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En septiembre de 2019, Karla huyó de la crisis sociopolítica que atravesaba Nicaragua y de la agobiante situación económica tras no encontrar trabajo. Abrió un nuevo camino, lleno de desafíos, que la llevaría a adquirir su nacionalidad española. Lo más doloroso vendría, cuando todo parecía despejado para ella, con una reciente medida tomada por la Dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta puede significar que pierda “legalmente” su condición de nicaragüense por la aplicación arbitraria que suelen hacer las autoridades.
Karla tiene 33 años y vive en una de las 17 comunidades autónomas de España, donde tuvo que empezar de cero. Desde que llegó a tierras españolas buscó la forma de legalizarse. Después de un proceso de siete años, ahora tiene en sus manos su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte que la acredita como ciudadana española.
Ahora, su miedo es que pueda perder «legalmente» la nacionalidad nicaragüense, por las reformas a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de Nicaragua, aprobadas por los diputados de la Asamblea Nacional bajo órdenes de la dictadura Ortega-Murillo. Estos cambios entraron en vigencia tras su ratificación en segunda legislatura a mediados de enero de 2026, tan solo unos días después que ella obtuvo su documento emitido en España.
¿Qué dicen las reformas sobre la doble nacionalidad?
Las reformas de los artículos 23 y 25 de la Constitución Política eliminan la doble nacionalidad para los nicaragüenses, y en el caso de los extranjeros, deben renunciar a su país de origen para naturalizarse en Nicaragua. La única excepción son los centroamericanos.
El artículo 25 de la Constitución ahora establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”. En tanto, el artículo 23 señala que “las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria”. La medida no debería ser aplicada de manera retroactiva, tal como prometió el año pasado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los operadores políticos de mayor confianza de Murillo. Es decir que sería válida, a partir de la reforma legislativa, pero como dijo recientemente la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos la aplicación depende del régimen.
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“Tuve que adquirir una segunda nacionalidad por el hecho de que ya me quedaba a vivir aquí”, dice ella, en medio de sentimientos encontrados al darse cuenta que si el régimen de Nicaragua se entera y aplica la reforma de manera arbitraria, lo más probable es que la despojen de ser nicaragüense, algo que le parece “un absurdo total” y un “claro abuso de poder de la dictadura”.
El régimen ha justificado la aprobación de la nueva medida con un tema de lealtad con Nicaragua, cuando evidentemente las razones de fondo son eminentemente políticas. «El que es leal a una patria va ser desleal a la otra. ¿Podemos biológicamente tener dos madres? No podemos tener biológicamente dos madres. Hay una sola madre patria», justificó la diputada Arling Alonso, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
Dictadura legaliza desnacionalización
En realidad, los legisladores buscaron «legalizar» el abuso del régimen de privar anteriormente de la nacionalidad a centenares de ciudadanos. Entre 2023 y 2024, la dictadura arrebató la nacionalidad —valiéndose de resoluciones judiciales— a 452 personas: 222 exreos de conciencia desterrados a Estados Unidos, otros 135 a Guatemala, y 94 personalidades críticas de los Ortega Murillo.
Hasta febrero de 2023, la Constitución prohibía la pérdida de la nacionalidad. Pero el día 9 de ese mes, la Asamblea aprobó una ley para regular supuestamente la pérdida de esta condición y establecieron que las personas condenadas en virtud de la ley soberana podían perderla. Ese mismo día, aprobaron una reforma constitucional para aplicar la medida a quienes consideraran «traidores de la patria».
Por estos hechos, la privación de nacionalidad la reconoce el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, a quienes se les designó para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, como un mecanismo de represión política.
«Las autoridades nicaragüenses han recurrido a la privación arbitraria de la nacionalidad para silenciar y castigar a opositores reales o percibidos y a sus familiares. Los casos documentados por
el Grupo muestran un patrón sistemático de violación del derecho a una nacionalidad como parte de un patrón más amplio de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos con impacto
transnacional, incluidas restricciones a la libertad de circulación y de residencia. Esta práctica tiene consecuencias de gran alcance para el goce de otros derechos humanos por parte de las víctimas y
extiende sus efectos a sus familias», explicaron los expertos de la ONU en un informe de septiembre de 2025, titulado Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras.
¿Cómo puede saber el régimen?
Sin embargo, saber si un nicaragüense adquiere otra ciudadanía no siempre está al alcance de la dictadura, a menos de que el país donde se solicite lo notifique a la Embajada nicaragüense en ese territorio, explica el abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“Depende de la legislación de cada país es probable que se notifique a la Embajada de Nicaragua. Sin embargo, en el caso de aquellas personas que tienen asilo y refugio debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran no se le notifica al país de donde están huyendo”, destaca Abarca.
Las reformas constitucionales para eliminar la doble nacionalidad son solo una de las tantas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua.
El número de afectados con las decisiones políticas de la dictadura puede ser mayor, si se suma los miles de nicaragüenses que según el abogado Abarca se encuentran en situación de “apatridia de facto”, incluido él. Estos no cuentan con protección consular ni estatal que debería brindar Nicaragua en países como Costa Rica, Estados Unidos y España, donde se encuentra la mayor parte de los más de 800 mil connacionales en condición de exilio, de acuerdo con datos del Colectivo.
Según la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, ratificada por Nicaragua en 2013 y citada por los expertos de la ONU en su mismo informe, el país no puede privar de su nacionalidad a alguien si eso significa que lo convierte en apátrida.
Rabia de los ciudadanos ante el abuso
Karla se divide ahora entre la alegría de haber recibido la nacionalidad española y el vacío, rabia e impotencia, de saber que el régimen le puede quitar el derecho de ser nicaragüense con las reformas constitucionales. El abogado Abarca se enrumba en ese mismo proceso de nacionalización para poder salir del limbo legal en que se encuentra.
“Me da un sentimiento de rabia, impotencia. Yo quisiera estar en Nicaragua. En mi entorno, con mis amistades, mi familia pero no en las condiciones que ofrece la dictadura. ¿Quién les da a ellos ese poder absoluto de decir, ‘te vamos a quitar la nacionalidad, solo porque nosotros queremos?’”, cuestiona enérgicamente Karla.
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El abogado Braulio Abarca cataloga como “grave” las reformas constitucionales ordenadas por la dictadura y subraya que “violentan los derechos fundamentales y los acuerdos internacionales”, entre estos la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, instrumentos internacionales clave gestionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En varios países del mundo no se permite tener doble nacionalidad, pero regularmente la medida se aplica a extranjeros que quieren pasar a ser naturales en esos territorios y no a sus propios ciudadanos que acepten otra. A Karla, el haberse nacionalizado española le provoca «sentimientos encontrados» por la posibilidad de que la afecte la nueva medida estatal. “Tengo nostalgia y tristeza», resume esta nicaragüense.
