Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
A dos días de que venzan los salarios mínimos vigentes para nueve sectores de la economía que se rigen por la Ley 625, Ley de Salario Mínimo, la Comisión Nacional del Salario Mínimo concluyó su tercera sesión sin acuerdos. No obstante, la titular del Ministerio del Trabajo (Mitrab), Johana Vanessa Flores Jiménez, dejó abierta la posibilidad de convocar una nueva sesión antes del jueves 5 de marzo. Y reiteró que sin importar la fecha en que se apruebe el ajuste, se aplicará de forma retroactiva a partir del 1 de marzo.
Este año, el Mitrab convocó tardíamente la negociación que tradicionalmente comienza en la segunda semana de enero. Además, por primera vez, en los últimos siete años, la Comisión cuenta con una discreta participación del sector privado, representado por ejecutivos de cuatro empresas, una de ellas de la familia Ortega Murillo.
Su presencia no implicaría representación oficial, ya que según la Ley 65, los empleadores deben estar representados por organizaciones con presencia nacional, no por ejecutivos de empresas.
Aunque en la tercera sesión que se realizó ayer jueves 26 de marzo, los sindicatos oficialistas, a través de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), presentaron una propuesta de ajuste del 6 por ciento, se espera que el ajuste se apruebe en la próxima sesión y que sea solamente de 4 por ciento. Es decir de entre 238.00 y 532.62 córdobas.
Puede leer: Canasta básica rebasa los 21,000 córdobas en plena negociación del ajuste al salario mínimo
Desde 2019 no hay acuerdo tripartito
Desde 2019, la Comisión Nacional del Salario Mínimo aprueba los ajustes salariales anuales sin la participación de los delegados de las cámaras de empleadores con representación nacional, que según el marco legal garantizan acuerdos tripartitos.
Según algunos de los participantes, en los últimos siete años solamente en dos ocasiones participó el sector privado, pero a través de una organización sin peso dentro del sector empresarial. El estallido de la crisis sociopolítica que desde abril de 2018 afecta al país, provocó la ruptura del modelo de diálogo-consenso que por casi una década rigió las relaciones entre la dictadura Ortega Murillo y el gran capital.
Como consecuencia de esa ruptura, desde 2019 el Mitrab no convocaba a delegados de las cámaras de empleadores con representación nacional. Además, cuando en 2021 el régimen Ortega Murillo cerró del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y en 2023 clausuró al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas sus cámaras, en Nicaragua dejaron de existir organizaciones con representación nacional.
Lea también: Régimen cierra el Cosep y todas sus cámaras
Cerraron hasta a las organizaciones sandinistas
Ante la ausencia de asociaciones empresariales con representación nacional, el espacio de los empleadores quedó en poder de la eterna presidenta de la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (Conapi), Flora Vargas, que por más de una década participó sin aclarar a quién representaba.
También, en 2021 y 2023 participaron representantes de la Asociación de Promoción al Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni). Esta organización integrada por empresarios sandinistas surgió en 2019 con la intención de sustituir al Cosep. Pero en agosto de 2024, la Conapi y Aprodesni entraron en la lista de casi 5,500 organizaciones no gubernamentales (ONG) que los Ortega Murillo cerraron al despojarlas de sus personerías jurídicas y confiscarles sus bienes.
Es por ello que para los asistentes a la negociación actual, en su mayoría representantes de los sindicatos, funcionarios del Banco Central (BCN) y de los Ministerios de Hacienda, de Fomento Industria y Comercio (Mific) y del Ministerio del Trabajo (Mitrab), es llamativa la presencia del reducido grupo que representa a las empresas.
Puede leer también: Dictadura cierra y confisca Aprodesni, su brazo empresarial sandinista que intentó suplantar al Cosep
Los «empresarios» invitados
La pequeña delegación empresarial está integrada por Dalia Jiménez, ejecutiva del Ingenio Monte Rosa, de origen guatemalteco, en representación del sector industrial. Por el sector minero acreditaron a Omar Vega Sevilla, de la minera canadiense Equinox Gold, y a Karla Pineda, especialista en derecho laboral que asesora a diversas empresas. Por el sector comercio, José de Jesús Rojas, quien representaría a una empresa distribuidora de repuestos automotrices.
El grupo lo completa Omar Cortés Moncada, acreditado como representante del sector servicios, que según investigaciones de LA PRENSA es un contador público que ostenta la representación legal de la empresa Suministro y Montaje Electromecánico. Empresa de los Ortega Murillo que, entre otras actividades, cobra comisiones a las minas y mineros artesanales por el oro que extraen.
Los representantes de las empresas han participado desde el 13 de febrero cuando se instaló de forma tardía la Comisión Negociadora, que el jueves 19 realizó su segunda sesión. Si embargo, fue hasta en la tercera reunión, ayer 26 de febrero, que el Banco Central de Nicaragua (BCN) presentó la información que se utiliza como parámetro para establecer el ajuste.
Lea además: El esquema de extorsión que ha permitido a los Ortega Murillo controlar el negocio del oro en Nicaragua
CST pide ajuste del 6 %
Según el artículo 8 de la Ley 625, Ley de Salario Mínimo, algunos de los parámetros que la Comisión debe tomar en cuenta para determinar el ajuste anual son: el costo de la canasta básica de 53 productos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del año anterior y el porcentaje de inflación, entre otros.
Además, el sector sindical, a través de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), presentó la primera propuesta de la negociación; pidiendo un ajuste del 6 por ciento, que fijaron basados en el crecimiento, que el Banco Central dijo que fue del 4.8 por ciento y la inflación que cerró en 2.7 por ciento.
La organización argumentó que en los últimos años se aprobaron ajustes menores a los dos parámetros que se deben tomar en cuenta, crecimiento e inflación, y que consideran que es lo justo, teniendo en cuenta que el año pasado el incremento del precio de los productos de la canasta básica fue superior al 6 por ciento.
Puede leer: Este es el nuevo salario mínimo para más de 100 mil trabajadores en Nicaragua
¿Ajuste será del 4 %, igual que en 2025?
Sin embargo, representantes de diversos sindicatos creen que el ajuste se reducirá al 4 por ciento, que sería la propuesta que presentaría el régimen en la siguiente sesión. Dicho porcentaje sería similar al aplicado el año pasado, que significó incrementos de entre 228 y 512 córdobas.
De repetirse el 4 por ciento, los nueve sectores de la economía, cuyos salarios mínimos están vigentes hasta el sábado 28 de febrero, recibirían un incremento de entre 238 y 532.62 córdobas. El décimo sector, es el de las empresas de zona franca, pero sus trabajadores reciben desde el 1 de enero el ajuste del 6.7 por ciento, que quedó establecido en 2023 a través de un acuerdo multianual para el periodo 2023-2027.
Con un ajuste del 4 por ciento, el monto menor, 238 córdobas, sería para el sector agropecuario que devenga el salario más bajo de la tabla, con 5,950.02 córdobas mensuales más alimentación; y el más alto, 532.62 córdobas, para el sector construcción, los establecimientos financieros y los seguros que reciben una paga mensual de 13,315.61 córdobas.
Puede interesarle: Esto le costarán a las empresas los cuatro nuevos feriados que se inventó la dictadura de Ortega y Murillo
