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La Asamblea Nacional de Nicaragua, a partir de este año, dejó de ser en el papel un poder independiente. Los diputados aprobaron en segunda legislatura la nueva Constitución sandinista, que subordinó los poderes del Estado a la Presidencia, a la vez que los degradó a «órganos». En este nuevo rol, la Asamblea Nacional aprobó este año 35 leyes, 29 decretos, y una lista de acuerdos de créditos por más de 489 millones de dólares.
El 19 de febrero entró en vigor la nueva Constitución sandinista, que eliminó el balance de poderes al degradarlos a «órganos» subordinados a la Presidencia y estableció la llamada «copresidencia», compartida por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una revisión realizada por LA PRENSA a las iniciativas aprobadas por el Legislativo expone que la Asamblea Nacional dio luz verde al rediseño del sistema judicial y constitucional, aprobó un alto monto de endeudamiento externo, profundizó la alianza con los aliados del régimen, China y Rusia; a la vez que reforzó al Ejército, la Policía y usó leyes simbólicas para consolidar la narrativa oficial.
Y aunque la Asamblea se convirtió en la principal puerta de entrada para las extravagancias de la dictadura con el nuevo Estado totalitario, en su informe de gestión la Junta Directiva aseveró que se trata de «un trabajo para el pueblo».
“Aquí podemos decir que hemos consolidado nuestra Nicaragua Revolucionaria mediante las aprobaciones de leyes y decretos que se hicieron y se realizaron en este 2025; esperamos el 2026 con alegría y entusiasmo para continuar trabajando para, por y con nuestro pueblo”, finalizó el informe la primera secretaría de la Asamblea Nacional.
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Parlamento reacomodó modelo de la dictadura
Luego de la aprobación en segunda legislatura de la nueva Constitución sandinista, la dictadura puso en marcha cuatro reformas más a esa nueva carta magna. La dictadura implementó dos de estas reformas sin ser aprobadas en una segunda legislatura, tal como lo establece la misma Constitución sandinista.
La primera enmienda, posterior a la entrada en vigor de la nueva Constitución, se aprobó el 16 de mayo y reformó los artículos 23 y 25 para eliminar la doble nacionalidad. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseveró que esta medida no se aplica retroactivamente y que entrará en vigor el próximo año, cuando se apruebe en segunda legislatura. Sin embargo, la dictadura implementó el resto de reformas a su nueva Constitución sin la aprobación en segunda legislatura.
La segunda enmienda fue el 6 de agosto, esta vez la Asamblea Nacional reformó los artículos 132, 159 y 160, creando la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en sustitución de la Procuraduría General de la República y subordinando al Ministerio Público. Según especialistas consultados, esta reforma concentra toda la acción penal en la Presidencia, eliminando el derecho a un juicio justo.
Posteriormente, se aprobó la Ley Orgánica de la PGJ, que entró en vigor el jueves 28 de agosto, pese a que su base jurídica —la reforma constitucional correspondiente— aún está vigente puesto que debe ser aprobada nuevamente en 2026 en una segunda legislatura.
La tercera enmienda fue una reforma al artículo 125 para establecer el doble mando en la Policía. Esta se acompañó de cambios a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), también implementada sin aprobarse en segunda legislatura el próximo año.
La cuarta reforma, aprobada el jueves 28 de agosto, impuso una reforma al artículo 118 de la Constitución sandinista, con la que imponen mayor control sobre los funcionarios públicos bajo el argumento de perseguir la corrupción. Esta reforma establece que los funcionarios públicos pueden perder sus cargos o enfrentar procesos penales en casos de corrupción, algo que, según el especialista, alude a la «corrupción no autorizada» por el régimen de los Ortega Murillo.
Luz verde a secuaces judiciales del régimen
En 2025, la Asamblea Nacional también dio luz verde al reacomodamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de aprobación de renuncias en combo de magistrados y nombramientos de nuevos jerarcas que, según analistas consultados anteriormente por LA PRENSA, son más leales a Rosario Murillo.
La Asamblea Nacional aprobó las renuncias de los magistrados Marvin Aguilar, Armando Juárez, José Manuel Martínez, Virgilio Gurdián, Armengol Cuadra, Ellen Lewin, Yadira Centeno y Juana Méndez Pérez. En su lugar nombró a María Elsa Frixione Ocón, Rosa Argentina Solís, Ana Julia Guido, Ernesto Rodríguez, Octavio Rothschuh, Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.
«Esto es muy ofensivo para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. (A los nuevos magistrados) Se les recompensa por su lealtad a la dictadura. Esto solo refuerza la idea de que el régimen autoritario mantiene a todas las personas bajo control y sin libertad. Eso se llama totalitarismo», sostuvo Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en declaraciones anteriores a LA PRENSA.
Ley de Territorio Fronterizo
La aprobación de la Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, el 5 de agosto de 2025, por parte de la Asamblea, marcó uno de los cambios más profundos en el régimen de propiedad y control territorial en Nicaragua en las últimas décadas. La norma fue avalada de forma expedita por la Asamblea Nacional de Nicaragua y declaró como propiedad del Estado los primeros 15 kilómetros desde la frontera hacia el interior del país, una franja que abarca cerca de 18,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
A diferencia de la legislación anterior, la ley redujo el marco normativo a apenas cuatro artículos y eliminó cualquier distinción entre zonas de desarrollo, protección o seguridad, concentrando en el Estado un control absoluto sobre estas áreas.
Uno de los impactos más drásticos de la nueva legislación es su choque directo con los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Al derogar el régimen previo que reconocía explícitamente los territorios comunales titulados, la Ley 1258 omitió toda referencia a la Ley 445 y a los estatutos de autonomía del Caribe, dejando sin protección jurídica a más de 300 comunidades indígenas ubicadas en zonas fronterizas.
Especialistas advirtieron en declaraciones anteriores a este Diario que esta legislación abre la puerta a desalojos, desconocimiento de títulos y mayor discrecionalidad estatal, en regiones ya afectadas por invasiones de colonos y violencia estructural.
En el ámbito económico, la Ley de Territorio Fronterizo tiene efectos inmediatos incluso sin que se concrete una expropiación física. Al declarar la propiedad estatal sobre vastas extensiones donde existen fincas productivas, plantaciones, granjas acuícolas, negocios turísticos y viviendas, la norma inmoviliza los bienes, reduce drásticamente su valor de mercado y los vuelve inutilizables como garantías financieras. Economistas consultados coinciden en que esta situación profundiza la incertidumbre, deteriora la confianza inversionista y agrava la inseguridad jurídica.
Empresas chinas «facilitadoras» de créditos
La revisión realizada por LA PRENSA a las iniciativas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2025 evidencian un alineamiento político, económico y estratégico cada vez más profundo con China y Rusia, que va más allá de la cooperación tradicional. Sin embargo, en el caso de China la dictadura demostró un mayor interés económico, mientras que con Rusia fue más discursivo y geopolítico.
Durante el año se aprobaron al menos seis préstamos con empresas estatales chinas, por un monto aproximado de 394 millones de dólares, destinados a sectores estratégicos como energía, transporte, conectividad digital e infraestructura logística. Con estos, el monto acumulado de los créditos pactados con empresas chinas rondaría los 1,500 millones de dólares, sin embargo, hasta hoy son muy pocos los desembolsos que se han concretado.
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Entre estos destacan los créditos con China Communications Construction Company Limited (CCCC) para las plantas eólicas La Mesita (57.4 millones de dólares) y El Barro (69.1 millones), así como el financiamiento con Zhengzhou Coal Mining Machinery Group (ZMJ) por 86.3 millones de dólares para el proyecto de conectividad digital nacional.
A estos se suman el crédito con Yutong Bus Co., Ltd. por 51.4 millones de dólares para la adquisición de autobuses, camiones recolectores de basura y volquetes que se usarán en Managua, y el acuerdo con China Iconic Technology Company Limited (ChinaICTC) por alrededor de 130 millones de dólares, para estudios y diseños del centro logístico Julia Herrera de Pomares, que facilitará la logística en el puerto de Corinto.
En conjunto, estos préstamos consolidan un esquema de endeudamiento atado a empresas proveedoras chinas, con contratación cerrada y escaso control público, lo que incrementa la dependencia financiera y tecnológica del Estado nicaragüense respecto a Pekín.
Sumisión a Rusia
Con Rusia destacan convenios firmados no solo con el gobierno ruso, sino también con Sebastopol y regiones ucranianas ocupadas como Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón, territorios que carecen de reconocimiento internacional. La aprobación de estos instrumentos legislativos implica un respaldo político a la narrativa rusa sobre la guerra en Ucrania.
A este paquete se suma el acuerdo Nicaragua–Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional, aprobado también por la Asamblea. Aunque presentado oficialmente como un mecanismo de cooperación jurídica, analistas advierten que el convenio funciona como un escudo político frente a instancias internacionales de justicia, en un contexto en el que ambos países enfrentan señalamientos por violaciones de derechos humanos.
Beneficios para el Ejército y Policía
El acercamiento con Rusia adopta una lógica distinta y complementaria. Aunque en 2025 no se aprobaron créditos directos con Moscú, la Asamblea sí dio luz verde a financiamiento proveniente del Banco de Desarrollo de la República de Bielarús, aliada estratégica del Kremlin.
Estos créditos suman más de 30 millones de dólares y tienen un destino claramente coercitivo, puesto que 4.8 millones fueron para el fortalecimiento operativo de la Policía y 25.5 millones para mejorar las capacidades de movilización y logística del Ejército de Nicaragua.
