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Tres días después de la captura del empresario Álvaro Baltodano Monroy, fuentes del sector eléctrico confirmaron que la dictadura Ortega Murillo le canceló la concesión de la Geotérmica Momotombo a la empresa guatemalteca-mexicana-nicaragüense, que la operaba y de la que Baltodano Monroy es accionista y representante. La decisión no sorprendió porque la confiscación de bienes es parte del castigo que le imponen a los presos políticos. Sin embargo, eleva el nivel de la escalada represiva, ya que el capital de esta inversión es mayoritariamente guatemalteco.
Hasta ahora el encarcelamiento de Baltodano Monroy no es oficial, por lo que se desconoce de qué lo acusan, tampoco la cancelación de la concesión, pero a criterio de dirigentes empresariales demostraría que la dictadura Ortega Murillo pasó a la fase final de desmantelamiento del sector privado, donde ya no importa si la inversión en nacional o extranjera.
Baltodano Monroy es hijo del general en retiro, Álvaro Baltodano Cantarero, eterno operador político y económico y exfuncionario del régimen de Daniel Ortega. El militar en retiro está encarcelado desde mayo pasado bajo la acusación de «traición a la patria», delito por el que lo condenaron a veinte años de cárcel y le confiscaron sus bienes.
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Concesión de la Geotérmica vencía en 2029
Según información divulgada en el sitio web de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), el campo Geotérmica Momotombo es propiedad del Estado de Nicaragua, pero administrado por el sector privado mediante concesión. La investigación geotérmica inició en 1966 y en 1974, durante la dictadura de Anastasio Somoza perforaron el primer pozo profundo, pero la planta inició operaciones hasta en 1983. Actualmente tiene una capacidad instalada de 77 megavatios de energía, pero sólo genera entre 20 y 25 megavatios.
En 2014 la Asamblea Nacional aprobó una reforma a Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos obliga a las empresas privadas a trabajar en sociedad con el Estado y desde entonces, «la planta y el Campo Geotérmico Momotombo son administrados por el consorcio privado Momotombo Power Company (MPC), que tiene un contrato de asociación en participación con la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), por un período de 15 años (2014 – 2029)», dice la información publicada en el sitio web de Enel.
Eso significa que de oficializarse la cancelación de la concesión, se concretaría cuatro años antes de la fecha prevista. Sin embargo, según fuentes vinculadas al sector energético que prefieren el anonimato por temor a represalias, recuerdan que no sería la primera vez que el régimen Ortega Murillo cancela antes del plazo fijado, la concesión de esta planta.
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Geotérmica se maneja a medias con el Estado
En 2014, cuando aprobaron la reforma a la ley que obliga a trabajar en sociedad con Enel, el régimen Ortega Murillo le quitó esta misma concesión, un año antes de concluir el plazo, a la empresa israelita subsidiaria de Ormat Holding Corp. para entregársela al consorcio privado formado por el Grupo guatemalteco Paiz Andrade, inversionistas mexicanos, parientes de los Baltodano y el general en retiro y su hijo Álvaro.
En ese momento, a través de un comunicado la israelí Ormat Holding Corp, confirmó la venta por 7.5 millones de dólares, de su participación en el consorcio Momotombo Power Company (MPC), que es el operador de la planta de energía Geotérmica Momotombo. Según el comunicado una empresa privada compró la participación y el negocio se concretó un año antes del vencimiento de la concesión que ellos habían adquirido en 1999.
En ese momento la planta generaba 22 megavatios de energía y se los vendía a las distribuidoras Disnorte y Dissur, bajo un contrato de 15 años. «La contraprestación de 7.5 millones representa un pago anticipado del EBITDA esperado de la planta hasta la fecha de vencimiento del contrato», dijo la empresa a través del comunicado. Además, explicó que era improbable que les prorrogaran la concesión por lo que decidieron concretar la venta anticipada de su participación en el consorcio MPC.
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Prometieron explotar potencial
Al momento de la compra los nuevos concesionarios aseguraron que la planta tenía potencial de generar hasta 75 megavatios y la recibieron produciendo menos de 20 megavatios. Se comprometieron a invertir en infraestructura para aprovechar todo el potencial y la capacidad instalada. Pero según Enel a la fecha sigue generando entre 20 y 22 megavatios, por lo que empresarios del sector consideran que el régimen puede sustentar la suspensión de la concesión en la falta de cumplimiento de los compromisos.
Sin embargo, dirigentes empresariales que solicitan anonimato consideran que de concretarse la suspensión de la concesión, conformaría que el país entró en la última fase del proceso que desarrollaron en los últimos años para desmantelar al sector privado, en el que ya no existe ningún espacio de protección para las empresas privadas que todavía quedan en el país.
«Ya no existe ningún marco legal que las proteja, eso lo garantizaron con los cambios constitucionales que aprobaron y con todas las leyes económicas y financieras que han aprobado. Ahora es decisión de la pareja dictatorial quien puede seguir operando, bajo qué condiciones y por el tiempo que ellos decidan», señala uno de los dirigentes.
No importa si es inversión nacional o extranjera
Además, consideran que ya no hay diferencia entre si la inversión en nacional o extranjera, o si sos cercano o no a ellos. «Te van a quitar tu empresa cuando quieran, sin importar la excusa que usen y en este caso hay inversionistas extranjeros involucrados».
Los dirigentes consideran que es totalmente racional la decisión del Departamento de Comercio de excluir a Nicaragua del evento de atracción de inversiones para Centroamérica que realizará en octubre, porque el mensaje de no invertir en Nicaragua queda claro para los inversionistas americanos.
«Este es un proceso que no tiene retroceso, mientras los Ortega Murillo estén en el poder no hay nadie a salvo en Nicaragua, ni política ni económicamente… Volvimos a la época de las confiscaciones. Habrá que ver qué dicen ahora los organismos internacionales y cómo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias calificadoras de riesgo ahora van a buscar cómo hacerse de la vista gorda ante este tipo de hechos», dice un dirigente empresarial.
