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La Asamblea Nacional aprobó esta semana en segunda legislatura —necesario para que fuese efectivo— las reformas de tres artículos de la Constitución que permitieron la creación de una nueva Procuraduría de Justicia y también de otro que faculta a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo a nombrar “codirector” en la Policía. Los diputados del FSLN le cumplieron a sus jefes políticos.
Sin embargo, la nueva Procuraduría empezó a operar desde agosto de 2025, luego que Murillo anunció una extraña cruzada contra la “corrupción”, que inició en el contexto de las purgas que le atribuyen en el Estado para acumular más poder. Durante el mismo mes asumió también la codirección policial el primer comisionado Victoriano Ruiz.
¿Cómo fue posible que todo ocurriera sin que se cumpliese con la aprobación en su totalidad del marco legal? Un dicho popular describiría la actuación de los diputados como «poner la carreta delante de los bueyes». De acuerdo con analistas políticos y juristas consultados, es un acto ilegal, porque se necesitaba la aprobación de las reformas de los artículos en segunda legislatura, pero además que esto fuera publicado en el diario oficial La Gaceta.
Desde hace años, la Asamblea está bajo control del régimen y sus miembros actúan como cómplices del Ejecutivo. La institución es presidida por el diputado Gustavo Porras, uno de los operadores de mayor confianza de Murillo y uno de los 54 funcionarios identificados por Naciones Unidas como responsables de la represión. El 10 de enero pasado, el legislador celebró los 19 años de Ortega y Murillo en el poder, y se preguntó cuál es su “magia” al destacar los supuestos logros de su gestión. Pero obvió las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura.
Peraza: «Un Estado de poder primitivo»
“Todo lo que están haciendo es ilegal (…) ahora la formalidad ya se perdió. Estamos en un estado de poder primitivo”, explicó el politólogo José Antonio Peraza.
La información publicada por el poder legislativo indica que la creación de la nueva Procuraduría se basa en las reformas de los artículos 132, 159 y 160 de la carta magna. Si Ortega y Murillo pueden designar ahora un codirector policial, la atribución descansa en la reforma al artículo constitucional 125.
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Peraza agregó que la dictadura utiliza toda la institucionalidad para consolidar su poder. Es decir, según sus palabras, no es la ley la que regula el poder, sino todo lo contrario.
Para el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, se trata de una acción de parte del régimen que es ilegal, inconstitucional y nula. Pero se entiende en el sentido de que es el colofón de la abolición del Estado de derecho. “Es (un intento de) legalizar las ilegalidades”, afirmó.
“Esto revela que ni a la dictadura Ortega Murillo en su conjunto, ni a la Asamblea Nacional en particular, les interesa el cumplimiento del marco constitucional que ellos hicieron a su medida. ¡Ojo! Que deviene, desde luego, del desmembramiento constitucional de la carta magna totalitaria que entró en vigencia en febrero del año pasado», sostuvo Barberena.
Para este abogado, los diputados juegan un papel de transgresores de la Constitución política y reitera que «estas reformas fueron implementadas, aunque no hubieran entrado en vigencia. Porque, en efecto, no había sido aprobada en segunda legislatura”.
Procedimiento irrespetado por la dictadura
Otro jurista opinó, bajo condición de anonimato, que en el caso de la eliminación de la doble nacionalidad —también aprobada en segunda legislatura durante esta semana— los oficialistas sostienen que no tiene efecto retroactivo y debe aplicarse a partir de su publicación en La Gaceta en adelante. “Lo mismo debería ser tanto para el Ministerio de Justicia como para la designación de cojefe en la Policía”, añadió.
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Esta fuente dijo también que hay otra lectura política a la decisión de nombrar a un “cojefe” policial. “La idea es que se vayan moldeando las instituciones a los funcionarios que van a ser los nuevos jerarcas. La ‘codictadora’ coloca así a sus fichas de confianza”, comentó.
La nueva Procuraduría de Justicia es un “superministerio”, dirigido por Wendy Morales, que operaba sin base legal y absorbió al Ministerio Público. En Nicaragua, desde febrero pasado, las instituciones no son independientes desde el punto de vista formal. Todas ellas son coordinadas por el poder ejecutivo. Ortega y Murillo tienen el mismo nivel jerárquico, mal llamado “copresidente”. El país vive bajo un régimen totalitario.
