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La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó en segunda legislatura una nueva reforma a la nueva Constitución sandinista con la que formaliza la creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), una institución que ya estaba operando desde meses atrás sin base constitucional vigente, bajo el argumento de que se trata de una restructuración para perseguir «la corrupción».
La institución está a cargo de Wendy Morales, quien ejerce como «superministra». Con la votación de los legisladores, el régimen intenta dar sustento legal a una estructura que absorbió al Ministerio Público, asumió funciones penales y presentó acusaciones, a pesar de que solo estaba aprobada en una legislatura y hacía falta que lo hicieran en una segunda.
La Presidencia puso en marcha la PGJ antes de que la reforma constitucional entrara en vigor. Pese a que no se había cumplido con el procedimiento constitucional para que funcionara, la Asamblea aprobó su ley orgánica, definió sus competencias y le asignó funciones propias de un ente acusador.
Incluso antes de que la ley fuera publicada en La Gaceta, la nueva entidad ya había actuado en procesos penales de alto perfil. Juristas y analistas calificaron como una violación abierta al principio de legalidad y al debido proceso. Pero, además, el Ejecutivo dice perseguir la «corrupción», que es uno de los pilares de la dictadura actual, junto a la represión y el control institucional que proporciona impunidad al régimen.
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Absorción del Ministerio Público
La reforma constitucional ratificada en segunda legislatura elimina al Ministerio Público como órgano independiente y traslada todas sus funciones a la PGJ. Con ello, la acusación penal queda bajo control directo del Ejecutivo, a través de una institución subordinada políticamente a la Presidencia.
Especialistas han advertido que este cambio elimina cualquier separación entre el poder político y la acción penal, debilitando aún más la independencia judicial en Nicaragua.
Tras la aprobación de la reforma, la Asamblea Nacional publicó en su cuenta oficial en X mensajes en los que presenta la creación de la PGJ como una medida para combatir la corrupción y proteger los intereses del Estado.
En sus publicaciones, el Legislativo aseguró que la nueva institución perseguirá y castigará de forma “firme” a quienes cometan actos de robo o saqueo del erario, bajo la orientación directa de la Copresidencia de la República.
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Reformas paralelas sobre nacionalidad
En la misma sesión, los diputados también aprobaron en segunda legislatura la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución, que obliga a los extranjeros que deseen nacionalizarse nicaragüenses a renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los ciudadanos centroamericanos.
Esta modificación se suma a una serie de cambios constitucionales impulsados por el régimen desde la imposición de la nueva Constitución sandinista en febrero pasado, caracterizada por concentrar aún más el poder en manos del Ejecutivo.
