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Mientras avanza el proceso de modernización que empresas chinas realizan en el puerto más importante del país, la dictadura Ortega Murillo reformó la Ley 838, Ley General de Puertos de Nicaragua. La reforma eliminó de la directiva de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) la participación de empresarios y trabajadores, e incluyó a la titular de la recién creada Procuraduría General de Justicia (PGJ), Wendy Morales, quien asumirá la vicepresidencia, cargo que antes ocupaba el titular del MTI.
El ingreso de Morales en este espacio es calificado como un esfuerzo de la pareja dictatorial para incrementar el control en los puertos del país, pero también como una nueva cuota de poder para la funcionaria que muchos consideran una «superministra».
Además, ocurre luego de meses de rumores de supuestos malos manejos del presidente ejecutivo de la EPN, Virgilio Silva, del que incluso reportes periodísticos aseguraron que estaba encarcelado y destituido del cargo, pero hasta ahora esa destitución no se oficializa y la reforma no le resta poder.
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Chinos modernizan el puerto Corinto
Mientras estos cambios ocurren, avanza el proceso de modernización del puerto Corinto, el más grande e importante del país. Según el informe de ejecución del Presupuesto de 2025, entre enero y septiembre se invirtieron 86 millones de córdobas para remplazar las oficinas de administración de aduana.
Además, a través del proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto se ejecutaron 514 millones de córdobas. Entre las obras que se realizaron, el documento detalla la construcción del muelle terminal granelera, la construcción del Centro Logístico San Isidro, mejoraron el muelle-patio de contenedores, construyeron el muelle multipropósito Este y Oeste, y equiparon la terminal de contenedores. En este proyecto todavía están pendientes de concretar algunas obras por un valor de 318 millones de córdobas.
También, el Presupuesto General de la República de 2026 tiene contemplado que la empresa China Iconic Technology Company Limited (ChinaICTC), desembolse 2,653 millones de córdobas, que al cambio oficial equivalen a unos 73 millones de dólares.
Estos recursos son parte del préstamo por 126 millones de dólares que pactaron en julio de este año. El dinero lo usarán para mejorar el Centro Logístico Julia Herrera de Pomares, ubicado en El Realejo, que fortalecerá la capacidad operativa del puerto Corinto. Además, el Presupuesto destinó 816 millones de córdobas provenientes de las rentas del tesoro para seguir mejorando la capacidad del puerto Corinto.
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Reforman Ley General de Puertos
Mientras los chinos siguen desarrollando esas obras, a través de la Ley 1267, Ley de Reforma a la Ley 838, Ley General de Puertos de Nicaragua, que entró en vigencia el 15 de diciembre, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, la directiva de la Empresa Portuaria de Nacional (EPN) que antes tenía 14 miembros ahora sólo tiene seis.
Dicha reforma eliminó la participación de cuatro representantes del sector privado: el presidente de la Asociación Nicaragüense de Agentes Navieros (ANAN); dos representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), vinculados a las actividades portuarias; y del representante de las empresas de estiba, que además debía cumplir el requisito de tener amplio conocimiento y experiencia portuaria.
La directiva de la EPN era uno de los pocos espacios que mantenía, aunque más que todo en el papel, la participación del sector privado en espacios públicos. Estas sillas en puestos directivos se consolidaron durante el periodo en que funcionó el modelo de diálogo-consenso que Daniel Ortega estableció con el gran empresariado del país.
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Procuradora será la segunda al mando en la EPN
Sin embargo, este modelo se rompió tras el estallido de la crisis sociopolítica de 2018. El 6 marzo de 2023 la dictadura le canceló la personería jurídica al Cosep y a todas las cámaras empresariales que lo integraban y les confiscó sus bienes. En los meses siguientes siguió cerrando organizaciones de todo tipo hasta acabar con todo el tendido empresarial del país. Ni siquiera organizaciones con historial sandinista se escaparon a esta medida que afectó a más de cinco mil organizaciones.
En la reforma a la Ley de Puertos también perdieron su espacio de participación el representante de los trabajadores de la EPN, el representante de los Consejo Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, los titulares de los Ministerios de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).
Con la nueva disposición el presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) mantendrá el rango de ministro y seguirá ocupando la presidencia de la directiva de la EPN; y la procuradora general de Justicia, cargo que desempeña Wendy Morales, ocupará la vicepresidencia.
¿Nombran a la procuradora para que evite abusos?
Los tres funcionarios que retuvieron las sillas directivas fueron: el titular del Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI); el jefe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua; y el director general de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Mientras que el nuevo integrante del grupo será el director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).
Para el economista y exreo desterrado, Juan Sebastián Chamorro, la inclusión de Wendy Morales en la directiva de la EPN busca poner control en una de las empresas públicas más rentables del país por el volumen de carga que entra y sale a través de los puertos; y en la que posiblemente los funcionarios han «metido bastante la mano».
«Al presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria le están poniendo en las costillas a la procuradora para que lo tenga a mecate corto», asegura.
