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El izado de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el edificio de la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero simbolizó la subordinación total de este poder del Estado bajo el dominio de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y aunque el parlamento estuvo controlado desde que el régimen puso en marcha su deriva autoritaria, la imposición de la nueva Constitución sandinista este año consolidó ese control.
La nueva carta magna sandinista establece que la bandera azul y blanco y la rojinegra sandinista son símbolos nacionales. Desde ese entonces, la Asamblea Nacional sesiona menos y solo lo hace para actividades partidarias, a criterio de especialistas consultados.
Una revisión de las publicaciones de las cuentas en redes sociales de la Asamblea Nacional expone que este año el parlamento nicaragüense se ha dedicado más a sesiones para ensalzar la narrativa partidaria de la dictadura que para legislar.
A criterio de un especialista en asuntos parlamentarios, que prefirió hablar bajo condición de anonimato, la razón básica de la decaída de la Asamblea Nacional es que no es un poder autónomo, sino un poder subordinado a Ortega y Murillo.
«Todo tiene que venir desde los copresidentes, y eso reduce sustancialmente la función legislativa. De hecho, en los años anteriores, ya ocurría en la práctica, y ahora, con la nueva Constitución, también ocurre de derecho. Mientras no llegue ninguna iniciativa enviada por los dictadores los diputados no tienen contenido de trabajo», dijo el especialista.
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Caída desde 2022
El 9 de enero de 2022, después del fraude electoral del 7 de noviembre de 2021, la Asamblea Nacional tomó posesión en una sesión solemne, presidida por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Una revisión de LA PRENSA a las iniciativas disponibles en el sitio web del parlamento expone que en ese año, cuando se dio el reacomodo del régimen después del estallido social de 2018, se tramitaron 109 iniciativas, incluyendo cancelaciones de personerías jurídicas y confiscación de universidades privadas.
A criterio de un especialista, en ese año la Asamblea dejó de tener una función deliberativa o representativa y pasó a operar como una oficina de legalización política de decisiones emanadas de Ortega y Murillo.
En ese período, las iniciativas denotan un esmero del régimen por reacomodar el Estado, hecho notorio con la imposición de la nueva Constitución sandinista, misma que ha sido reformada cuatro veces en lo que va de 2025 después de su aprobación.
2023, año de alineamiento internacional
En 2023 fue más notorio el alineamiento de la Asamblea a los intereses de la dictadura, pese a tener supuestamente partidos distintos al oficialista, como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin embargo, estos partidos se prestan como satélites de la bancada oficialista.
En ese año se aprobaron decretos de cooperación, préstamos y convenios con Rusia, China, Belarús, Irán y Kuwait, al tiempo que se rompen vínculos con Taiwán (derogación de acuerdos en 2021 y 2022).
A partir de 2023, también se registraron declaraciones legislativas contra Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y en apoyo a Cuba.
Lo más fuerte: reformas a la Constitución
En 2025, el rasgo más significativo de la actividad legislativa es la aprobación de cuatro reformas parciales a la Constitución Política, lo que representa un volumen inusualmente alto en un solo año.
La primera enmienda, posterior a la entrada en vigor de la nueva Constitución, se aprobó el 16 de mayo y reformó los artículos 23 y 25 para eliminar la doble nacionalidad. La segunda fue el 6 de agosto, cuando la Asamblea Nacional reformó los artículos 132, 159 y 160, creando la Procuraduría General de Justicia, en sustitución de la Procuraduría General de la República y subordinada al Ministerio Público. Según especialistas consultados, esta reforma concentra toda la acción penal en la Presidencia, eliminando el derecho a un juicio justo.
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Posteriormente se aprobó la Ley Orgánica de la PGJ, que entró en vigor el jueves, pese a que su base jurídica —la reforma constitucional correspondiente— aún no tiene validez.
La tercera enmienda fue una reforma al artículo 125 para establecer el doble mando en la Policía. Esta se acompañó de cambios a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), también en vigor sin contar con sustento constitucional.
La cuarta reforma, aprobada el 28 de agosto, establece que los funcionarios públicos pueden perder sus cargos o enfrentar procesos penales en casos de corrupción, algo que, según el especialista, alude a la «corrupción no autorizada» por el régimen de los Ortega Murillo.
¿Para qué sirve mantener la Asamblea?
El especialista consultado señala que, aunque en el sistema de los Ortega Murillo la Asamblea no tiene más funciones que una oficina de propaganda y de ratificación, el interés de la dictadura de preservarla es para dar cierta apariencia de que no existe concentración de poder.
«Perfectamente, el modelo totalitario de los Ortega Murillo podría funcionar sin Asamblea Nacional, sin Consejo Electoral, sin Corte Suprema de Justicia y sin juzgados. No habría ninguna diferencia si desaparecieran, pero los mantienen para salvar la imagen institucional», puntualizó.
