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El Ministerio del Interior (Mint) canceló la Fundación Holcim Nicaragua, que operaba en el país desde junio de 2017, luego que esta solicitara la “disolución voluntaria”. Junto a ella, también quedan canceladas otras 11 ONG.
Según el Acuerdo Ministerial número 06-2026-OSLF, emitido el martes 28 de abril y publicado este jueves 30 en La Gaceta, diario oficial, fue la misma organización la que habría solicitado “disolución voluntaria” bajo el argumento de “falta de recursos económicos para continuar con sus proyectos”.
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La Fundación Holcim Nicaragua se dedicaba a la “promoción de programas y proyectos de impacto socioeconómicos” que buscaban contribuir a la sostenibilidad de las comunidades cercanas a sus operaciones, destacan en el sitio web de la empresa Holcim suiza fundada en 1912 y que opera en Nicaragua desde 1997.
Las otras ONG canceladas
Además de Fundación Holcim Nicaragua, el Mint ordenó la cancelación de la personería jurídica de:
Asociación Promoviendo Cambios para una Vida Nueva (Aprocavin), operaba en Nicaragua desde el 20 de noviembre de 2015, y no pudo continuar por “falta de recursos económicos para continuar con sus proyectos”.
Evangelical Free Church of Canada (Iglesia Evangélica Libre de Canadá), estaba en Nicaragua desde el 21 de octubre de 2024, pero en agosto de 2025 solicitó disolución voluntaria tras no contar con “recursos financieros”.
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Sociedad Médica y Dental Cristiana (Christian Medical & Dental Society), la organización estadounidense que estaba en Nicaragua desde el 16 de mayo de 2013, optó por la disolución voluntaria en agosto del año pasado tras “haber cumplido con sus fines y objetivos”.
Fundación de Emprendedores Socioeconómicos de Occidente (Fundaempres), estaba inscrita desde el 25 de julio de 2012, pero el 31 de mayo de 2025 su Asamblea General Extraordinaria optó por la disolución voluntaria, sin más detalles ofrecidos por el Mint en el Acuerdo Ministerial publicado este jueves en La Gaceta.
Asociación Unión de Campesinos Organizados de la Cuenca de San Dionisio (Ucosd), operaba desde el 21 de noviembre de 1997 y el 23 de julio de 2025 sus miembros también optaron por la disolución voluntaria.
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Fundación Busca el Cordero. Estaba en Nicaragua desde el 3 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre del año pasado su Asamblea Ordinaria decidió dejar de operar “por falta de recursos económicos y financieros”.
Originarias de Estados Unidos
Project Concern International (PCI), originaria de Estados Unidos, inscrita desde el 12 de octubre de 1999, solicitó la “disolución voluntaria” desde el 7 de octubre de 2025. Argumentó “falta de recursos financieros para operar en Nicaragua”.
Svalorna Latinamerika, originaria de Estados Unidos, fue inscrita el 21 de marzo de 1994, pero el 29 de abril de 2025 alegó “falta de recursos económicos y financieros” y optó por dejar de operar.
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Mission 14, Inc, originaria de Estados Unidos, fue inscrita el 24 de junio de 2015. El 25 de octubre de 2025 alegó “escasez de recursos económicos y financieros” y optó por la disolución voluntaria “debido a la insuficiencia de fondos para mantener operaciones en Nicaragua”.
Manos de Amor, Inc., originaria de Estados Unidos, estaba inscrita desde el 16 de julio de 2012, pero el 16 de diciembre del año pasado su junta directiva decidió la disolución voluntaria tras haber concluido sus proyectos en Nicaragua.
Más de 5,600 ONG canceladas
En el Acuerdo Ministerial publicado este jueves, el Mint no especifica qué pasará con los bienes de estas organizaciones canceladas.
Estas 12 ONG se suman a la lista de más de 5,600 canceladas por el régimen desde 2018, a las cuales les confiscó todos sus bienes al igual que a nicaragüenses desterrados en los últimos ocho años. Varias de estas organizaciones alegaron que sus propiedades se les otorgaron a instituciones públicas, entre estas el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
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Las masivas cancelaciones de ONG iniciaron en el plenario de la Asamblea Nacional en 2018 con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), al que el diputado sandinista Filiberto Rodríguez acusó de participar “en acciones desestabilizadoras contra el gobierno y la sociedad nicaragüense”. Después la potestad para cancelar a estas organizaciones pasó al Mint con la aprobación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (1115) en abril de 2022.
