Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La guillotina de la dictadura Ortega Murillo contra los abogados del aparato judicial sigue golpeando a los operadores jurídicos del régimen sandinista. Al menos 60 fiscales del Ministerio Público han sido despedidos, detenidos, sancionados y algunos exiliados desde el año 2024, cuando comenzó la purga de Rosario Murillo contra el poder judicial.
Un exfiscal del Ministerio Público, actualmente exiliado, relató a LA PRENSA que el proceso de depuración interna también alcanzó a fiscales que habían participado en la fabricación de evidencias en causas contra periodistas y empresarios en la gran redada de 2021.
Lea además: La salida de Guido deja acéfalo al Ministerio Público y refuerza el poder de la PGJ
Según su testimonio, desde mediados de 2024 se ejecutó una barrida gradual dentro del Ministerio Público. “Muchos creyeron que por haber servido al sistema estaban protegidos, pero empezó una limpieza silenciosa”, afirmó.
Purga de fiscales
El exfuncionario asegura que al menos 60 fiscales han sido despedidos, degradados de sus cargos o enviados a jurisdicciones lejanas como forma de castigo administrativo.
En algunos casos, quienes protestaron o cuestionaron decisiones internas fueron detenidos y llevados a celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, acusados de insubordinación.
El mismo testimonio vincula estas purgas con el retiro de Ana Julia Guido como fiscal general y el creciente peso político de la nueva Procuraduría General de Justicia, creada en 2025 y encabezada por la sancionada abogada Wendy Carolina Morales.
Según el exfiscal, este reordenamiento provocó el desplazamiento de decenas de fiscales que obedecían a Guido, algunos obligados a aceptar reasignaciones bajo amenazas de cárcel si se negaban.
Lea también: Ortega y Murillo serán “juez y parte” en casos de corrupción con la nueva Procuraduría
Mal paga Ortega a quien bien le sirve
Desde 2020, numerosos abogados, jueces, fiscales, asesores jurídicos y funcionarios del sistema judicial nicaragüense que durante años contribuyeron a sostener el aparato legal del régimen han terminado siendo despedidos, encarcelados, desterrados o públicamente humillados, en un patrón documentado por medios, organizaciones de derechos humanos y testimonios directos de exfuncionarios ahora en el exilio.
El fenómeno, que comenzó de manera selectiva tras la represión iniciada en 2018, se volvió más sistemático a partir de 2023 y se ha profundizado desde 2024, cuando las purgas dejaron de concentrarse únicamente en opositores o juristas independientes y empezaron a alcanzar a operadores internos del propio sistema.
Solo en el poder judicial se contabilizan más de 1,100 empleados despedidos desde octubre de 2023, incluidos magistrados, jueces, asesores y personal técnico. En muchos casos, las destituciones se realizaron sin procesos administrativos, obligando a firmar renuncias o retirando credenciales y acceso a sistemas de manera inmediata.
El episodio más simbólico de esta reconfiguración fue la defenestración de la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, desalojada de su despacho en una operación ejecutada por estructuras de seguridad del propio régimen.
Su caída marcó una fase más agresiva de sustitución de cuadros jurídicos experimentados por funcionarios considerados de absoluta lealtad política.
Puede interesarle: Cacería de la dictadura en la CSJ no para: otras dos magistradas destituidas
Una “guillotina” dentro del sistema judicial
El abogado nicaragüense exiliado Yaser Morazán confirmó que, a finales de 2024, el proceso de purgas comenzó a desarticular redes enteras de magistrados, jueces, secretarios, fiscales, notarios y abogados vinculados a los círculos históricos de la Corte Suprema de Justicia.
Morazán sostiene que la intervención del sistema judicial respondió a una decisión política de desmontar estructuras anteriores para crear un nuevo aparato judicial alineado directamente con el poder de Rosario Murillo.
“La guillotina sandinista no solo cayó sobre opositores. También alcanzó a abogados que habían sido parte del sistema durante décadas”, explicó.
Según el jurista, antiguos abogados de reconocida trayectoria dentro del sandinismo han sido apartados o marginados, y sustituidos por nuevos operadores jurídicos, cuya principal credencial es la lealtad política.
Sin embargo, advierte que ni siquiera estos nuevos cuadros tienen garantizada su estabilidad o seguridad.
Lea también: ¿Qué está pasando con la magistrada de la CSJ, Alba Luz Ramos? Ausente de su oficina tras “visita” policial
“Hoy nadie está a salvo dentro del sistema. La regla es la incertidumbre permanente. El que hoy firma una acusación, mañana puede ser acusado”, afirmó.
Un patrón de miedo y desconfianza
El proceso de purgas no solo ha sido administrativo. En algunos casos ha implicado interrogatorios, vigilancia, destierros, confiscación de bienes o amenazas contra familiares, según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos.
El caso del exvocero del poder judicial, Roberto Larios, y los asistentes de Alba Luz Ramos, desterrados en febrero de 2023, indica el nuevo giro en el trato de la dictadura a antiguos operadores del sistema judicial.
Además, las destituciones masivas han ido acompañadas de reformas legales y administrativas que han reducido la autonomía del poder judicial y concentrado decisiones en estructuras políticas del Ejecutivo.
Abogados del sistema que ahora buscan protección
El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, confirmó desde Costa Rica que el fenómeno también ha sido visible en el exilio.
Carrión asegura que en los últimos dos años el Colectivo ha recibido consultas y solicitudes de asesoría de abogados que anteriormente participaron en procesos judiciales contra presos políticos y que, posteriormente, fueron alcanzados por las purgas internas.
“Hay abogados que sirvieron como instrumentos del sistema y que después fueron despedidos, amenazados o investigados. Algunos han solicitado protección internacional en distintos países”, explicó.
El defensor considera que esto demuestra que el régimen no opera bajo reglas institucionales estables, sino bajo un esquema de control político basado en la desconfianza permanente.
