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El Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra) en León —uno de los 11 hospitales de referencia nacional— utilizó medicamentos vencidos durante el 2023, según determinó una auditoría realizada en marzo de 2025 por la Contraloría General de la República (CGR) de Nicaragua. Pese a la gravedad del hallazgo, el Consejo Superior de la institución no estableció responsabilidades a las autoridades del Heodra ni ordenó una investigación independiente sobre la entrega de los fármacos vencidos y sus efectos en la salud de los pacientes que las ingirieron y en la salud pública.
Según la resolución RIA-CGR-343-2025 —en poder de LA PRENSA— correspondiente a la auditoría realizada por la Dirección de Auditoría de Instituciones Gubernamentales de la CGR a la administración de insumos médicos del Heodra, se determinó que esta dependencia del hospital Heodra «no resulta conforme en todos sus aspectos significativos con los criterios aplicados en las leyes, normas y regulaciones aplicables».
La investigación confirmó el uso de medicamentos que sobrepasan su vencimiento. Sin embargo, «no se determinaron hallazgos de auditoría que deriven en responsabilidades a los servidores públicos vinculados con las operaciones auditadas», señala la resolución de la CGR, en la que se detallan los hallazgos de incumplimientos.
60 días para aplicar recomendaciones
Al no emitir sanciones, a pesar de la gravedad del caso la CGR restó importancia al abuso cometido en el hospital Heodra; sin embargo, ordenó «a la máxima autoridad del Ministerio de Salud (Minsa)» aplicar medidas correctivas contempladas en las recomendaciones de auditoría, ante los resultados de incumplimientos a disposiciones legales.
Entre los hallazgos de la auditoría también se reportaron irregularidades en los procedimientos para el uso racional de insumos médicos.
Aunque se desconocen las recomendaciones giradas por la CGR debido a que no se hacen públicas, el ente le otorgó al Minsa un plazo de sesenta días calendario para implementarlas y rendir informe sobre su cumplimiento. No obstante, tampoco se sabe si el Minsa acató las recomendaciones ni si entregó un informe de cumplimiento a la Contraloría.
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Implicaciones graves para la salud
Un médico especialista en salud pública consultado por LA PRENSA, que prefirió el anonimato por temor a represalias, explicó que el hecho de que una institución médica entregue medicamentos vencidos pone en grave riesgo a los pacientes y a la salud pública.
«Es muy grave, estarían dando paso a un brote epidémico de complicaciones no solo digestivas, sino también una serie de pacientes con reacciones asociadas a los efectos colaterales de los fármacos», dijo el especialista.
Otro médico señaló que, a las complicaciones que sufrieron los pacientes que las ingirieron, se suma que si desde el hospital Heodra se desarrollaron planes de salud pública con fármacos vencidos, los resultados seguramente fueron nulos.
«Hay algunos (fármacos vencidos) que pueden ser inocuos, dependiendo del tipo de medicamentos, pueden perder su efecto y en consecuencia, su incidencia en lo que se pretende aliviar es nulo. También puede ocasionar efectos adversos», señaló.
Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que los medicamentos deben administrarse únicamente dentro de su vida útil y que, una vez vencidos, deben ser eliminados de manera segura como desechos farmacéuticos.
Criterios suficientes para sanciones
A criterio de una especialista en auditoría estatal que también prefirió omitir su nombre por temor a represalias, en el caso del Heodra era necesaria una investigación autónoma o, en su defecto, realizada por autoridades del Minsa bajo la supervisión de la CGR para determinar qué medicamentos se vencieron y qué efectos provocaron en los pacientes.
«Ahí los responsables fallaron en detrimento del interés ciudadano y, aunque no se saben más detalles, la resolución se emitió sin una investigación independiente», aseveró.
La especialista aseguró que los hallazgos de fármacos vencidos y el mal manejo de los medicamentos son criterios suficientes para establecer responsabilidad civil, en caso de que por negligencia se vencieran los insumos; además de responsabilidad administrativa, puesto que los medicamentos vencidos representan pérdidas para el Estado.
No obstante, en la resolución de la CGR, aprobada por el Consejo Superior el 3 de abril de este 2025, se deja abierta la posibilidad de sanciones por los incumplimientos, señalando que de la revisión de otros documentos no tomados en cuenta en la resolución podrían derivarse responsabilidades conforme a la ley.
Antes si castigó el uso de medicina vencida
En 2010, la CGR determinó responsabilidades civiles por un monto de 1,480 dólares a Loyda Leonza Estrada, entonces responsable de enfermería del Centro de Salud Municipal Juan Manuel Morales de Bluefields, Costa Caribe Sur, a raíz de que una estudiante de enfermería no guardó en el refrigerador las vacunas contenidas en un termo asignado.
La Contraloría resolvió en aquel momento que Estrada fue culpable (responsabilidad civil) por, entre otras faltas, no asegurarse de que las vacunas quedaran bajo resguardo.
A criterio de la especialista, ese es un precedente en el que se establecieron responsabilidades civiles por una causa similar a la del Heodra, aunque aclaró que en el caso de Bluefields no se suministraron los fármacos vencidos, un agravante que sí ocurrió en el hospital Heodra de León, ya que la CGR es enfática en señalar que los medicamentos caducados se usaron.
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Removieron a directora del Heodra
Entre los nombres sujetos a revisión por el uso de medicamentos vencidos figuran Judith de los Ángeles Lejarza, directora del Heodra; Claudia Johana Roque, subdirectora; Karen Dávila Hernández, responsable de insumos médicos; y Mayra Karelia Fonseca Andino, responsable del Departamento de Laboratorio Clínico, entre otros.
Lejarza, reconocida por su lealtad al sandinismo, asumió la dirección del Heodra en 2018, año en el que despidió a varios especialistas en represión por la posición que asumieron en el marco de las protestas sociales. Sin embargo, fue removida del cargo en julio, según trascendió de manera extraoficial. Actualmente, la directora es Esmeralda Morales, aunque se desconoce si los cambios administrativos se deben a hallazgos derivados de las auditorías en el Heodra, los cuales no fueron hechos públicos por la CGR.
Además, aunque la resolución indica que el 10 de marzo de este año se informó a los funcionarios implicados en la auditoría sobre los hallazgos preliminares, se desconocen los comentarios que estos emitieron al respecto.
Despidos en el Heodra
Aunque se desconocen los resultados de las posibles acciones del Minsa según lo establecido por la CGR, las autoridades de salud emprendieron en su lugar una ola de despidos y renuncias forzadas en el Heodra, especialmente de médicos especialistas en ginecología y pediatría.
A través de redes sociales se filtró que renunciaron los especialistas Juan José Mendoza, gineco-oncólogo; Karla Argentina Salazar, perinatóloga; Rigoberto Pérez, ginecólogo; Miurell Toruño, ginecóloga; y Rosa Muñoz Benavídez. Ninguno de estos especialistas figura entre los nombres auditados por la CGR, por lo que es posible que los despidos no respondan al interés de corregir las deficiencias reportadas en la auditoría.
En el caso del doctor Juan Mendoza, el único gineco-oncólogo del Heodra, fuentes señalaron que había regresado recientemente de México tras realizar una especialidad, y renunció también por aparentes presiones para cumplir con los “deberes” del partido gobernante.
