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La recién aprobada Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, provocará consecuencias macroeconómicas y microeconómicas. Con 25 palabras la nueva ley nacionalizó más de 18,000 kilómetros cuadrados del territorio nicaragüense, en los que hay plantaciones de café, naranja y palma africana, granjas acuícolas, pastizales, negocios turísticos, reservas ecológicas, territorios indígenas, casas de habitación y otras propiedades; y es tan escueta, que no le aclara a los afectados si pueden seguir usufructuando esos bienes o si tendrán que pagar una renta al Estado para seguir ocupándolos.
«Las confiscaciones de los años 80 ya son una realidad, ya no hay marco jurídico en lo absoluto que proteja la propiedad privada en Nicaragua, ya sea de nacionales o de extranjeros. Todos estamos completamente a merced de la voluntad de dos personas que definen quién tiene y quién ya no tiene», lamenta un economista que pide omitir su nombre y añade que este es otro paso hacia el desmantelamiento total del marco jurídico que protegía al sector privado.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, economista y exreo político desterrado, asegura que la Ley 1258, no genera riesgo de confiscación, sino que todas las propiedades que están dentro de territorio fronterizo ya pasaron a ser propiedad del Estado de Nicaragua.
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Ley fronteriza nacionalizó 18,000 km
Y es que el artículo 2 de la nueva ley establece que «para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense». Además, el artículo 1 de la mencionada ley, define como territorio fronterizo el «área de territorio nacional, comprendida desde el límite fronterizo convencional hasta los quince kilómetros hacia el interior del territorio nacional».
Chamorro calcula que desde el punto de vista de extensión la nueva ley nacionalizó unos 18,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, una extensión casi del tamaño de El Salvador; y aunque no hace referencia a la frontera marítima, afecta incluso a una pequeña porción de la Península de Cosigüina, ubicada en el Golfo de Fonseca, frontera que se comparte con Honduras y El Salvador. Sin embargo, aclara que en este caso la afectación es menor.
Además, detalla que dentro de los 18,000 kilómetros cuadrados de territorio nacionalizado existe una gran cantidad de propiedades altamente productivas. En la frontera norte las granjas camaroneras al norte de Chinandega, y plantaciones de café en el norte de Nueva Segovia y el valle de Jalapa.
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Afectación territorial en zona fronteriza
En el sur, los naranjales de la familia Pellas que se extienden hasta Costa Rica, extensos pastizales de empresas ganaderas, y plantaciones de palma africana ubicadas cerca de San Carlos, en Río San Juan. Además, en la zona de la frontera sur, en San Juan de Nicaragua, afectaron los territorios indígenas Rama y Kriol.
«Estamos hablando de una afectación geográfica importante, hay pueblos enteros, en la frontera sur San Carlos, Cárdenas, Sapoá y en el lado de la frontera norte, Somotillo, Cinco Pinos, San Pedro y Santo Tomás del Norte, Ocotal, Dipilto, San Fernando, Waspam. Estamos hablando de una serie de propiedades productivas, fincas, viviendas, edificios y otros bienes afectados por esta ley», señala Chamorro.
A criterio de los economistas, hay que esperar el reglamento de la ley para saber si concretan o no la expropiación física de las propiedades afectadas y en el caso de las productivas, si les quitarán o no el usufructo de las inversiones.
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Daño económico por ley fronteriza
«Creo que a algunas propiedades sí les van a echar mano, particularmente en el litoral sur de Rivas entre la bahía de Salinas y el norte, porque hay propiedades valiosísimas, muchas de ellas de extranjeros y de inversionistas… Pero habrá que ver si son capaces de robarse los 18,000 kilómetros cuadrados de territorio», expone Chamorro.
Los especialistas consideran que desde el punto de vista macroeconómico la afectación es grave, porque genera un estado de incertidumbre agudo, ya que la nacionalización de estos territorios es una flagrante violación al derecho de propiedad, que es uno de los que más toman en cuenta los inversionistas al momento de elegir dónde invierten su capital.
Además, desde el punto de vista microeconómico, independientemente de que la expropiación física se concrete o no, la declaratoria de nacionalización de las propiedades «tumba al mínimo su precio» porque quedan inmovilizadas, no se pueden vender, ni usar como garantía
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Afectados no pueden vender ni hipotecar
«Estas propiedades no se pueden vender porque en virtud de la ley 1258 pasaron a ser propiedad del Estado de Nicaragua; y una propiedad que no podés vender, no se puede enajenar. Incluso queda la duda de a quién le pertenece la renta o alquiler, si al dueño que tiene posesión de ella o el Estado de Nicaragua. Lo cierto es que dejaron de tener el valor de antes y ahora tienen uno muy cercano a cero, porque básicamente el valor de una propiedad es lo que te ofrece el mercado y esto va a inmovilizar el mercado en esas zonas», explica Chamorro.
Chamorro añade que ahora el valor residual de estas propiedades es mínimo y eso afecta a los miles de propietarios que perdieron estos activos. Además, desde el punto de vista práctico genera un gran desorden ya que muchas de estas propiedades, especialmente las más productivas, seguramente estaban puestas como garantía ante bancos nacionales o extranjeros, que financiaban estas actividades, y ahora seguramente estas instituciones pedirán otras garantías, porque ante cualquier incumplimiento no podrían ejecutar ninguna acción con las propiedades que ahora pertenecen al Estado de Nicaragua.
De hecho, la ley 749 que solo contemplaba restricciones en 5 kilómetros, ya provocaba problemas para usar estas propiedades como garantías para obtener financiamiento.
«Entonces, aquí también se ve ese efecto microeconómico desde el punto de vista del balance de las empresas, que van a tener que buscar otras garantías. Así que esta ley es bastante lesiva, no sólo a los derechos de propiedad de nicaragüenses y extranjeros que de buena fe compraron propiedades en esas zonas, sino también un efecto macroeconómico bastante significativo», advierte Chamorro.
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En 2010 el Cosep redujo a 5 km la zona afectada
Por su parte, un dirigente empresarial que solicita omitir su nombre, recuerda que desde antes del estallido de la crisis sociopolítica de 2018 el régimen Ortega Murillo ya había intentado declarar zona de seguridad el territorio fronterizo, comprendido entre la frontera y 15 kilómetros al interior del territorio, para que esa área quedara bajo propiedad del Estado.
Pero en las negociaciones con las autoridades, el sector privado consiguió que se redujera a 5 kilómetros la zona fronteriza y que quedara bajo ciertas restricciones que protegían el derecho a la propiedad privada.
«El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) logró negociar dicha franja a 5 kilómetros, estableciéndose que esta quedaría en manos del Estado, pero con restricciones específicas a los derechos de propiedad dentro del territorio fronterizo. Esta disposición fue formalizada en 2010 mediante la Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que incluso hace mención explícita al Cosep en diversas secciones», explica el dirigente empresarial.
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Nueva ley incrementa zona fronteriza
De hecho, la Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que contenía 49 artículos y fue derogada y sustituida por la Ley 1258 que tiene únicamente cuatro artículos, incluía al Cosep entre las instituciones que debían consultarse para delimitar las zonas especiales de desarrollo, de seguridad y protección fronteriza y de coordinación y consulta para su aplicación e implementación.
«La nueva legislación recientemente aprobada, deroga la Ley 749 y amplía la zona de seguridad fronteriza a la totalidad de los 15 kilómetros, abarcando así la totalidad del territorio fronterizo. Esta extensión implica, en la práctica, una confiscación de aproximadamente 10 kilómetros adicionales», dice el dirigente empresarial.
Al dirigente, aunque las confiscaciones arbitrarias por parte del régimen Ortega Murillo no son una novedad —particularmente en contra de opositores o disidentes— le llama la atención que en este caso la medida afecta de forma generalizada a todos los actores económicos presentes en dicha franja, incluidos los adeptos del régimen.
Nueva ley genera incertidumbre a inversionistas
«Cabe señalar que la Ley 749, ahora derogada, ofrecía un marco jurídico más completo y contaba con su respectivo reglamento. La nueva legislación, además de generar incertidumbre para la inversión privada, aún carece de reglamentación, lo que añade un elemento adicional de inseguridad jurídica», asegura el dirigente.
Además, señala que «dada la naturaleza autoritaria del régimen y su propensión a legislar mediante reglamentos discrecionales, es necesario esperar la publicación de dicho reglamento para analizar el tratamiento que se dará a las distintas áreas afectadas, que si bien ahora quedan en dominio del Estado, actualmente están en manos de actores privados».
Finalmente advierte que «la falta de institucionalidad y el uso discrecional del poder Legislativo (llamado ahora órgano legislativo), hacen que incluso las disposiciones legales formales tengan un valor relativo, ya que en la práctica el régimen actúa con plena arbitrariedad, al margen del marco jurídico establecido».
