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Pese a que el discurso con el que la dictadura intenta justificar el retroceso del sistema de justicia al resucitar la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es “combatir la corrupción”, la todavía vigente Procuraduría General de la República (PGR) ya tenía conocimiento de las irregularidades en las instituciones públicas y de la aplicación discrecional de sanciones, según una revisión de LA PRENSA a documentos oficiales.
Por esta razón, de acuerdo con especialistas consultados, con la eliminación del Ministerio Público y la instauración de la PGJ será todavía más difícil sancionar los casos de corrupción que ocurran en las entidades estatales.
El pasado 6 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que elimina el Ministerio Público y establece la creación de la PGJ como dependencia de la Presidencia, la cual asumirá las funciones de la PGR y del Ministerio Público. La reforma no está vigente, puesto que debe ratificarse en segunda legislatura. Sin embargo, la dictadura la ha puesto en marcha para acusar de lavado de dinero al exasesor presidencial en temas de inversiones, Álvaro Baltodano y su hijo, Álvaro Baltodano Monroy.
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La puesta en marcha se da sin vigencia constitucional, sin ley creadora de la PGJ y sin reglamento emitido por la Presidencia.
Dictadura será víctima e investigadora
Puesto que la PGJ estará bajo el poder de la Presidencia, mientras que el Ministerio Público en teoría era un ente autónomo, las investigaciones relacionadas con corrupción y los hallazgos de la CGR serán elevados a procedimientos penales por la PGJ, lo que convierte a la dictadura de los Ortega Murillo en “víctima e investigador”.
«Por ejemplo, ¿cómo se puede investigar de forma independiente si el Estado es la parte afectada en un caso de peculado? No hay garantía de una investigación autónoma ni imparcial. En esos casos, lo que se espera es una acusación sesgada. Por eso, en sociedades democráticas, en los últimos años se ha avanzado en la creación de ministerios públicos y fiscalías independientes, que no forman parte del poder ejecutivo ni dependen de él. Ese es un argumento totalmente válido», refirió el especialista.
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También aseveró que si antes, con la independencia del Ministerio Público y el conocimiento de la PGR, el país no sancionaba las faltas y la corrupción, mucho menos ahora con una sola instancia, lo que, a su juicio, refuerza la tesis de que la única intención de la dictadura es perseguir a quienes considera una amenaza, incluso si se trata de antiguos aliados.
CGR remite algunos casos a la Procuraduría
Aunque en las resoluciones aprobadas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) se encontraron incumplimientos, la institución no estableció responsabilidades administrativas, civiles o penales, pero remitió los casos a la PGR, un patrón que se evidenció en los últimos tres años. Una de esas resoluciones fue la que documentó el uso de medicamentos vencidos en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (Heodra) durante 2023.
El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría (Ley 681) establece que cuando de los resultados de una auditoría se presuma responsabilidad penal, la CGR debe remitir de inmediato las conclusiones y evidencias acumuladas a los tribunales de justicia, a la PGR y a la Fiscalía General de la República.
«En la PGR se presentaban acusaciones interviniendo en los juicios. No dejaban el caso en manos de la Fiscalía o del Ministerio Público. Eso generó toda una discusión jurídica, porque no era lo correcto. Sin embargo, ellos argumentaban que, al estar el Estado afectado, tenían derecho de involucrarse y fueron sustituyendo paulatinamente al Ministerio Público», señaló un especialista que pidió no ser identificado por temor a represalias.
La Ley 681 establece que los informes de auditoría deben notificarse a la Asamblea Nacional y a la entidad auditada, pero también faculta al Consejo Superior de la CGR para emitir las resoluciones que estime pertinentes y a determinar a qué instancias se comunican.
CGR dejó al Ministerio Público poco a poco
Una especialista en temas de la CGR, que también prefirió el anonimato por temor a represalias, aseguró a LA PRENSA que la Contraloría remitía algunos casos a la PGR cuando había evidencia suficiente para determinar responsabilidades civiles, administrativas o penales.
«Los contralores están en la obligación de poner al tanto a la autoridad competente, que ahora será la PGJ, que le dieron esa tarea. Pero ahora a quien le corresponde pasárselo es a los tribunales o al Ministerio Público. Se remitía a la PGR cuando hay responsabilidad civil, o daño patrimonial. No hay pena, pero sí una multa o sanción por pérdidas a los recursos públicos. Pero si no hay méritos para responsabilidades, entonces no tiene por qué enviarlo a la PGR», señaló la especialista.
