tras estas declaraciones, la condena ha sido global: Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Perú, Chile, Brasil. También organizaciones como la ONU y la OEA se han pronunciado sobre este discurso.
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Periodismo califica de frialdad posición de ministro
El diario El Mundo criticó el silencio de España y catalogó estas declaraciones como «una frialdad». Lo contrastó con el comunicado emitido por la Oficina de Información Diplomática en noviembre de 2021 en que el Gobierno exigió «unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses», luego de que se celebraran las últimas elecciones presidenciales en Nicaragua.
Estos resultados, marcados por la represión del régimen orteguista, no fueron reconocidos por el Ejecutivo español ni por la comunidad democrática internacional, que los consideró ilegítimos.
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Organizaciones piden declaración a europeos
Mientras tanto, siete organizaciones en el mundo solicitaron al gobierno español y a la Unión Europea que, entre otras acciones, condenen las declaraciones de Ortega y emitan una declaración pronta y oportuna ante lo que llamaron «la consolidación de un modelo autoritario incompatible con los principios recogidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Nicaragua», se lee en la misiva.
Las organizaciones exigieron que Nicaragua no sea invitada a la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en Madrid en noviembre y, de esta manera, evitar que «el régimen utilice este foro como un espacio de legitimación internacional«.
Las organizaciones firmantes son: Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), Civil Rights Defenders y Washington Office on Latin America (WOLA).
La brutalidad del dictador con España
Las relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua se encuentran en su punto más bajo desde enero, cuando Daniel Ortega decidió expulsar al embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, y a Miguel Mahiques Núñez, número dos de la sede diplomática.
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Después de esta expulsión, Albares respondió con una medida recíproca y expulsó al embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli y a otro miembro diplomático nicaragüense en España.
En medio de la represión contra el pueblo nicaragüense, España ha sido solidaria con Nicaragua. No reconoció los resultados del proceso electoral de 2021, ha dado la nacionalidad a quienes fueron víctimas del despojo de la suya realizado por el régimen y también ha dado una nueva oportunidad de seguir adelante a nicaragüenses que han llegado al país europeo en un programa de reasentamiento de la ONU.
