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La dictadura matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó el 14 de enero la doble nacionalidad en Nicaragua al reformar el artículo 23 y 25 de la Constitución en segunda legislatura. Según los expertos, la medida «trastoca uno de los derechos más fundamentales de los ciudadanos», pero en el oficialismo es motivo de las más entusiastas justificaciones.
«El que es leal a una patria va a ser desleal a la otra. ¿Podemos biológicamente tener dos madres? No podemos biológicamente tener dos madres. Hay una sola madre patria», dijo la diputada Arling Alonso, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional en el programa Desde el Parlamento, de este poder del Estado.
El año pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la reforma no sería retroactiva, por lo que los nicaragüenses que ya tienen doble nacionalidad no deberían verse afectados, sino que se aplicaría a partir de este año.
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Además de esta decisión, los diputados del orteguismo se pronunciaron también a favor de que los ciudadanos extranjeros podrán acceder a la nacionalidad nicaragüense, después de renunciar a la propia; salvo los centroamericanos. En este último caso, podrán mantener la suya y optar a la de Nicaragua.
Para Salvador Marenco, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, «(la reforma) ataca a la nacionalidad en dos sentidos: a los nacionalizados de origen y a las personas naturalizadas nicaragüenses».
La reforma es parte de una serie de medidas represivas contra ciudadanos críticos que han sido documentadas en informes internacionales de Naciones Unidas. En septiembre de 2025, el grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) denunció la privación de la nacionalidad. Pero, además, la eliminación o denegación de documentos oficiales, visto como una «muerte civil» impuesta a las víctimas. La consecuencia se conoce como «apatridia de facto».
«Como resultado, se desgarran familias, se priva a las niñas, los niños, de su derecho a la identidad y a la educación, se despoja a las personas adultas mayores de sus pensiones, y los familiares en Nicaragua enfrentan represalias, intimidación y aislamiento», concluyó el GHREN.
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Esta visión preocupante es compartida por otros organismos que han denunciado los abusos cometidos por Ortega y su dictadura. Marenco insiste en que «el derecho a la nacionalidad es parte núcleo duro de los derechos humanos: Tocás ese derecho y van muchos otros detrás, como el derecho a una vivienda, a la seguridad social, al trabajo, entre otros».
Catedrático costarricense: «Es represión institucional»
Vladimir de la Cruz, catedrático costarricense, enfatizó que la medida del régimen «forma parte de la represión institucional que ha desarrollado con los sectores opositores de Nicaragua en el sentido de sacarlos del país, expulsarlos, quitarles la nacionalidad nicaragüense».
El régimen de Ortega privó de la nacionalidad a 451 personas entre 2023 y 2024. Se trata de 222 ex presos políticos desterrados hace tres años a Estados Unidos, 94 ciudadanos críticos del régimen, y al año siguiente a otros 135 reos de conciencias sacados hacia Guatemala.
«Eso es grave. A nadie se le puede quitar su nacionalidad, a nadie se le puede quitar el lugar donde nació. Si yo nazco en Costa Rica, seré costarricense; si nazco en Nicaragua, seré nicaragüense. Eso es irrenunciable», dijo De la Cruz, quien es un reconocido abogado e historiador costarricense.
